El intendente Arturo Rojas rechazó de forma total la creación del fondo de recuperación alegando fallas jurídicas graves y advirtió sobre el riesgo de un conflicto de poderes.
La postergada reactivación operativa del aeródromo local sumó un nuevo capítulo de parálisis institucional en las últimas horas. El Departamento Ejecutivo municipal oficializó el veto total a la Ordenanza N.º 12.156/26, una normativa de autoría legislativa que buscaba dar nacimiento al «Fondo para la Recuperación y Puesta en Funcionamiento del Aeroclub Necochea». La medida se efectivizó a través de un decreto firmado por el intendente Arturo Rojas, sustentado en un severo informe de objeciones técnicas.
El conflicto normativo comenzó a gestarse tras la Sesión Ordinaria del pasado 6 de mayo, fecha en la que el cuerpo deliberativo prestó aprobación al proyecto. Posteriormente, el 12 de mayo, el expediente fue remitido formalmente al despacho del Jefe Comunal para su correspondiente promulgación. Sin embargo, tras la intervención de la Secretaría de Legal y Técnica —cuyo dictamen jurídico fue asumido en su totalidad por el mandatario—, se resolvió aplicar la facultad de rechazo total.
Entre los fundamentos esgrimidos por la administración central para justificar la anulación de la norma, se destaca el denominado «control de legalidad». Desde el Ejecutivo se argumentó que es una tarea basal y obligatoria del municipio verificar que toda nueva tasa, contribución o fondo afectado guarde estricta correspondencia con el ordenamiento jurídico vigente y no vulnere los límites consagrados por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el dictamen determinó que la ordenanza constituía un «acto viciado», dado que el Concejo Deliberante avanzó en su redacción sin respetar las competencias, procedimientos y finalidades técnico-legales adecuadas.
Asimismo, el decreto introduce una fuerte advertencia institucional al señalar que el veto total resultaba un paso inexorable para resguardar la institucionalidad democrática y «evitar configurar una situación de Conflicto de Poderes». Esta figura jurídica de extrema gravedad ya sobrevuela el escenario político local debido a las constantes rispideces en torno a otros expedientes de índole tributaria y fiscal de reciente tratamiento.
Cabe recordar que la iniciativa vetada tenía como propósito medular la creación de una herramienta de financiamiento específica, cuyos recursos debían orientarse de manera exclusiva a costear las obras de infraestructura y la adquisición de las maquinarias necesarias para devolverle la operatividad a la pista local. Para garantizar dicho fin, la norma imponía la apertura de una cuenta bancaria con afectación exclusiva, impidiendo que el dinero recaudado fuera desviado por la administración para afrontar gastos corrientes de la Comuna.
Con el decreto de rechazo ya ingresado formalmente de regreso al Concejo Deliberante, el futuro del predio aeronáutico entra en una etapa de definición estrictamente política. En las próximas comisiones, las bancadas de la oposición deberán resolver si convalidan los argumentos técnicos del Ejecutivo o si, por el contrario, intentan articular los consensos necesarios para alcanzar el voto de los dos tercios de los presentes en el recinto, mayoría agravada que les permitiría insistir y dejar firme la legislación original.
