El cierre de filas de Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en torno a la posición de Kuwait ha reforzado el foco sobre la reciente presentación por parte de Irak de nuevas coordenadas marítimas ante la Organización de las Naciones Unidas, una acción que ha encendido las tensiones diplomáticas en el golfo Pérsico. Según informó Europa Press, el Ministerio de Exteriores iraquí oficializó la entrega de la documentación en la que detalla la delimitación del mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental iraquí, proceso realizado conforme a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982. Esta disputa ha reavivado desacuerdos persistentes respecto a la soberanía y los límites marítimos entre Bagdad y el emirato, dado que las áreas incluidas por Irak en su reclamación corresponden a zonas que Kuwait considera bajo su jurisdicción indiscutible.
Europa Press consignó que tras la comunicación de Irak a Naciones Unidas, el Ministerio de Exteriores kuwaití denunció en redes sociales la inclusión, por parte de Bagdad, de territorios sobre los cuales “nunca ha existido controversia alguna respecto a la plena soberanía del Estado de Kuwait”. En su respuesta, Kuwait convocó al encargado de negocios de la Embajada iraquí, Zaid Abás, y solicitó a las autoridades iraquíes que tuvieran en cuenta las relaciones entre ambos países, actuando conforme a los acuerdos bilaterales y los principios internacionales reconocidos, especialmente los contenidos en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
Bagdad, por su parte, ha sostenido que la demarcación presentada ante Naciones Unidas sigue la legislación nacional iraquí y resoluciones previas relacionadas con su jurisdicción marítima, subrayando que el establecimiento de estas áreas es una decisión soberana sobre la cual ningún otro Estado puede intervenir. “Irak subraya que la determinación de sus zonas marítimas (…) constituye un asunto soberano en el que ningún Estado tiene derecho a intervenir”, indicó el comunicado recogido por Europa Press, donde la diplomacia iraquí defendió la legalidad del proceso seguido.
La reacción de los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ha sido uniforme en su respaldo a Kuwait. El Ministerio de Exteriores saudí advirtió sobre “intrusiones que abarcan amplias zonas sumergidas adyacentes a la zona marítima saudí-kuwaití”, y reiteró que comparte la titularidad de los recursos naturales de la zona con Kuwait. Arabia Saudí rechazó de manera tajante cualquier intento externo de reclamar derechos sobre la región sumergida delimitada por la frontera entre ambos países. Además, remarcó la importancia del respeto a las resoluciones internacionales, en particular la Resolución 833 del Consejo de Seguridad de la ONU, que dictaminó los límites fronterizos tras el conflicto de la Guerra del Golfo en 1991.
En la misma línea, Emiratos Árabes Unidos manifestó su “solidaridad” con Kuwait y denunció a través de un comunicado la lista de coordenadas entregada por Irak a Naciones Unidas, enfatizando la soberanía kuwaití sobre las áreas marítimas objeto de controversia, identificadas como Fasht al Qaid y Fasht al Aij. Qatar y Emiratos Árabes Unidos expresaron su respaldo a la posición kuwaití a través de comunicados que reproducen argumentos y preocupaciones similares respecto a la integridad territorial y el control sobre las zonas disputadas.
Bahréin expresó igualmente su “categórico rechazo a cualquier reclamación de soberanía de otras partes sobre ellas”, replicando las advertencias emitidas por sus aliados del Golfo. La nota bahreiní reiteró la defensa de las fronteras establecidas y la soberanía de Kuwait sobre las zonas en cuestión.
Omán no publicó una declaración conjunta con el resto de los países del CCG, pero según reportó Europa Press, el titular de Exteriores omaní, Badr al Busaini, entabló una conversación telefónica con su homólogo iraquí, Fuad Huseín, quien reiteró la postura de su país señalando que Kuwait había entregado su propia delimitación marítima ante Naciones Unidas en 2014 sin consultar a Irak. El Ministerio iraquí divulgó detalles de esta comunicación, aunque Omán no replicó públicamente el contenido de la conversación ni publicó una declaración institucional sobre la disputa actual.
El intercambio de acusaciones y las actitudes adoptadas reflejan la sensibilidad de la región respecto a los límites marítimos, en particular por el impacto que tienen sobre el acceso a recursos naturales y la seguridad estratégica en el golfo Pérsico. Las diferencias sobre Fasht al Qaid y Fasht al Aij han situado en primer plano viejas tensiones respecto a la interpretación y aplicación de resoluciones y acuerdos previos, cuya validez y alcance es objeto de disputas recurrentes.
Europa Press detalló que las implicaciones de este nuevo conflicto superan el ámbito de las relaciones bilaterales y afectan a la estabilidad regional, debido a que Kuwait considera que los límites que defiende gozan de reconocimiento internacional y respaldo jurídico sólido. Las autoridades iraquíes, en cambio, se remiten a una interpretación propia de la normativa internacional y a derechos que aseguran estar asentados en su legislación.
La Resolución 833 del Consejo de Seguridad, citada por las cancillerías del Golfo, estableció las fronteras definitivas tras la retirada de las tropas iraquíes de Kuwait y el desenlace de la Guerra del Golfo, marcando una referencia clave invocada por los países que ahora manifiestan su apoyo al emirato. Este respaldo diplomático refuerza la posición de Kuwait frente a los reclamos iraquíes, mientras ambos gobiernos insisten en que sus acciones responden al cumplimiento de la legalidad internacional y de los compromisos asumidos previamente.
En este contexto, la controversia por la delimitación marítima entre Irak y Kuwait se enmarca en una historia de desencuentros vinculados con la interpretación de pactos y normas internacionales, en la que actores regionales e instituciones multilaterales desempeñan roles clave en la búsqueda de una resolución. Según Europa Press, la expectativa de ambos Estados pasa por que la situación se dirima mediante los canales diplomáticos y conforme a los procedimientos establecidos por la ONU y la Convención sobre el Derecho del Mar de 1982.
