Luego de la dura derrota sufrida la semana pasada en el Senado, donde la oposición rechazó los dos pliegos de los candidatos del Poder Ejecutivo a integrar la Corte Suprema, la Casa Rosada intenta evitar un nuevo revés, en esta oportunidad en la Cámara de Diputados.
Con ese objetivo, la plana mayor del oficialismo intensificó en las últimas horas la presión sobre los bloques opositores dialoguistas para desarticular la sesión especial convocada para este martes con un tema que incomoda, y mucho, al Gobierno: el escándalo con la criptomoneda $LIBRA, que tuvo al presidente Javier Milei como primer promotor, por lo que ahora es investigado en los tribunales de la Argentina, España y Estados Unidos.
La sesión especial, convocada por el kirchnerismo y los bloques opositores más críticos del Gobierno, tiene como objetivo de máxima crear una comisión investigadora en la Cámara baja; empero, esta iniciativa, resistida por Pro y la UCR –además de los libertarios–, tiene escasas posibilidades de prosperar. De hecho, una propuesta similar naufragó, por un voto, en el Senado. Para evitar una nueva derrota, los opositores proponen un menú alternativo que incluye desde proyectos para interpelar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al vocero presidencial, Manuel Adorni, hasta iniciativas para citar al recinto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a diversos pedidos de informes.
Frente a esta nueva ofensiva, el oficialismo se dedicó en las últimas horas a evitar que los convocantes reúnan el quorum en el recinto. Confían en tener éxito: al caer la noche del lunes se especulaba que, a duras penas, los opositores reunirían no más de 122 legisladores en el recinto, a siete del número necesario para arrancar la sesión. Vale recordar que cuando se emplazó el tratamiento en comisión de los proyectos referidos al escándalo $Libra, la oposición había reunido 134 voluntades.
Los esfuerzos del Gobierno estuvieron concentrados –una vez más– en los gobernadores: a ellos acuden cada vez que el oficialismo necesita neutralizar las embestidas del sector opositor más duro. Anoche se descontaba que los legisladores que responden al cordobés Martín Llaryora no aportarán para el quorum, al igual que aquellos que siguen las directivas de Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut).
Tampoco serían de la partida los tres diputados del MID, conducidos por Oscar Zago, pese a que habían votado el emplazamiento; a ellos se sumaría una media docena de diputados de Unión por la Patria que responden a sus respectivos mandatarios provinciales.
Uno de los argumentos disuasorios del oficialismo es que el 16 de este mes fue convocado el jefe de Gabinete al recinto de la Cámara baja: allí no solo dará su habitual informe de gestión sino que adicionará un “informe voluntario” sobre el $LIBRA.
La jugada indignó a la oposición. “La maniobra es clara: quieren dar un informe corto, vacío, a medida del Jefe de Gabinete, del Presidente de la Nación y de la secretaria general de la Presidencia. Lamentamos informarles que no funciona así. Hay una Constitución y un reglamento que respetar”, criticó Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).
Además de los proyectos relacionados con la estafa $LIBRA, la oposición incluyó en el temario las distintas iniciativas que procuran dar una solución al problema que generó el vencimiento de la última moratoria previsional, que permitía jubilarse a aquellas personas que cumplieron la edad de retiro pero no los 30 años de aportes que exige la ley.
La oposición no pretende que se apruebe alguno de estos proyectos pues, al no tener dictamen, requerirían una mayoría agravada de votos. En cambio, intentarán al menos emplazar a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, para que abra el debate sobre ambos temas.
El temario, viariopinto, también incluye un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de situación de la obra pública en ejecución, financiada por el gobierno nacional, en cada una de las 24 jurisdicciones del país. Además, se incorporó un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027.
