Tras la consulta vecinal realizada este viernes en la esquina de 54 y 67, la concejal advirtió sobre el durísimo impacto del costo del boleto en los trabajadores informales y cuestionó las severas deficiencias en las frecuencias y unidades del servicio actual.
En el marco de una jornada marcada por la preocupación vecinal en torno al transporte público de pasajeros, se llevó a cabo este viernes a las 18:00 horas una importante consulta y asamblea comunitaria en la intersección de las calles 54 y 67. En este contexto de debate, la concejal Evangelina Almada (FP-MDF); , dialogó con nuestro cronista de manera extensa sobre la compleja situación tarifaria y el dictamen emitido recientemente por la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante.
Respecto al pedido de aumento de tarifas solicitado por la empresa concesionaria, la edil confirmó que existe un dictamen unánime que frena una suba exprés. «El aumento de colectivo que está pidiendo la empresa no era una solución para ya mismo, ya que implementar un incremento lleva su tiempo, por lo menos 45 días», explicó, argumentando además que se encuentra próxima una nueva licitación del servicio a corto plazo.
La concejal detalló que el valor del boleto plano se rige por una ordenanza municipal mediante una fórmula polinómica que contempla variables dinámicas como el costo del combustible, las paritarias de los choferes y los repuestos. Dicha fórmula se actualiza de manera bimestral y automática sin intervención directa de los concejales. Al respecto, Almada señaló que el cuerpo legislativo rechazó modificar la «base» de esta fórmula porque un cambio estructural habría disparado el costo del pasaje a valores aún más restrictivos para los usuarios.
El fuerte impacto en el bolsillo y la pérdida de pasajeros
Uno de los puntos más críticos expuestos por la legisladora local fue el impacto socioeconómico que genera el cuadro tarifario en los sectores más vulnerables. Tomando como referencia el boleto plano actual (que promedia los $1.300 – $1.380) y la solicitud de la empresa de elevarlo a un piso de $1.900, Almada realizó un cálculo alarmante sobre la realidad de los trabajadores precarizados o informales que carecen de los beneficios del boleto obrero.
«Una persona que trabaja a doble jornada y tiene que hacer cuatro viajes por día gasta casi $8.000 diarios en colectivo. Estamos hablando de $40.000 semanales y cerca de $160.000 al mes», graficó la edil. Asimismo, remarcó que si en una familia tipo son dos las personas que deben trasladarse bajo esta modalidad, el costo mensual se eleva a más de $320.000, una cifra que absorbe de manera drástica los ingresos familiares y golpea directamente la canasta básica. Según Almada, los principales afectados terminan siendo trabajadores, estudiantes y personas con discapacidad que no cuentan con movilidad propia como automóvil, moto o bicicleta.
Un servicio deficiente que aleja a los usuarios
Finalmente, la concejal criticó con dureza el estado y el prestigio del servicio actual en Necochea y Quequén, describiéndolo como «lejos de ser óptimo». Reveló que hoy en día se encuentran operando apenas entre 10 y 12 colectivos en la calle, sufriendo constantes demoras e incumplimientos de horarios, una cifra sumamente lejana a la plataforma de 40 unidades que se exigirá en el nuevo pliego licitatorio.
Esta sensible falta de frecuencias genera un círculo vicioso: ante la desconfianza de no llegar a tiempo a sus puestos laborales, los vecinos optan por organizarse de otra manera, provocando una constante disminución en la venta de boletos.
Almada concluyó enfatizando la necesidad de mantener un equilibrio sumamente delicado en la gestión del transporte: proteger la continuidad del servicio público para que la ciudad no se quede sin colectivos —como ha ocurrido en otras localidades—, garantizar el sustento de las familias de los trabajadores de la empresa que sufren retrasos salariales, y fundamentalmente, defender el bolsillo del usuario que ya no llega a fin de mes.
