“Tati” y “Fini”, son dos de los seudónimos que se volvieron viral en las últimos días en redes sociales y grupos de WhatsApp donde circularon los audios que explicaban cómo la muerte de un anestesista sacaba a la luz una presunta red de sustracción para consumo recreativo de anestésicos intrahospitalarios.

Sin embargo, el nombre de Tati apareció por primera vez sin estridencias, en una reunión cerrada y lejos de los tribunales dos semanas después de la muerte que abrió una caja de pandora. No surgió de un allanamiento ni de una pericia judicial, sino de una ampliación de denuncia presentada por la asociación de anestesiólogos que, semanas después de la muerte de Alejandro Zalazar, decidieron poner por escrito lo que hasta entonces circulaba como una preocupación interna.

Desde ese momento, Chantal Leclercq dejó de ser solo una residente de anestesiología que cursa el tercer año en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia del sistema de salud porteño para convertirse en la figura que conecta, a partir de su propio relato, las dos causas que hoy investiga la Justicia: la muerte del anestesista del hospital de niños Ricardo Gutiérrez y la investigación por la sustracción de propofol del Hospital Italiano de Buenos Aires.

Leclercq no figura imputada en ninguno de los expedientes, según pudo saber LA NACION. Sin embargo, su testimonio quedó incorporado formalmente a una causa judicial y es el primero que vincula de manera directa a los protagonistas de ambas investigaciones: Zalazar, encontrado muerto el 20 de febrero pasado, y Delfina Lanusse, residente del Hospital Italiano e imputada en la causa por el robo de anestésicos del reconocido centro de salud porteño del que fue desvinculada.

La ampliación de la denuncia fue presentada el 9 de marzo por el secretario de Acciones Institucionales de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, Martín Meiriño, en el marco de la causa N° 9227/2026. En ese escrito judicial, al que accedió LA NACION, se incorporan los dichos de Leclercq durante una reunión realizada en esa entidad, de la que participaron autoridades médicas y representantes institucionales. Ayer el edificio en el que Tati se volvió en un nexo clave volvió a ser allanado en busca de nueva documentación sobre los anestesiólogos investigados por la sustracción de fármacos del Italiano.

Según consta en el documento de tres carillas, la residente fue convocada luego de que su jefe directo manifestara su preocupación por una situación vinculada al consumo de sustancias, preocupación que —siempre según la ampliación— había surgido de una manifestación previa de la propia profesional. Ese fue el motivo del encuentro.

En ese contexto, Leclercq realizó un “relato circunstanciado de su historial de consumo de sustancias”, en el que reconoció haber consumido drogas recreativas desde antes de su ingreso a la residencia médica en 2023. También admitió el consumo de sustancias de uso quirúrgico como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam, las cuales —según declaró— habrían sido obtenidas del Hospital Bernardino Rivadavia, donde se encontraba en formación, aunque consumidas fuera del ámbito institucional.

En la ampliación de la denuncia se señala que el uso de drogas pertenecientes a una institución pública para consumo privado es uno de los ejes que motivó la presentación ante la Justicia. Ese punto, aclara el escrito, podría configurar un delito, aunque por ahora no forma parte del objeto central de la investigación penal en curso.

Uno de los pasajes más relevantes del documento es aquel en el que Leclercq se refiere a Alejandro Zalazar, el anestesiólogo hallado muerto en su departamento del barrio de Palermo. Según consta en el escrito, la médica explicó que ambos se conocían porque habían realizado la residencia en el Hospital Rivadavia y que mantenían una relación de amistad.

En ese tramo, Leclercq manifestó haber consumido propofol junto a Zalazar “en una sola oportunidad”. Aclaró que ese episodio ocurrió fuera del ámbito hospitalario y que no se trató de una práctica reiterada. La ampliación deja expresamente consignado que no existieron encuentros en los que coincidieran tres personas —en referencia a ella, Zalazar y la residente del Hospital Italiano Delfina “Fini” Lanusse— y que los consumos se dieron en reuniones distintas.

La propia declarante utilizó el término “reuniones” para describir esos episodios y precisó que nunca hubo coincidencia entre Zalazar y Lanusse en esos ámbitos. Sin embargo, el escrito no aporta detalles sobre fechas concretas ni sobre si alguno de esos encuentros guarda relación temporal directa con la muerte del anestesiólogo.

La ampliación de la denuncia también reconstruye el vínculo de Leclercq con Delfina Lanusse, exresidente de tercer año de anestesiología del Hospital Italiano e imputada en la causa que investiga la sustracción de anestésicos de esa institución. Según el documento, la médica describió una relación de cercanía y encuentros en los que se consumían tanto sustancias recreativas como drogas de uso quirúrgico.

En ese contexto, Leclercq dejó asentado un dato temporal específico: indicó que la última vez que consumió drogas de quirófano fue en septiembre de 2025. Luego aclaró que volvió a consumir sustancias recreativas en enero de 2026, durante un viaje a Colombia que realizó junto con Lanusse.

Esa secuencia fue incorporada al expediente y es señalada en la ampliación como un elemento que podría adquirir relevancia si la Justicia decidiera profundizar la investigación más allá del Hospital Italiano. Hasta ahora, la causa penal se encuentra acotada a la sustracción de propofol y otros anestésicos de esa institución privada, y no a hechos ocurridos en hospitales públicos porteños o nacionales que son mencionados en los audios virales.

Por ese motivo, Leclercq no está imputada. La ampliación de la denuncia lo señala de manera expresa: la investigación judicial en curso no incluye, por el momento, los hechos vinculados con el Hospital Rivadavia. Sin embargo, el escrito advierte que, ante este nuevo cuadro, una eventual ampliación del objeto procesal podría modificar de manera sustancial el alcance de la causa.

Si eso ocurriera, sostienen los denunciantes, se abriría una línea de investigación distinta, que involucraría a instituciones públicas del sistema de salud porteño y a mecanismos de control diferentes de los que hoy se encuentran bajo análisis judicial.

La causa del Italiano

La causa por el robo de propofol en el Hospital Italiano se inició el 23 de febrero de 2026, pocos días después de la muerte de Zalazar. En ese expediente se investiga el acceso irregular, la sustracción y el consumo de medicamentos anestésicos que no se comercializan en farmacias y solo pueden utilizarse bajo estrictas condiciones médicas. Allí están imputados Hernán Boveri, un anestesiólogo de planta y la residente Lanusse que fueron apartados de sus cargos.

En paralelo, el fallecimiento de Zalazar continúa siendo investigado como averiguación de muerte dudosa, con intervención de otra fiscalía. En el departamento donde fue hallado el cuerpo se encontraron elementos descartables vinculados a la administración intravenosa de sustancias, sin signos de violencia. Las pericias médicas y toxicológicas siguen en análisis. Según pudo saber LA NACION, ni Leclercq, ni Lanusse, ni Boveri fueron citados a declarar como testigos en esa investigación.

Aunque se trata de expedientes distintos, la ampliación de la denuncia incorporó por primera vez un relato que los conecta desde el plano personal y profesional. En ese esquema, Chantal Leclercq aparece como una figura central, no por su situación procesal actual, sino por haber tenido relación directa con los protagonistas de ambas causas y por haber aportado un testimonio que expone prácticas de consumo de anestésicos intrahospitalarios fuera de todo control médico y con fines recreativos.