El Consejo General de la Abogacía Española ha asegurado este martes que este primer día de huelga de jueces y fiscales ha provocado ya «daños incuestionables», precisando que las «decenas de miles de asuntos afectados ya no se resolverán durante 2025», por lo que ha instado a cumplir servicios mínimos, así como al diálogo entre las asociaciones convocantes y el Gobierno para «poner fin al conflicto».
La Abogacía ha reaccionado así a la primera jornada de huelga de las tres convocadas –1, 2 y 3 de julio– por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que han cifrado el seguimiento en un 75%.
«No contamos con cifras oficiales del seguimiento de este primer día pero los decanos me han ido trasmitiendo ya las incidencias, las suspensiones y los desplazamientos en vano que se han producido en sus territorios. Sea cual sea la incidencia de la huelga, un solo día es mucho y el impacto es grande», ha dicho el presidente de la Abogacía, Salvador González, en un comunicado.
González ha explicado que «2024 se cerró con casi ocho millones de asuntos pendientes», advirtiendo de que «podríamos terminar 2025 con un panorama mucho peor» tras esta huelga.
Por ello, ha insistido en «la necesidad de que las asociaciones de jueces y fiscales convocantes y el Gobierno reanuden el diálogo para poner fin al conflicto», según ha informado la Abogacía.
Entretanto, ha pedido que se cumplan los servicios mínimos, que ha fijado el propio comité de huelga porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado (FGE) no la dan por convocada al entender que carece de base legal.
En la misma línea, González ha hecho un llamamiento a poner en marcha medidas que permitan «minimizar los daños a la ciudadanía y a los profesionales de la abogacía».
En concreto, ha reclamado que se avise con antelación suficiente de las vistas suspendidas y que las oficinas judiciales con el titular de huelga continúen tramitando asuntos.
PIDE YA UN PLAN DE RECUPERACIÓN
Además, ha solicitado que los retrasos ocasionados por la huelga se intenten aliviar «reagendando los asuntos tan pronto como sea posible y estableciendo, por parte de las administraciones, planes de recuperación que permitan que la ciudadanía afectada pueda ver reparados cuanto antes los daños causados».
«No olvidemos que detrás de cada juicio suspendido, hay ciudadanos y profesionales de la abogacía que les acompañan que no han podido obtener hoy el derecho a la tutela judicial efectiva que les reconoce nuestra Constitución», ha recalcado González.
Las asociaciones convocantes, todas menos Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han ido a la huelga contra las reformas anunciadas por el Gobierno sobre el acceso a ambas carreras y de la Fiscalía, exigiendo su retirada al considerar que atentan contra el Estado de Derecho. Por su parte, el ministro del ramo, Félix Bolaños, ha aclarado que seguirán adelante reivindicando que son «imprescindibles» para modernizar la Justicia.
