La decisión adoptada por la Sala de Apelación del Tribunal Supremo ratificó que la renuncia al escaño de diputado no alterará la competencia del alto tribunal en el proceso principal por la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Según informó el medio fuente, el procesamiento del exministro José Luis Ábalos y de su antiguo asesor Koldo García, mantiene vigente el proceso judicial, en el marco del cual la Fiscalía ha solicitado penas de prisión que, en el caso de Ábalos, alcanzan los veinticuatro años.
El Tribunal Supremo juzgará a Ábalos por su presunta implicación en una red de corrupción asociada a la compra de material sanitario, como publicó el medio fuente. La administración de contratos públicos bajo la gestión de Ábalos, entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, está en el centro de la investigación, que detalla la coordinación entre Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama para, supuestamente, obtener ventajas económicas gracias a la influencia política. El Ministerio Público sostiene que los tres acusados diseñaron un esquema para lucrarse con la adquisición pública de mascarillas durante la emergencia sanitaria, tal como especificó el medio fuente.
Para Víctor de Aldama, la petición fiscal asciende a siete años de prisión, mientras que en el caso de Koldo García la solicitud llega a diecinueve años y medio. Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han pedido a su vez condenas de hasta treinta años de cárcel tanto para Ábalos como para García, equiparándose, para Aldama, con la pena reclamada por el fiscal, según detalló el medio fuente.
El Tribunal Supremo determinó que el inicio del juicio oral fija su competencia sobre los acusados, de manera que cualquier posterior pérdida del privilegio de aforamiento, incluso si Ábalos abandona el Congreso, no modificará la jurisdicción para la causa principal. Este criterio, vigente desde 2014 según la Sala de lo Penal, no resulta aplicable a procedimientos abiertos que investigan hechos distintos, como la pieza separada sobre la gestión de adjudicaciones de obra pública, que sí podría pasar a la Audiencia Nacional si Ábalos pierde la condición de aforado. La citada separación mantiene su instrucción activa, reportó el medio fuente.
La medida tomada por el instructor del caso, Leopoldo Puente, incluyó la notificación formal del auto de procesamiento, lo que implica la suspensión de los derechos parlamentarios del exministro. Actualmente, Ábalos se encuentra vinculado al Grupo Mixto del Congreso, y la Mesa de la Cámara decidió, con el consenso de todos los miembros, retirar de forma temporal sus prerrogativas parlamentarias, el salario y la participación en votaciones mientras persista su situación judicial, de acuerdo con el medio fuente.
Las actuaciones judiciales han provocado la aplicación de medidas cautelares estrictas para los procesados principales. Tanto Ábalos como Koldo García permanecen en prisión provisional desde el 27 de noviembre en Soto del Real, por orden del juez y con el respaldo de la Fiscalía y de las acusaciones populares, señaló el medio fuente. Los dos imputados tienen la obligación de reunir una fianza de sesenta mil euros en cinco días hábiles, con el fin de cubrir futuras responsabilidades económicas. Si no cumplen, se procederá al embargo de sus bienes, añadió el medio fuente.
Víctor de Aldama, por su parte, quedó sujeto a otras restricciones: se le retiró el pasaporte, tiene prohibido salir del país y debe comparecer ante la autoridad judicial cada quince días, medidas que buscan garantizar su localización procesal. Todos los acusados disponen de un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa; si no lo hacen, la ley interpretará que se oponen a las acusaciones y el proceso continuará de manera automática, según especificó el medio fuente.
La investigación sobre la trama de mascarillas corresponde a la pieza central del caso, aunque existen otras líneas abiertas, como una investigación separada sobre posibles comisiones ilegales alrededor de contratos de obra pública. Estas piezas accesorias siguen bajo instrucción y su tramitación dependerá del estatus parlamentario del principal investigado; si Ábalos deja de ser aforado, pasarán a la Audiencia Nacional, expuso el medio fuente.
La acusación formal incluye presuntos delitos de cohecho, organización criminal, malversación y tráfico de influencias, relacionados con la gestión de fondos públicos en el contexto de la COVID-19 y la adquisición de material de protección sanitaria, según consignó el medio fuente.
El avance del procedimiento judicial pone el foco en la pieza de las mascarillas, al tratarse de la que concentra las peticiones de condena más elevadas. El exministro, hasta el momento, no ha tramitado formalmente su dimisión como diputado, lo que mantiene en manos del Supremo la competencia de la causa principal.
Los desarrollos del caso y el futuro de las causas paralelas estarán condicionados tanto por el transcurso del proceso judicial como por la permanencia de Ábalos en el Congreso. Mientras tanto, según reiteró el medio fuente, las distintas investigaciones paralelas siguen abiertas y pendientes de resolución en el marco de este procedimiento judicial por presunta corrupción.