En medio de una creciente presión por parte de pequeños comerciantes y consumidores, California comenzó a debatir un proyecto de ley que apunta directamente a una de las prácticas cuestionadas por quienes aceptan pagos con tarjeta: los recargos aplicados sobre impuestos y propinas. La propuesta, impulsada por la legisladora Liz Ortega, buscaría terminar con lo que calificó como una “injusticia económica disfrazada de sistema financiero moderno”.
El problema en California: el cobro de comisiones sobre impuestos y propinas
Cada vez que un consumidor utiliza su tarjeta de crédito o débito para pagar en un comercio, se activa un sistema de cobros que va más allá del valor del producto o servicio. Las empresas emisoras del plástico y redes de pago, como Visa y Mastercard, aplican una comisión, conocida como “swipe fee”, que oscila entre el 2% y el 4%.
Esta tarifa se aplica no solo sobre el monto consumido, sino también sobre los impuestos y las propinas, aunque ni los comercios ni los trabajadores se queden con esos fondos.
Según explicó en un comunicado la asambleísta Liz Ortega, esto significa que “los negocios pagan una especie de impuesto privado por recaudar el impuesto estatal”, algo que calificó como “absurdo”. El proyecto de ley que presentó, denominado AB 1065, intenta cerrar ese vacío legal. El objetivo es evitar que las entidades financieras obtengan ganancias sobre montos que, por ley, deben ser transferidos al Estado o al trabajador.
El texto legal, que ingresó formalmente a la Asamblea estatal el 20 de febrero de 2025, lleva el nombre de Ley de Reducción de la Inflación para el Consumidor y Equidad Fiscal. La medida fue acompañada por otros legisladores como los asambleístas Garcia, Jackson y Ward, además de los senadores Cortese y Ochoa Bogh.
Por qué el recargo afecta a los pequeños comercios y a los consumidores
En el comunicado de prensa difundido por la oficina de Ortega, se detalló que solo en 2023, los comercios californianos pagaron US$1700 millones en comisiones vinculadas únicamente al impuesto sobre las ventas. Este tipo de gastos, según la legisladora, “termina siendo absorbido por las pequeñas empresas o trasladado al cliente”.
Michel LeClerc, director administrativo de la cadena North State Grocery y presidente de la Asociación de Supermercados de California, afirmó: “Cada centavo cuenta para nosotros y nuestros clientes. Las swipe fees son uno de los tantos costos ocultos que hacen difícil sostener un negocio chico y acceder a la vida diaria en este estado”.
En contraste con los márgenes de ganancia de las pequeñas tiendas, que en muchos casos no superan el 3%, Visa y Mastercard alcanzan beneficios cercanos al 50%. A nivel nacional, estas dos compañías controlan más del 80% del mercado de procesamiento de pagos.
El problema en números es:
- US$137.800 millones: lo que pagaron todos los minoristas estadounidenses en 2021 por procesamiento de tarjetas, un 25% más que el año anterior.
- 1,6%: el margen de ganancia promedio de los supermercados en Estados Unidos.
- 80%: participación combinada de Visa y Mastercard en el mercado estadounidense de pagos electrónicos.
Lo que establece el proyecto AB 1065 contra los recargos del 4%
El articulado del proyecto añade la División 25.5 al Código Financiero de California y establece un conjunto de definiciones precisas para cubrir todos los actores del sistema de pagos: bancos adquirentes, redes de tarjetas, emisores, procesadores y comerciantes. A partir de ese marco legal, la regla prohíbe expresamente que se cobre una comisión sobre los montos correspondientes a impuestos y gratificaciones.
Entre los elementos más destacados del texto se encuentran:
- Se entiende por “impuesto” a toda carga estatal o local calculada sobre una transacción electrónica, en donde se incluye el impuesto a la venta, a combustibles, al tabaco, al alcohol, al cannabis, entre otros.
- El concepto de “propina” se define como cualquier contribución voluntaria entregada por el cliente al trabajador por los servicios prestados.
- Se reconoce como “documentación tributaria” toda constancia que permita a las redes de pago verificar qué porción de una transacción corresponde a impuestos o gratificaciones (recibos, libros contables, facturas, etc.).
La ley exige que los operadores del sistema de pago se abstengan de aplicar comisiones sobre estos componentes, siempre y cuando el comercio cuente con la documentación adecuada que los identifique.
Qué pasará si se aprueba la ley en California y antecedentes en otros estados
Si la propuesta se convierte en ley, California seguiría los pasos de Illinois, que ya aprobó una medida similar. La llamada “Interchange Fee Prohibition Act” entrará en vigencia en ese estado el 1° de julio de 2025 y establece la misma prohibición sobre recargos en impuestos y propinas.
El proyecto AB 1065 actualmente se encuentra en análisis dentro del Comité Judicial de la Asamblea, después de haber sido enmendado y reenviado desde otras comisiones. De acuerdo con el historial legislativo, podría comenzar a debatirse en profundidad en algún momento del mes de abril.
