De las 15.000 quejas anuales interpuestas contra jueces en España, menos del 0,19% acaba en sanciones por comportamientos considerados irregulares fuera del ejercicio jurisdiccional, una proporción que ha sido objeto de críticas por parte del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Según informó el medio citado, Bolaños atribuye este bajo porcentaje a un fenómeno que define como “corporativismo malentendido” dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano responsable de tramitar estas denuncias y de decidir sobre posibles expedientes sancionadores.
Durante un coloquio celebrado en la Forbes House de Madrid, en el marco de la presentación del libro ‘Sobre el imperio de la ley’ (Galaxia Gutemberg) del abogado Javier Cremades, Bolaños expuso su preocupación ante la imagen que esta cifra proyecta sobre el sistema judicial español. El ministro señaló que, aunque considera que la parte jurisdiccional del sistema judicial funciona correctamente y que respeta el Estado de derecho, hay actuaciones y decisiones de jueces y magistrados que se han presentado ante el CGPJ por apartarse de su función jurisdiccional, pero que rara vez concluyen en sanciones.
Tal como publicó el medio, Bolaños explicó que las denuncias relativas a actividades ajenas al ejercicio jurisdiccional en muchas ocasiones terminan siendo archivadas, tanto por el propio CGPJ como por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. El ministro expresó su opinión sobre la actuación del promotor de la acción disciplinaria del CGPJ, asegurando que “en ocasiones, actúa con un corporativismo malentendido”, lo que, a su juicio, perjudica la percepción social sobre la justicia.
Según detalló el ministro, la función principal del CGPJ debería ser la de mantener el buen nombre de la justicia. Bolaños afirmó que “no se protege el buen nombre de la justicia cuando se protege a un juez que ha cometido una irregularidad”. De acuerdo con la publicación, insistió en que el actual enfoque corporativo del órgano, en lugar de reforzar la confianza pública, “hace daño al buen nombre de la justicia en nuestro país”.
En su intervención, Félix Bolaños recordó que ni el Gobierno ni el poder legislativo imponen sanciones a los jueces, sino que estas competencias corresponden al propio CGPJ, “el órgano de gobierno de los jueces”, según sus palabras. El medio señaló que el ministro consideró que desde el órgano de gobierno de los jueces debería abordarse el análisis de los expedientes disciplinarios “desde la perspectiva de la protección del buen nombre y la reputación de los jueces y magistrados de nuestro país y del poder judicial en su conjunto”.
El evento, desarrollado a propósito del reciente trabajo de Javier Cremades, sirvió de marco para la reflexión sobre el funcionamiento interno de las instituciones judiciales y sus mecanismos de control y disciplina. Bolaños destacó los riesgos de que el corporativismo interno derive en una protección excesiva frente a las denuncias, lo que reduce notablemente el número de expedientes sancionatorios abiertos a partir de las miles de quejas recibidas anualmente.
A lo largo de su intervención, el ministro insistió en diferenciar las resoluciones emanadas del trabajo jurisdiccional, que asoció al respeto al Estado de derecho, de aquellas conductas ajenas a la función judicial estricta. Según apuntó el medio, Bolaños subrayó la necesidad de reforzar la transparencia y el control interno sobre los miembros de la judicatura para evitar situaciones que puedan restar legitimidad al sistema. Además, defendió que la gestión de los expedientes disciplinarios debería considerar la importancia de la imagen pública y la confianza en el sistema judicial.
De acuerdo con el medio, este análisis sobre la gestión de sanciones en el ámbito judicial español añade un elemento al debate sobre la independencia, la transparencia y el control del poder judicial en España, aspectos que han estado presentes en la agenda pública y entre los principales temas de discusión político-social en los últimos años.
