El caso sobre las acusaciones de difamación hacia André Ventura permanecerá en manos de un juez de instrucción de Santa Maria da Feira, dentro de un contexto judicial donde Joaquim Pinto Moreira sostiene que existió una campaña de desprestigio en su contra, luego de ser vinculado a un esquema de sobornos relacionados con obras públicas. Según informó Europa Press, este proceso judicial se desarrolla tras la aprobación del levantamiento de la inmunidad parlamentaria del líder de Chega, André Ventura, decisión adoptada por el Parlamento portugués este viernes luego de la demanda presentada por el exdiputado del Partido Social Demócrata (PSD).
La resolución se produjo después de que la comisión de Transparencia diera su dictamen favorable, permitiendo que Ventura pueda ser investigado por la justicia ordinaria. Tal como publicó Europa Press, Joaquim Pinto Moreira, también exalcalde de Espinho, acusó a Ventura de haber actuado “con malicia” y de buscar dañar su honor mediante declaraciones públicas. Por su parte, las acusaciones de Ventura hacia Moreira ocurrieron durante una entrevista en marzo de 2025, cuando señaló al exdiputado de haber recibido dinero y sobornos en el marco de contratos públicos, algo que Moreira niega tajantemente.
Según consignó Europa Press, la demanda presentada contra Ventura se fundamenta en la afirmación de Moreira de que las declaraciones del líder ultraderechista perseguían un objetivo de descrédito personal y profesional hacia él. El Parlamento portugués, al dar luz verde al levantamiento de la inmunidad, habilitó que el caso pase a la jurisdicción de un juez instructor, cuando el proceso todavía no cuenta con veredicto ni resolución definitiva.
El medio Europa Press reportó que no es la primera vez que Ventura se enfrenta a la retirada de su inmunidad en la Asamblea. En 2021, el dirigente ya había sido condenado por delitos contra el honor al mostrar durante un debate televisivo una fotografía de varios vecinos del barrio de Jamaica, situado a 25 kilómetros de Lisboa, a quienes calificó de “bandidos” en el contexto de la campaña electoral para las presidenciales de ese año.
El trasfondo de esta pugna judicial involucra también la situación procesal de Moreira, que figura como acusado en la denominada operación Vórtex. Dicho caso, tal como detalló Europa Press, involucra una presunta red de corrupción asociada a proyectos inmobiliarios y licencias en el Ayuntamiento de Espinho. Moreira enfrenta dos cargos de corrupción pasiva agravada, uno de tráfico de influencias y otro más por violación de la normativa de planificación urbana.
El Ministerio Público, según informó el medio, propone penas que oscilan entre cinco y nueve años de prisión tanto para Moreira como para el también exalcalde de Espinho, Miguel Reis, junto con otros implicados en la causa. El proceso judicial que aborda el caso Vórtex comenzó en septiembre de 2024 y cuenta con varios políticos bajo investigación y juicio.
