El presidente Javier Milei avanza raudamente con su agenda de reformas estructurales y sus inocultables pretensiones hegemónicas en ese gran yermo en que se ha convertido el sistema político argentino, un artefacto que perimido y en ruinas en el que los pocos actores que resisten en esta suerte de escenario posapocalíptico oscilan entre la intrascendencia y la resignación.
Un proyecto que no hace tanto parecía naufragar hoy encuentra un terreno fértil para el despliegue de ambiciones hegemónicas y visiones totalizantes. ¿Qué pasó en apenas tan pocos meses? ¿Cómo fue posible un cambio tan radical desde el abismo de septiembre del año pasado al escenario de marzo de este año?
Indudablemente la decidida intervención del gobierno de Trump y su impacto en la contundente victoria en las elecciones de medio término fueron factores decisivos no solo para garantizar un piso de gobernabilidad, sino para lograr estabilizar la macroeconomía y contener la inflación de la mano de una estabilidad cambiaria, una disciplina fiscal y una buena performance financiera que, aún ante las penurias de la economía real, proyecta una imagen de aparente tranquilidad.
Sin embargo, probablemente el factor más decisivo para explicar esta inédita fortaleza de la que goza el gobierno de Milei sea la absoluta falta de competencia y contrapeso político ante la tan profunda como inédita crisis de la oposición. Una situación que, debe decirse, no fue meramente una consecuencia espontánea del triunfo libertario sino un proceso de descomposición que si bien ya venía registrándose incluso desde antes de que Milei llegara al sillón de Rivadavia, la propia estrategia oficialista logró exitosamente acelerar y profundizar.
Lo ocurrido durante las ya clausuradas sesiones extraordinarias del Congreso es una evidencia palmaria de ello. Fortalecido por un resultado electoral que dotó de mayor volumen y musculatura política a los bloques parlamentarios, y estrenando una estrategia más pragmática y negociadora, pero ante todo ayudado por la profunda crisis de una oposición que oscila entre la resignación y la integración a las filas del oficialismo, el Gobierno consiguió una sucesión de triunfos contundentes. No solo consiguió aprobar su primer Presupuesto, sino que logró sancionar leyes que abordan temas hasta hace muy poco considerados tabú como el de baja de imputabilidad, modificar leyes que habían tenido en su momento amplio consenso como la de glaciares, o convertirse en el primer gobierno no peronista en conseguir avanzar con una transformación profunda de la legislación laboral.
Un avance en el Congreso que, por cierto, hubiese sido mucho más difícil sin la ayuda de un puñado de gobernadores peronistas o históricamente muy cercanos a ese espacio que en lugar de canalizar sus diferencias con la actual conducción a través de un posicionamiento antagónico interno optaron por acercarse cada vez más a Milei, como en los casos de Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Lo cierto es que en este escenario y en este contexto el oficialismo viene alcanzando sus objetivos políticos, y apuntalando su gobernabilidad, casi sin obstáculos ni resistencias, salvo las que derivan de sus propios errores, desmesuras y, las internas libertarias que se multiplican por doquier y son ya casi un sello identitario del modus operandi de la política oficialista.
Así las cosas, el Presidente enfrentará una nueva apertura de las sesiones ordinarias del Congreso con el trofeo de la reforma laboral como primer puntapié de la pretendida agenda de reformas estructurales tendientes a desmontar los resortes políticos y económicos del viejo orden y acelerar en la construcción de los pilares sobre los que se imagina edificando una nueva hegemonía no solo política sino también cultural.
Sin embargo, la realidad no siempre se ajusta a los deseos, ni aún a aquellos de los más poderosos, y mientras consigue éxitos en lo político y en el campo de la batalla cultural, la economía multiplica los interrogantes e incertidumbres al calor de una estrategia que sigue aferrándose a una política antiinflacionaria que, al basarse en el ancla cambiaria y la restricción monetaria, conspira contra la recuperación de la actividad, el empleo, el consumo, el crédito y el salario.
Una situación que en un escenario de dominio de la agenda política, tranquilidad macroeconómica, y poca conflictividad social no parece generar un impacto inmediato, pero erosiona por goteo el entramado productivo -incluso el de sectores que se supone deberían ser potencialmente competitivos y rentables bajo este modelo-, con consecuencias sociales que más temprano que tarde habrán de canalizarse y generar una fuerte presión.
