A través de la Resolución 83/2026, la Secretaría de Energía habilitó un nuevo esquema de inversión para el transporte energético; las obras serán financiadas por privados y transferidas al Estado tras un plazo máximo de 30 años.
En un paso decisivo para transformar el financiamiento de la infraestructura estratégica del país, el Gobierno nacional oficializó hoy la reglamentación que permite la expansión del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) mediante el régimen de Concesión de Obra Pública. La medida busca atraer capitales privados para modernizar y ampliar la red de transporte eléctrico, históricamente dependiente de la inversión estatal.
La normativa fue formalizada mediante la Resolución 83/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Esta resolución incorpora un apartado técnico específico a «Los Procedimientos» que rigen el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), estableciendo las reglas de juego para las empresas interesadas en construir, operar y mantener nuevas líneas de alta tensión y estaciones transformadoras.
Licitaciones y financiamiento por tarifa
El nuevo esquema establece que las obras serán adjudicadas a través de licitaciones públicas nacionales e internacionales. Una de las novedades centrales es que estos proyectos podrán nacer tanto de la planificación del Estado como de iniciativas privadas.
En cuanto al financiamiento, la reglamentación es clara: las obras no contarán con presupuesto público directo. En su lugar, el costo será recuperado mediante la aplicación de tarifas específicas a los usuarios o agentes del mercado eléctrico que se beneficien de manera directa por la mayor capacidad de transporte generada. De esta forma, el riesgo de inversión recae sobre el concesionario y los beneficiarios directos del sistema.
Plazos y reversión al Estado
La normativa fija límites estrictos para la explotación privada de estas infraestructuras. El plazo de concesión no podrá superar los 30 años desde el momento de la habilitación comercial. Una vez cumplido este período, las instalaciones deberán ser transferidas al Estado nacional sin costo alguno, garantizando la propiedad pública de los activos estratégicos a largo plazo.
Durante el tiempo de la concesión, las empresas adjudicatarias actuarán bajo la figura de transportistas independientes. Deberán cumplir con rigurosas exigencias técnicas y estarán bajo la supervisión de las empresas transportistas actuales y del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Regulación unificada
Mientras el sistema se pone en marcha, el control de estos contratos seguirá en manos del ENRE. No obstante, la resolución contempla la transición hacia el nuevo ente regulador unificado, creado recientemente por ley, que integrará las competencias de fiscalización de los servicios de gas y electricidad en un solo organismo autárquico.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo apuesta a eliminar los «cuellos de botella» que hoy limitan el crecimiento de la generación eléctrica —especialmente la proveniente de fuentes renovables—, trasladando la carga de la inversión al sector privado bajo un marco de seguridad jurídica.