Durante la discusión en la Asamblea de Madrid, surgió un intenso intercambio entre los principales partidos en torno a la política migratoria y el enfoque del Gobierno nacional sobre la regularización de inmigrantes. Según informó la agencia Europa Press, mientras las formaciones de izquierda defendían la regularización extraordinaria, PP y Vox manifestaron un rechazo conjunto e insistieron en que la medida equivale a premiar a quienes, de acuerdo a su planteamiento, no cumplen la normativa legal.
Tal como consignó Europa Press, la disputa se produjo en el contexto de un debate parlamentario en torno a una Proposición No de Ley (PNL) impulsada por Vox, cuyo contenido instaba al Gobierno español a desestimar la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas en situación irregular. El texto de Vox incorporaba, además, la consigna de repatriar a quienes hubiesen ingresado ilegalmente al país y de proceder a la expulsión de aquellos inmigrantes, legales o irregulares, que incurran en delitos graves o que reincidan en faltas leves.
El Partido Popular presentó una enmienda a la PNL de Vox, reescribiendo la proposición con énfasis en el fin de lo que denominan «políticas de efecto llamada». El PP propuso impulsar reformas legales para impedir la comisión de fraudes en los procesos de regularización. No obstante, Vox no respaldó la enmienda, lo que impidió que la proposición prosperara.
Durante el debate, Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox, dirigió sus críticas directamente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que tildó de «traidor y corrupto». Desde su postura, estableció una división entre las élites políticas que, según lo planteado por Vox, actúan desconectadas del interés nacional y la población que percibe una pérdida de control sobre el país. Pérez Moñino cuestionó el impacto de la regularización extraordinaria en el acceso a la vivienda para familias jóvenes en barrios como Tetuán, Usera o Villaverde. Interrogó de forma retórica sobre cómo la presencia de miles de nuevos competidores en el mercado de vivienda podría afectar a jóvenes españoles, e hizo referencia a un “atropello de libertades” derivado de la medida.
Por parte del PP, Rafael Núñez Huesca se expresó en términos contundentes sobre la regularización de 500.000 personas en situación irregular. El diputado popular calificó la propuesta de “cortina de humo” por parte del PSOE, sugiriendo que servía para desviar la atención tras un accidente ferroviario de graves consecuencias. Núñez Huesca argumentó que la regularización extraordinaria generaría un trato desigual respecto a quienes sí han cumplido los procedimientos legales de entrada y residencia, lo que consideró injusto. Asimismo, tachó la medida de irresponsable tanto desde la perspectiva presupuestaria como en lo relativo a competencias estatales, recogió Europa Press.
El debate incluyó la postura de los partidos progresistas, que reivindicaron la regularización y criticaron los argumentos desplegados por PP y Vox. Desde el PSOE, el diputado Juanjo Marcado afirmó que el Partido Popular habría asumido el discurso de Vox en su intento de marcar distancia respecto al Gobierno. Marcado calificó el intercambio político como una competencia para ver «quién es más radical», basada en lo que definió como «mentiras y patrañas», además de señalar la propagación de propaganda que, según su acusación, criminaliza a los inmigrantes mediante la asociación de nacionalidad, lugar de nacimiento o acento con delincuencia o motivo de vergüenza. El representante del PSOE recordó además la regularización aprobada durante el mandato de José María Aznar e interpeló a Vox sobre si pretendía publicar la nacionalidad de cargos elegidos, refiriéndose directamente al caso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), bajo investigación por acoso laboral y sexual, tal como recogió Europa Press.
En la intervención de Más Madrid, Diana Paredes ironizó con cuestiones planteadas por portavoces de Vox en el Ayuntamiento, en particular la llamada “teoría del reemplazo”, comentando que el relevo dentro del grupo municipal de Vox se había producido por una compañera y no por una persona inmigrante. Paredes compartió también su experiencia familiar, explicando que su familia se vio beneficiada por una de las primeras regularizaciones en España, hecho al que atribuyó la posibilidad de acceder a derechos y oportunidades. La diputada de Más Madrid expresó su compromiso de trabajar para que todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento, tengan acceso a los mismos derechos.
A lo largo de la sesión, tanto el tono del debate como los argumentos expuestos reflejaron la profundidad de las diferencias entre los partidos en relación con las políticas migratorias, la gestión de la regularización y el papel del Gobierno central en este tipo de decisiones. Según detalló Europa Press, la disputa parlamentaria mostró no solo las divergencias en torno al tratamiento jurídico y social de la inmigración, sino también la utilización del tema como eje de confrontación política entre las distintas fuerzas representadas en la Asamblea de Madrid.