El Concejo Municipal de Phoenix, aprobó este miércoles 25 de marzo la Iniciativa de Transparencia Comunitaria (CTI) tras meses de reclamos por el caos generado por las agencias federales en la región. La medida establece un sistema de supervisión local que restringe el uso de edificios o predios municipales como zonas de detención sin autorización previa. La ciudad busca frenar el clima de temor que ha paralizado a miles de familias trabajadoras en Arizona.
Votación de la Iniciativa de Transparencia Comunitaria en Phoenix
La medida aprobada con una mayoría de 8-1 establece un sistema de supervisión local sin precedentes sobre las actividades del ICE. Según KTAR News, la alcaldesa Kate Gallego abrió la sesión con una fuerte condena a los procedimientos migratorios.
“Todos somos conscientes de los muchos abusos a los derechos civiles y la flagrante actividad ilegal que demasiados han experimentado a manos del ICE; es antiamericano y es vergonzoso”, sentenció la mandataria.
Por su parte, la concejala Betty Guardado, impulsora de la moción, reiteró que la seguridad pública se ve comprometida cuando los vecinos tienen miedo de pedir ayuda o entrar a oficinas de gobierno.
Un día antes de la votación, publicó un video en su cuenta de Facebook donde advirtió: “La gente tiene miedo; tiene miedo de reportar crímenes, tiene miedo de pedir ayuda y de caminar hacia los edificios de la ciudad que se supone deben servir a nuestra comunidad. Cuando el temor cambia así a una sociedad, nuestra ciudad entera se vuelve menos segura”.
Restricciones al ICE y protección de derechos civiles
De acuerdo con el medio citado, la CTI implementa acciones concretas para que los oficiales de migración rindan cuentas ante la autoridad local.
Entre los puntos más destacados, se prohíbe que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilice propiedades de la ciudad como puntos de concentración para operativos si no cuentan con un permiso previo.
Además, se establece la creación de un portal de denuncias multilingüe donde los residentes podrán reportar presuntas violaciones a sus garantías individuales:
- Capacitación obligatoria: todos los empleados municipales recibirán formación sobre protocolos de órdenes judiciales.
- Recursos informativos: se expandirán las herramientas de “Conoce tus derechos” para toda la comunidad.
- Exenciones: los aeropuertos de la ciudad y los tribunales municipales quedaron fuera del alcance de esta iniciativa.
- Sesiones de control: el Concejo acordó realizar reuniones trimestrales con las partes interesadas.
Annette Musa, en representación de la Cámara de Comercio Hispana de Arizona, advirtió durante la audiencia que el exceso de poder gubernamental suele escalar si no se controla.
Por otro lado, Francisca Gil, de Servicios Sociales Luteranos del Suroeste, relató cómo grupos de refugiados perdieron entrevistas de trabajo en el Aeropuerto Internacional Sky Harbor por el pánico a encontrarse con oficiales migratorios. “Es tan injusto que tengan miedo de estar en la comunidad y continuar con sus vidas”, señaló ante el concejo.
Oposición y desafíos en la implementación de la ley en Arizona
A pesar del apoyo masivo, la iniciativa enfrentó diversas críticas de sectores vinculados a las fuerzas de seguridad.
Ben Halloran, un oficial jubilado, argumentó: “Esta política inspirada en el modelo de ciudades santuario pone en peligro a los agentes federales al generar ambientes de alta tensión”.
La asistente del administrador de la ciudad, Lori Bayes, admitió que investigar casos de abuso federal será difícil debido a la falta de acceso a entrevistas con los agentes involucrados.
