La Comisión Europea ha anunciado este lunes su decisión de llevar de nuevo a China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por trabas a la protección de patentes europeas de tecnologías clave como la 5G, en este caso por la presión «injusta e ilegal» que los tribunales chinos pueden ejercer al estar facultados para imponer ‘royalties’ a escala mundial a las patentes esenciales estándar (SEP).
«Las industrias europeas de alta tecnología deben poder competir de manera justa e igualdad de condiciones. Cuando no es el caso, la Comisión toma medidas decisivas para proteger sus derechos (…). Denunciamos estas prácticas injustas ante la OMC», ha anunciado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.
El problema afecta especialmente a las empresas de telecomunicaciones europeas que, según los servicios comunitarios, se ven presionadas por la capacidad de los tribunales chinos de imponer tasas a las patentes sin contar con sus titulares para que bajen sus propias tarifas a nivel mundial. Ello, sostiene la Comisión, confiere a los fabricantes chinos un acceso más barato a las tecnologías europeas aprovechándose de unas prácticas de competencia desleal.
Así las cosas, el Ejecutivo comunitario ha decidido solicitar consultas formales en el marco de la OMC — primer paso en el proceso de resolución de litigios– tras constatar la falta de resultados en el diálogo ofrecido por Bruselas a Pekín, según ha indicado en rueda de prensa un portavoz comunitario.
Si no se resuelve el asunto en el plazo de 60 días previsto en esa fase, la UE podría solicitar la creación de un panel para que la OMC se pronuncie sobre este asunto.
En 2022, Bruselas ya inició un caso similar ante la OMC para denunciar que los propietarios de patentes que acuden a un tribunal fuera de China para hacer valer sus derechos sobre las tecnologías protegidas se encuentran después con multas impuestas por las autoridades chinas, lo que en la práctica supone presionarles para fijar las licencias por debajo de los precios de mercado.
Este expediente sigue abierto en el organismo multilateral y se espera una resolución a finales del primer semestre de 2025, han indicado a Europa Press fuentes europeas.
