La industria automotriz latinoamericana comenzó a coordinar una agenda común frente a un escenario que combina mayor competencia internacional impulsada por China, transición energética y cambios en el comercio global.
En ese contexto, representantes de 18 países firmaron en Quito, Ecuador, la denominada “Declaración de Quito”, un documento impulsado durante el Congreso Latinoamericano Automotriz (CLAM) 2026 que propone reducir impuestos, eliminar barreras comerciales y acelerar la renovación del parque automotor en la región.
Por la Argentina participaron la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), dos de las principales entidades del sector.
El eje central del planteo apunta a la presión impositiva que enfrentan tanto la industria como los consumidores, en un mercado donde los vehículos nuevos continúan teniendo precios mayores en comparación con otros países, aunque esa brecha se acortó en los últimos años.
La declaración sostiene que América Latina necesita avanzar hacia sistemas tributarios “razonables, coherentes y previsibles”, bajo la idea de que la actual carga fiscal termina afectando la competitividad de la cadena automotriz.
Sebastián Beato, presidente de ACARA, resumió el planteo del sector al señalar que “la actual carga tributaria excesiva restringe a la ciudadanía la posibilidad de acceder a vehículos con tecnologías más avanzadas y de menor impacto ambiental”.
El reclamo aparece en un momento donde la discusión tributaria volvió a ocupar un lugar central dentro del mercado argentino. En los últimos meses, el Gobierno avanzó con la eliminación de los impuestos internos, que afectaban a parte de los vehículos de gama media y alta, una medida que generó bajas de precios en distintos segmentos.
Sin embargo, dentro de la industria consideran que la estructura impositiva general todavía sigue siendo uno de los principales obstáculos para ampliar el mercado y modernizar el parque automotor.
En la práctica, el peso de impuestos nacionales, provinciales y municipales termina encareciendo el valor final de los vehículos, mientras que los costos de patentamiento, seguros y financiamiento también impactan sobre el acceso de los consumidores.
El resultado es un parque automotor con una antigüedad promedio que alcanzó los 14,8 años en 2025, un aumento frente a los 14,3 del 2024 a pesar de la llegada de nuevas marcas y modelos.
Los expertos indican que, para mantener la edad promedio actual del parque automotor, el mercado requiere la incorporación constante de 1,1 millones de vehículos cada año, algo improbable considerando que el año récord fue en 2013, con un total de 955.023 unidades patentadas. Ante la ausencia de ese flujo, los informes prevén una profundización del envejecimiento vehicular en el futuro próximo.
Uno de los puntos centrales de la agenda regional presentada en Quito apunta justamente a acelerar la renovación vehicular mediante incentivos fiscales y financieros orientados a unidades de menores emisiones y mejores condiciones de seguridad, tanto para el transporte de pasajeros como de carga.
En paralelo, el documento también propone fortalecer programas de chatarrización y descarte de vehículos al final de su vida útil. La lógica detrás de esa iniciativa es retirar de circulación unidades más antiguas y contaminantes para favorecer el recambio por modelos más modernos y eficientes.
A su vez, otro de los aspectos destacados del encuentro fue el pedido de avanzar hacia una mayor integración comercial entre los países de la región. Allí aparecen propuestas vinculadas con la reducción de barreras arancelarias y la facilitación del comercio automotor latinoamericano, en un contexto donde la llegada de nuevas marcas —especialmente de origen chino— está modificando el mapa competitivo de la industria regional.
