Hace un mes el río Pilcomayo provocó en el chaco salteño la mayor inundación desde 2018. Las aguas recién en esta semana terminaron de bajar, pero todavía quedan comunidades prácticamente aisladas, con muchas dificultades para moverse y, por el estado de los caminos, también para que llegue la ayuda. En el peor momento, hubo 900 evacuados, aunque oficialmente se admite que fueron más los que se trasladaron. Hoy todos regresaron a sus lugares, aunque dos comunidades (unas 250 personas) directamente decidieron desplazarse. Como siempre en estos casos, el problema no terminó. Quedan quienes “siempre están empezando de vuelta”, como define Diego Bustamante, titular de la ONG Pata Pila, una ONG que, desde 2015, lucha contra la desnutrición infantil y el desarrollo de comunidades en cinco provincias, principalmente en Salta.

“No solo está el que le entró el agua a su casa y perdió todo −dice a LA NACION-. Están las diarreas, los problemas de salud, los animales muertos, los que se movieron y no volverán más a sus lugares. Estamos acompañando a las comunidades con las que colaboramos históricamente, a quienes siempre están empezando de vuelta”.

En la semana del 20 de marzo el río Pilcomayo (uno de los que más sedimento arrastra en el mundo, una media anual de 125 millones de toneladas) y también el Bermejo crecieron fuerte. Para las comunidades salteñas el drama comenzó cuando el Pilcomayo rompió los anillos de contención en localidades bolivianas y el agua se convirtió en una pesadilla para las poblaciones dispersas en unos cien kilómetros, desde el Hito 1 (frontera con Bolivia) hasta Las Vertientes (en el límite con Formosa).

Una semana antes el gobierno provincial había empezado con la reubicación de algunos habitantes en el municipio Santa Victoria Este (departamento Rivadavia) porque un reporte de estación hidrométrica de Puente Aruma en Bolivia registró un nivel de 7,11 metros de agua. Bustamante -los equipos de la ONG trabajan todo el año en territorio- subraya que el de las inundaciones es un problema “sistémico por la necesidad natural del río de desbordar”, pero, añade, “se podrían gestionar obras; reforzar con tiempos las defensas; hacer mejores anillos de contención para las comunidades y fortalecer el sistema de alertas -que están- para que la gente esté informada y a tiempo”.

Aislados

A la comunidad toba de Pozo del Aráoz, donde viven 45 familias, esta vez no entró el agua, pero quedaron rodeados y recién el lunes pasado pudieron empezar a salir. “Sufrimos siempre por la crecida del Pilcomayo; quedamos aislados por los desbordes -cuenta a este medio Fabián Segundo, el cacique-. Los caminos están feísimos; para buscar algo para nuestras familias tenemos que hacer siete kilómetros como mínimo. Estamos a seis kilómetros del Pilcomayo, pero el río hizo lo suyo este año”. La referencia es que la crecida, según datos oficiales, fue la más importante desde 2018, cuando el pico máximo fue de 7,28 metros en el nivel del agua.

Describe que también los animales que crían sufrieron y algunos murieron. La comunidad -donde Pata Pila está construyendo una escuela- vive en casas muy endebles, de barro y plásticos. El cacique afirma que no recibieron ayuda, que “solo nos dejaron 15 bolsones cuando se pudo entrar y nada más. Estamos muy olvidados”.

Mario Mimessi, ministro de Desarrollo Social de Salta, señala que ya no quedan evacuados, aunque reconoce que “la vuelta es con las particularidades que implica regresar a lo que estuvo bajo el agua”. Las comunidades más afectadas directamente fueron La Estrella, San Anselmo, La Gracia, Monte Carmelo e Hito 1, donde hace una semana no hay agua. Hubo 900 evacuados por la provincia, apunta, y agrega: “Fueron muchos más los trasladados porque están los que se fueron a casas de amigos o de familias”.

Sobre la asistencia provincial y los reclamos de algunos parajes, detalla que, “de manera directa” entregaron 15.000 módulos alimentarios; otros 5000 a través del municipio de Santa Victoria Este y 5000 “focalizados” (son parte de un programa con el gobierno nacional para embarazadas y niños de hasta 7 años, personas con discapacidad y adultos mayores de comunidades originarias). Reitera que hace pocos días las condiciones climáticas permitieron “normalizar” los operativos.

Problemas estructurales

“Nos chocamos con el clima, tuvimos que asistir por aire y lo seguimos haciendo. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo ‘aislado’ que ‘inundado’. Siguen los problemas para llegar a las comunidades montaraces por tierra”, sostiene. Respecto del aporte de la Nación, Mimessi detalla que están “en contacto permanente” y que al inicio de la inundación, “envió recursos como colchones, camas, tirantes, artículos de limpieza. El programa Focalizado es permanente”.

Desde Larguero (Santa Victoria Este) donde viven 30 familias, Nelson Juárez repasa que estuvieron dos semanas aislados “sin poder salir. El agua creció mucho; no tenemos defensas. Ahora hay quienes salen, mucha gente cruza la pasarela y arriesga su vida para ir a Santa Victoria”. Afirma que hace 17 años que piden a las autoridades un puente. Sobre la ayuda recibida, “fueron 40 bolsones, nada más. Ni al monte se podía ir a hacernos de comida”, define y añade que también esperan que haya visitas de personal de salud porque el centro más cercano está a siete kilómetros.

Amancio Martínez de Misión La Paz es representante de la comunidad wichi en el municipio de Santa Victoria Este, donde viven unas 3000 familias, además de haber varias oficinas de organismos públicos y un minihospital que se levantó durante la pandemia “pero funciona solo con algunos pocos médicos”. A La Paz, comenta, el agua no entró porque la protegió el anillo de contención, pero advierte que el río “se está expandiendo y eso se ve después de que bajó la creciente; el cauce va cavando y golpea a donde estamos nosotros. La ruta provincial 54 está a 80 metros y si sigue avanzando la terminará cortando en algún momento”.

En la zona están trabajando máquinas; personal municipal está cortando árboles para disminuir la corriente y evitar derrumbes. El camino de acceso de La Estrella a Misión La Paz “se hizo pedazos; si llueve es imposible de pasar”. Módulos alimentarios “entregamos una vez nada más; ayudamos a la municipalidad y a la provincia en la distribución. Por suerte ahora hay peces…Es muy triste todo lo que pasa con las inundaciones”.

Empezar de nuevo

Desde Fundapaz, una organización sin fines de lucro que trabaja desde hace años en Salta, Ramón Torres repasa la situación en Banda Norte y Banda Sur, áreas afectadas por los ríos Bermejo y Teuco. “Se desbordó el Bermejo y trajo muchas complicaciones; todos los año pasa, pero esta vez la dimensión fue mayor. Infraestructura no se ha hecho mucho; hay problemas históricos”.

Estima que hay unas 600 familias de comunidades wichis afectadas, “algunas están solo aisladas porque los caminos están cortados, pero a la mayoría les llegó a sus casas”. Menciona que, desde la provincia y la municipalidad, hay “asistencia con bolsones, que es lo que más se necesita” a la vez que repite que “se complica en algunas áreas porque no se pueden atravesar ni en tractores; el agua está alta todavía. Se usan lanchas, helicópteros”.

Bustamante vuelve sobre otro problema derivado de las inundaciones a repetición que son los que se van y no vuelven: “Empujan el proceso natural de segregación de las comunidades originarias. Los nuevos liderazgos no quieren volver; esta vez son 250 personas divididas en tres nuevas comunidades las que no regresan, están volviendo a empezar”.

Sobre la reacción de los gobiernos, plantea que en lo inmediato, la respuesta fue “buena; estuvo el Ejército, gente de las secretarías…Pero el punto es que no previenen, no trabajan anticipadamente. La respuesta de la política es muy rústica, entregan plásticos, tinacos…”.

“Bajó mucho el agua, queda barro, no podemos transitar -suena cansado Uvaldino Ceballos, cacique de Misión Las Vertientes-. En los primeros días llegaron cien bolsones de cinco kilos cada uno, pero acá viven 200 familias. Hemos perdido ropa, hay que reconstruir la casa. Nos tocó muy difícil esta vez, rodeados del agua. Nos afecta todos los años, no podemos rebuscarnos en el monte, o ir a la ciudad a hacer trámites”.

Dalmiro Acosta es auxiliar docente bilingüe de la comunidad wichi San Felipe, a 25 kilómetros de Rivadavia Banda Sud por donde pasa el Bermejo: “En la primera inundación de diciembre pasado quedó aislada la gente; en enero con otra crecida pasó lo mismo porque el camino vecinal se colapsa. Cada año esos dos kilómetros son lo mismo, el mismo abandono”.

Después sufrieron dos crecidas más y “en esos cuatro meses las familias recibieron tres asistencias alimentarias” (medio kilo de yerba, un kilo de harina, uno de arroz, uno de azúcar, un litro de aceite y 800 gramos de leche). No duda en calificar de “indignante” que eso se llame “‘ayuda’ porque alcanza para dos días, hay familias con siete u ocho chicos”. También enfatiza que, aislados, consumen el agua del mismo río porque el pozo perforado (hecho por el INA) tiene “apenas 13 metros” y tiene “alto contenido” de arsénico. “Cuando no pueden entrar el combustible, tampoco puede funcionar”, añade y recalca que en la comunidad no hay atención sanitaria.

Nazarena Estrade, directora del centro de Santa Victoria Este de Pata Pita, puntualiza que en las cuatro comunidades de las zonas 300 personas fueron reubicadas.

Subraya que “hay zonas en las que el agua no drenó, lo que es un foco de mosquitos e insectos con los consecuentes problemas”. Además, la etapa crítica de las diarreas de verano se extendió y en chicos que comen “mal y poco” tres días con ese cuadro provoca deshidratación.

Hasta hace una semana hubo siete cortes en la ruta de comunidades reclamando por asistencia. “Lo más complejo se produjo cuando llegaron camiones de algunas organizaciones con ayuda. Hay mucha necesidad y la prioridad eran los desplazados, pero había dificultades para llegar”, dice Estrade.