El tribunal revocó el levantamiento de las medidas cautelares y dispuso que continúe la investigación por presunta administración fraudulenta y manejo irregular de fondos.
En una resolución de alto impacto institucional, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal revocó este viernes la decisión que había restituido al directorio de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA). Con este fallo, el tribunal ordenó el restablecimiento inmediato de las medidas cautelares y la continuidad de la investigación por presunta administración fraudulenta.
La decisión, adoptada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico —con la disidencia de Eduardo Farah—, hizo lugar a la apelación de la querella y dejó sin efecto lo dispuesto por el juez de primera instancia, quien previamente había levantado las restricciones vigentes sobre la entidad.
Fundamentos del fallo: riesgo procesal y falta de pruebas
La mayoría del tribunal consideró que los argumentos sobre una supuesta mejora financiera durante la gestión del directorio no son suficientes para anular el fundamento penal de las cautelares. Entre los puntos destacados por la Cámara se encuentran:
- Persistencia de la hipótesis delictiva: El «peligro en la demora» debe evaluarse en función de la investigación sobre irregularidades en contrataciones y manejo de fondos, no solo bajo criterios económicos.
- Parálisis de la instrucción: Los jueces advirtieron que durante más de un año la causa se centró en nulidades y recusaciones sin producir medidas de prueba sustanciales que modifiquen la sospecha original.
- Necesidad de diligencias básicas: El fallo remarca la urgencia de certificar causas conexas y verificar la vigencia de decisiones administrativas, como el Decreto 720/2024, antes de cualquier definición de fondo.
Por su parte, el juez Farah votó en disidencia al considerar que la inactividad del expediente desvirtuaba la urgencia de las medidas.
La postura de la UATRE ante el escenario judicial
Tras conocerse la sentencia, el secretario general de la UATRE, José Voytenco, difundió un comunicado interno para llevar tranquilidad a los trabajadores. En el texto, se afirma que la resolución debe ser instrumentada por el juez de la causa para determinar su alcance y que, mientras tanto, la situación institucional no registra cambios formales.
Voytenco, quien además integra el Consejo Directivo de la CGT desde noviembre de 2025, instó a las delegaciones de todo el país a mantener la operatividad. Desde el gremio aseguraron que la prioridad absoluta es resguardar el derecho a la salud de los afiliados frente a la «delicada situación prestacional heredada».
