Almería, 13 abr (EFE).- El juez que instruye el llamado caso mascarillas de Almería ha acordado abrir una causa judicial nueva e independiente contra el expresidente de la Diputación almeriense Javier Aureliano García y su jefa de gabinete por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos vinculados al pago de un viaje a Madrid con fondos públicos.
En un auto dictado el pasado 10 de abril, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Manuel José Rey Bellot ha ordenado la deducción de testimonio de un informe policial para que estos hechos concretos se investiguen al margen de la causa principal, al considerar que no existe una conexión legal directa con la misma.
El caso mascarillas de Almería, en cuyo marco se detectó este desplazamiento, es un procedimiento judicial que investiga una presunta trama de corrupción institucional. Las pesquisas se originaron por las supuestas ‘mordidas’ en la adjudicación de un contrato de emergencia de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19.
Con el paso de los años, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se amplió hasta destapar un presunto sistema institucionalizado de amaños, cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales en torno a decenas de adjudicaciones de obra pública y contratos menores.
Del rastreo documental y patrimonial llevado a cabo por la UCO ha aflorado el atestado que motiva esta nueva causa. Según recoge la resolución judicial, un informe policial fechado el 24 de febrero de 2026 detalla unos gastos de desplazamiento y alojamiento en Madrid correspondientes a Javier Aureliano García y la citada cargo de confianza.
El viaje bajo sospecha se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio de 2025 y supuso un gasto de 1.892,84 euros, una cantidad que fue sufragada íntegramente por la Diputación Provincial de Almería.
El magistrado señala que el gasto fue autorizado orgánicamente por el entonces vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, también investigado en el caso mascarillas, bajo el pretexto oficial de la asistencia a una supuesta reunión en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sin embargo, el juez instructor subraya que en las actuaciones no consta la acreditación de que dicha reunión llegara a celebrarse, ni existe prueba de la causa legal que generó y justificó el desembolso del dinero público. EFE
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Almería, 13 abr (EFE).- El juez que instruye el llamado caso mascarillas de Almería ha acordado abrir una causa judicial nueva e independiente contra el expresidente de la Diputación almeriense Javier Aureliano García y su jefa de gabinete por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos vinculados al pago de un viaje a Madrid con fondos públicos.
En un auto dictado el pasado 10 de abril, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado Manuel José Rey Bellot ha ordenado la deducción de testimonio de un informe policial para que estos hechos concretos se investiguen al margen de la causa principal, al considerar que no existe una conexión legal directa con la misma.
El caso mascarillas de Almería, en cuyo marco se detectó este desplazamiento, es un procedimiento judicial que investiga una presunta trama de corrupción institucional. Las pesquisas se originaron por las supuestas ‘mordidas’ en la adjudicación de un contrato de emergencia de más de dos millones de euros para la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19.
Con el paso de los años, la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se amplió hasta destapar un presunto sistema institucionalizado de amaños, cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales en torno a decenas de adjudicaciones de obra pública y contratos menores.
Del rastreo documental y patrimonial llevado a cabo por la UCO ha aflorado el atestado que motiva esta nueva causa. Según recoge la resolución judicial, un informe policial fechado el 24 de febrero de 2026 detalla unos gastos de desplazamiento y alojamiento en Madrid correspondientes a Javier Aureliano García y la citada cargo de confianza.
El viaje bajo sospecha se llevó a cabo los días 26 y 27 de junio de 2025 y supuso un gasto de 1.892,84 euros, una cantidad que fue sufragada íntegramente por la Diputación Provincial de Almería.
El magistrado señala que el gasto fue autorizado orgánicamente por el entonces vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, también investigado en el caso mascarillas, bajo el pretexto oficial de la asistencia a una supuesta reunión en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Sin embargo, el juez instructor subraya que en las actuaciones no consta la acreditación de que dicha reunión llegara a celebrarse, ni existe prueba de la causa legal que generó y justificó el desembolso del dinero público. EFE
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