Durante décadas, Suecia fue presentada como el tipo ideal del Estado de bienestar: altos impuestos, amplios servicios públicos y una red de protección que acompañaba a los ciudadanos “de la cuna a la tumba”. Ese modelo, sin embargo, está mutando de manera silenciosa, pero profunda. En su lugar emerge una versión más orientada al mercado que combina financiamiento público con provisión privada, reduce el peso del Estado y reconfigura los equilibrios sociales.
El giro no es reciente, pero se aceleró en los últimos años. Hoy, cerca de la mitad de los centros de atención primaria están en manos privadas, y una proporción creciente de escuelas públicas es gestionada por operadores independientes, algunos incluso cotizan en bolsa. La lógica de competencia y eficiencia, antes marginal, se volvió estructural.
Este viraje, definido esta semana por The Wall Street Journal como “la transformación capitalista más sorprendente del mundo”, al destacar la magnitud de las reformas y su impacto en el crecimiento, permitió al país nórdico hacer algo poco frecuente entre las economías avanzadas: reducir el tamaño relativo del Estado. El gasto social total cayó a niveles cercanos al 24% del PBI, por debajo de otros países europeos. A la par, el gobierno avanzó con recortes impositivos sostenidos, en contraste con la tendencia de otras naciones del continente.
“Suecia es realmente una tierra de oportunidades”, afirmó públicamente la ministra de Finanzas, Elisabeth Svantesson. “Quiero que las personas y el capital permanezcan aquí y crezcan”, agregó. Enmarcó así el sentido de las reformas, orientadas a fortalecer la competitividad del país, atraer inversiones y evitar la fuga de talento en un contexto global cada vez más exigente.
Esa transformación cobra relevancia en el debate actual en Estados Unidos, donde figuras como Zohran Mamdani proponen reforzar el rol del Estado con políticas como el cuidado infantil universal o la creación de comercios gestionados por el gobierno. Sin embargo, la experiencia sueca ofrece un contrapunto: un país que, en lugar de ampliar el peso estatal, optó por reducirlo como motor de crecimiento.
En ese sentido, los resultados macroeconómicos refuerzan la singularidad del modelo. Según el Fondo Monetario Internacional, se espera que la economía sueca crezca alrededor de un 2% anual hasta 2030, un ritmo similar al de Estados Unidos y aproximadamente el doble que el de economías como Francia y Alemania. Este desempeño se da en paralelo a reformas que, lejos de expandir el gasto público, buscaron hacerlo más eficiente y acotado.
En diálogo con LA NACION, el economista sueco Stefan Fölster —presidente del Instituto Sueco de Reforma— aportó datos que ilustran la magnitud de ese cambio: “Fue posible reducir la carga impositiva del 52% del PBI a mediados de los años noventa a aproximadamente el 42% en la actualidad, al mismo tiempo que se equilibraron las cuentas públicas y se amortizó gran parte de la elevada deuda pública”. Según agregó, este proceso no implicó un deterioro del bienestar: “Los indicadores han mejorado, en líneas generales, en sintonía con países comparables”.
El trasfondo histórico ayuda a entender el cambio. Tras un largo período de expansión del sector público desde los años 60, Suecia enfrentó en los 90 una crisis financiera que expuso los límites del modelo. A partir de entonces, distintos gobiernos impulsaron reformas que incluyeron recortes de beneficios, privatizaciones parciales, disciplina fiscal y cambios en el sistema previsional.
En ese proceso, también se sentaron las bases de un nuevo andamiaje macroeconómico. Según explicó a LA NACION el economista Daniel Waldenström, las reformas de los años noventa fueron decisivas para dejar atrás una economía de bajo crecimiento: “Una reforma clave fue la creación de un nuevo marco de política fiscal”, que incluyó metas de superávit, techos de deuda y reglas presupuestarias más estrictas. Entre ellas, destacó un límite de deuda pública cercano al 35% del ingreso nacional bruto, muy por debajo de los niveles que tenían muchas economías avanzadas. A esto se sumó la independencia del banco central y una reforma previsional que aisló al sistema de pensiones de presiones políticas de corto plazo.
Para Fölster, uno de los factores clave del nuevo modelo fue la introducción de competencia en áreas antes monopolizadas por el Estado: “El aspecto positivo más importante parece ser la introducción de la competencia en muchos ámbitos”. Esa lógica se trasladó tanto a la provisión de servicios como al funcionamiento de la economía en general.
El resultado fue un renovado dinamismo empresarial. Suecia se consolidó como un polo tecnológico europeo. “Suecia se convirtió en la principal nación de start-ups de Europa”, señaló Fölster, quien atribuyó ese fenómeno, en parte, a reformas que facilitaron la inversión y eliminaron impuestos al patrimonio y a la herencia.
En sectores clave como la salud, el cambio se traduce en modelos híbridos. Hospitales financiados con fondos públicos pero gestionados por operadores privados incorporaron herramientas tecnológicas y esquemas de gestión orientados a resultados. También en este terreno, Fölster destacó el rol del sector privado: “En los servicios de bienestar, prácticamente todas las innovaciones, como las consultas médicas virtuales, fueron iniciadas por nuevos competidores privados”.
Este giro económico vino acompañado de un cambio cultural más profundo, el pasaje de una sociedad fuertemente colectivista hacia otra más centrada en el individuo, donde la responsabilidad personal, la elección y la autonomía ganaron terreno frente a la lógica tradicional de provisión estatal.
Sin embargo, el giro no está exento de tensiones. Las críticas apuntan a que la apertura al mercado generó nuevas desigualdades en una sociedad históricamente igualitaria. Sobre este punto, Waldenström introdujo matices. “Tal como muestra el coeficiente de Gini, la desigualdad económica aumentó en Suecia desde los años noventa”, afirmó. Además, explicó el fenómeno como consecuencia de la crisis de esa década, cuando el desempleo saltó del 1-2% al 6-8%, y por reformas que redujeron beneficios y bajaron impuestos para incentivar el empleo. A esto se suman factores globales como la tecnología y la valorización del capital.
Aun así, el economista subraya que el punto de partida sigue siendo relativamente equitativo: “Suecia sigue siendo uno de los países más igualitarios del mundo”, con altos niveles de empleo, servicios públicos amplios y acceso extendido a activos financieros a través de los sistemas previsionales. La relación impuestos/PBI todavía supera el 40% y se ubica entre las más altas a nivel global. Incluso la desigualdad de la riqueza, según sus investigaciones, “se ha mantenido relativamente estable desde 1999”, pese a que el valor total del capital se ha triplicado y aumentó con fuerza el número de multimillonarios.
En educación, el debate refleja estas tensiones. La posibilidad de que escuelas financiadas con fondos públicos obtengan ganancias es cuestionada por sectores políticos y sociales, que advierten sobre incentivos a reducir costos en detrimento de la calidad y una mayor segmentación del sistema.
El impacto social más amplio incluye dificultades de acceso a la vivienda y disparidades territoriales en la provisión de servicios. También hay grupos más vulnerables a los cambios. “Los perdedores son los suecos que antes dependían de beneficios sociales”, explicó Waldenström, ya que hoy reciben menos transferencias y enfrentan mayores exigencias para insertarse en el mercado laboral.
Aun así, el diagnóstico general del economista es que los beneficios del nuevo modelo se extendieron a la mayoría de la sociedad: “Los ganadores son la población y el país en su conjunto”, afirmó, aunque reconoció que persisten desafíos como el bajo crecimiento y el desempleo relativamente elevado.
Fölster, por su parte, relativiza algunos de los temores estructurales, en particular los vinculados al envejecimiento poblacional: “Ahora la situación parece mucho menos inquietante”, sostuvo, al señalar que el aumento de la longevidad viene acompañado de mejores condiciones de salud y de incentivos para prolongar la vida laboral.
