Chicago enfrenta un déficit de 730 millones de dólares en su sistema de transporte, lo que podría reducir a la mitad el servicio de trenes y autobuses, con cierres de estaciones y eliminación de rutas. Esto aumentaría el tráfico vehicular y podría provocar la temida “espiral de la muerte”: un círculo vicioso en el que los recortes disminuyen la cantidad de pasajeros y los ingresos, lo que a su vez obliga a invertir aún menos dinero.
El ambicioso plan estatal para evitar el colapso del sistema de transporte en Chicago
Illinois condicionó el financiamiento a una reforma estructural del transporte en el área metropolitana de Chicago. Actualmente, cuatro agencias independientes gestionan los servicios: Chicago Transit Authority (CTA), METRA, PACE y la Regional Transportation Authority (RTA).
Según Slate, 47 directores diferentes administran boletos, mapas, sindicatos e infraestructura, lo que genera superposiciones y falta de coordinación. Los legisladores plantean reorganizar las agencias para crear un sistema más eficiente, aunque persisten dudas sobre cómo equilibrar los intereses de la ciudad y los suburbios.
Además, explican que en ciudades donde los suburbios dominan la planificación del transporte, como Nueva York y Boston, los fondos y servicios tienden a distribuirse de manera distinta, generalmente en favor de las zonas suburbanas. Esto podría ser un riesgo para Chicago si no se equilibra adecuadamente el nuevo esquema de gobernanza.
Qué está en juego para el futuro del transporte Chicago
En Springfield, la capital de Illinois, los legisladores repiten: “No habrá fondos sin reforma”. De acuerdo con Slate, buscan aprovechar la crisis para rediseñar un sistema considerado disfuncional.
Según advierte el medio, el riesgo es que una reorganización pueda intensificar tensiones entre Chicago y los suburbios. Es que los intereses de los usuarios varían en un área metropolitana de casi diez millones de habitantes. Quién controle trenes y autobuses será clave para evitar la repetición de errores anteriores.
Transporte en crisis: Nueva York y San Francisco también buscan nuevas fuentes de financiamiento
Chicago no es el único caso de crisis en el transporte público. Nueva York y San Francisco también enfrentan serias dificultades para financiar sus sistemas de movilidad.
En Nueva York, el programa de peaje por congestión, implementado en enero de este año, cobra nueve dólares a los conductores que ingresen a Manhattan, al sur de Central Park, con el objetivo de reducir el tráfico y generar ingresos para la red de transporte público. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) proyecta recaudar 500 millones de dólares en 2025 gracias a esta iniciativa.
Sin embargo, el sistema enfrenta una fuerte oposición del gobierno federal. El secretario de Transporte, Sean Duffy, instó a la administración de la gobernadora Kathy Hochul para modificar o eliminar el programa, tras calificarlo de “ilegal” por obligar a los ciudadanos a pagar por rutas construidas con fondos federales.
La disputa se intensificó con advertencias sobre la posibilidad de recortar los fondos federales destinados al estado. Mientras tanto, Hochul y la MTA defienden el programa: aseguran que ya superó todos los trámites legales y destacan sus beneficios, como la disminución del tráfico y la mejora en la circulación.
Por otro lado, en San Francisco, el sistema Bay Area Rapid Transit (BART) también atraviesa una grave crisis financiera. Según Courthouse News Service, dos senadores de California impulsaron en marzo el “Connect Bay Area Act”, un proyecto que permitiría crear un nuevo impuesto a las ventas para financiar el sistema.
El senador Scott Wiener advirtió que, sin una intervención urgente, se producirán recortes masivos de servicios que serían “catastróficos” para toda el área de la Bahía. La propuesta contempla un impuesto de “medio centavo” durante 10 a 15 años, posiblemente más alto en San Francisco, y una solicitud de 2000 millones de dólares al estado como financiamiento de transición.
No obstante, líderes locales como Christina Lawson, presidenta del Bay Area Council, reconocen que pedir un aumento de impuestos será difícil debido al elevado costo de vida y las preocupaciones persistentes sobre la seguridad en el transporte público.
