“Nuestros hijos aprenden a su ritmo. ¿Cómo van a ponerlos en un aula a ver con sus pares Trigo, Física, Química?(…) Ahorita hay una docente sin trabajo por culpa de apoyarnos a nosotros en este tema de las aulas. Y no es justo que nos desmientan así”, expuso con voz temblorosa una madre invitada al Concejo de Bogotá, que dio inicio a una de las sesiones más tensas sobre el futuro educativo de los estudiantes con discapacidad en la ciudad.
Durante el debate, la preocupación por el cierre progresivo de las aulas especiales en el sistema distrital dominó la agenda. Los concejales de las bancadas citantes señalaron que Bogotá atiende actualmente a 23.233 estudiantes con discapacidad, quienes enfrentan un proceso de transición desde aulas especializadas hacia entornos inclusivos regulares.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel
Dicha política, impulsada por la Secretaría de Educación, generó inquietud tanto en familias como en docentes, quienes advierten sobre afectaciones emocionales y pedagógicas para los menores.
La bancada de Alianza Verde pidió al distrito reconsiderar la estrategia, proponiendo modelos híbridos que mantengan apoyos especializados para quienes los requieran. “La transición ha generado inquietudes en familias y docentes por afectaciones emocionales y pedagógicas”, advirtieron, insistiendo en que la inclusión debe adaptarse a las necesidades individuales y no suprimir los recursos específicos de apoyo.
Por su parte, Colombia Humana cuestionó la eliminación progresiva de las aulas especializadas. Desde esta bancada se insistió en que el enfoque diferencial debe mantenerse cuando la condición pedagógica de los niños lo exija, garantizando atención adecuada y evitando la estandarización de los procesos de inclusión.
La concejala Quena Ribadeneira lamentó el testimonio de la madre en el Concejo y cuestionó la supuesta “burla y ceguera” de la administración frente al cierre de las aulas de apoyo. “La imposición de la alcaldía de Carlos Fernando Galán no es un ajuste técnico: es el desmonte silencioso de una política social que protegía a quienes más lo necesitan. Sin aulas de apoyo aumentará la deserción, el bullying y la exclusión. Eso no es inclusión, es abandono institucional”, denunció Ribadeneira.
Por su parte, el concejal José Cuesta expuso: “De 23.000 estudiantes en situación de discapacidad, existentes en Bogotá, solo el 1% son atendidas en Aulas de Apoyo Pedagógico. Esta realidad viola la sentencia T-532 de 2020, porque la Secretaría de Educación no acata su contenido. El desmonte de las Aulas de Apoyo Pedagógico condena al horror del bullying a esta población”.
En Marcha subrayó que el modelo de inclusión solo será exitoso si antes se garantiza una condición real de acompañamiento en aula y capacidades institucionales sólidas. “La inclusión debe garantizar condiciones reales de acompañamiento en aula y capacidades institucionales suficientes antes de ampliar el modelo”, manifestaron sus voceros.
Como respuesta, la Secretaría de Educación informó que la transición es gradual y parte de valoraciones individuales. Según datos oficiales, cerca de 150 estudiantes han hecho el tránsito desde aulas de apoyo, de un total de 1.600, y aseguraron que el modelo no implica la eliminación de apoyos pedagógicos cuando son requeridos.
La entidad reiteró su compromiso con la permanencia educativa y la atención diferencial, aunque reconoció el desafío de garantizar acompañamiento efectivo en todos los entornos.
La discusión también abordó la preocupación por la pérdida sostenida de matrícula en el sistema distrital, estimada entre 20.000 y 25.000 estudiantes por año, y la sobrecarga de funciones para los orientadores escolares. Actualmente, 458 orientadores asumen tareas adicionales, y se reportan 144 incapacidades por salud mental.
La secretaría informó que la planta se ha fortalecido con 277 nuevos orientadores, manteniendo una relación aproximada de 1 por cada 3.000 estudiantes, y destacó que la percepción negativa del clima escolar disminuyó del 30% al 26% entre 2023 y 2025.
En lo referente al acceso a la educación superior, el concejal Óscar Bastidas alertó que el 47,8% de bachilleres no accede a este nivel, reclamando mayor claridad sobre las becas destinadas a población étnica y vulnerable. La Agencia Atena reportó que en 2024 el tránsito inmediato alcanzó el 54% (39.000 jóvenes), con 20.700 becas otorgadas, el 84% para población vulnerable, y 1.095 estudiantes en el programa Universidad en tu Colegio.
El deterioro en los entornos escolares también fue tema central. La bancada Colombia Justa Libres advirtió sobre el incremento en el consumo de sustancias psicoactivas, reportando más de 1.400 casos adicionales en un año y un aumento en situaciones de violencia. Se solicitó mayor articulación entre educación, seguridad, alcaldías locales y familias para la prevención y atención de riesgos en colegios distritales.
El debate en el Concejo de Bogotá puso en evidencia la tensión entre el avance de la educación inclusiva y la demanda de muchos padres y expertos por mantener apoyos especializados. La voz de las familias, junto a datos de deserción y dificultades en el clima escolar, subraya la necesidad de revisar las políticas implementadas para garantizar una educación realmente digna, empática y adaptada a las necesidades de los niños y jóvenes con discapacidad en la capital.
“Pedirles que ya no sean tan indolentes y no se rían más de nosotros, porque si ustedes están así, pues nosotros vamos a seguir. ¿Hasta dónde? No sé hasta donde nos dé, las fuerzas nos den. Hay una mamá fuera en crisis”, concluyó la madre invitada al Concejo.
