Un juez federal de EE.UU. ordenó suspender la deportación de migrantes a “terceros países” como El Salvador, Guatemala y Panamá, una medida que desafía la política migratoria de Donald Trump. El fallo del juez Brian E. Murphy, de la Corte de Distrito en Boston, obliga al gobierno a permitir que los migrantes impugnen su remoción si consideran que su vida o libertad corren peligro.
La ley que protege a los migrantes de la deportación a países inseguros
La decisión temporal del juez federal Brian E. Murphy se basa en una ley federal que prohíbe deportar a personas a países donde puedan ser perseguidas o torturadas, en cumplimiento de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU.
Según The New York Times, el gobierno de Trump firmó acuerdos con Costa Rica, México, Panamá y El Salvador para enviar migrantes a esos países, aunque muchos de los deportados, no tienen relación con estas jurisdicciones.
La orden judicial emitida el viernes pasado detiene temporalmente las deportaciones en los casos en que los migrantes tengan una “orden final de deportación” y exige que el gobierno garantice su derecho a presentar evidencia sobre los riesgos que enfrentarían en esos países. El juez Murphy programó una audiencia para el 10 de abril con el fin de evaluar una medida cautelar más permanente.
Migrantes demandan al gobierno de Trump por políticas de deportación
La causa se inició por la denuncia de migrantes de Cuba, Honduras, Ecuador y Guatemala, quienes alegaron que las deportaciones aceleradas violan sus derechos constitucionales y el debido proceso.
Muneer Ahmad, profesor de derecho en la Universidad de Yale y abogado de algunos demandantes, afirmó que la decisión es clave para evitar que la administración de Trump siga implementando deportaciones masivas sin garantías legales.
El primer fallo contra las agresivas políticas migratorias
El pasado 15 de marzo, otro juez federal otorgó una victoria temporal a los defensores de los derechos migratorios, al prorrogar por dos semanas la orden judicial que bloquea las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Esta normativa, vigente desde 1798, fue utilizada por la administración de Trump para deportar a migrantes irregulares, especialmente a aquellos acusados de vínculos con organizaciones criminales, como el Tren de Aragua. La decisión del juez James Boasberg se extenderá hasta el 12 de abril, cuando se realice una nueva audiencia para evaluar la posibilidad de extender la suspensión de las deportaciones.
Trump había utilizado esta ley para deportar a 200 venezolanos hacia El Salvador, un país con el que había alcanzado acuerdos para recibir a migrantes sin vínculos con la región. Los migrantes, supuestamente miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, fueron enviados a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
Sin embargo, la medida fue criticada por organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, quienes argumentan que las deportaciones violan el derecho al debido proceso y que la Ley de Enemigos Extranjeros no es aplicable a la migración irregular.
A pesar de la prórroga judicial, Trump se mantiene firme en sus políticas migratorias y no dudó en expresar su descontento con el fallo. Según el Departamento de Seguridad Nacional, la administración considera que los migrantes deportados no tenían base legal para permanecer en el país.
