Un nuevo conflicto legal en Texas amenaza con alterar los derechos civiles de la población migrante en Estados Unidos. La estrategia de sectores conservadores consiste en aprobar leyes locales que entren en colisión con las protecciones federales vigentes para forzar una revisión en la Corte Suprema de Justicia. En este caso, el objetivo central es revertir un fallo de 1982 que permite que los estudiantes sin papeles tengan acceso a la formación básica sin restricciones por su estatus migratorio.
Polémico cambio de una ley que favorece a migrantes en Texas
Según informó Univision, esta estrategia busca “poner en duda algo que está constitucionalmente permitido para llevarlo nuevamente a discusión”.
Por su parte, un reporte de The Hill señaló que los republicanos intensifican las conversaciones para revocar el caso Plyler v. Doe. “Es hora de que afrontemos la situación y revoquemos el fallo. Es momento de que el Congreso y los tribunales liberen a los texanos de esta carga”, declaró el representante Chip Roy (R-Texas).
La estrategia de Stephen Miller y el efecto dominó
El despliegue de esta política tiene un protagonista. De acuerdo con datos del medio citado, Stephen Miller instó a los legisladores de Texas en reuniones privadas a considerar el fin de la financiación escolar para estos menores.
La intención es aprovechar la actual mayoría conservadora del máximo tribunal para que cambie lo establecido hace más de cuatro décadas.
En paralelo, en Tennessee avanza un proyecto similar que exigiría pruebas de estatus migratorio para la matriculación de alumnos. Matthew O’Brien, de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, calificó la protección actual como un ejemplo de “extralimitación judicial”.
Para los impulsores de la medida, el costo que supone la presencia de inmigrantes sin estatus legal permanente representa una exigencia injusta sobre los limitados recursos de los contribuyentes.
La conexión con la ciudadanía por nacimiento
Expertos del Migration Policy Institute advierten que esta estrategia se vincula de manera directa con el caso sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento. El próximo martes 31 de marzo, la Corte Suprema revisará si las personas nacidas de padres indocumentados en el país son ciudadanos estadounidenses.
“Si la Corte dictamina que no lo son, entonces podríamos ver una presión todavía mayor sobre las escuelas”, señaló Muzaffar Chishti a The Hill.
Mientras tanto, el clima en las instituciones educativas de Texas y otros estados fronterizos se vuelve cada vez más complicado y tenso.
La administración Trump revocó la política del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que impedía el acceso de agentes a las instalaciones escolares.
Randi Weingarten, presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, denunció que estos intentos por ignorar la ley establecida constituyen específicamente un ataque inconstitucional e inmoral contra el sueño americano y la seguridad de los niños.
