Los especialistas del Ministerio Público Fiscal trabajan por estas horas en la apertura del teléfono celular de Daniel Garbellini, que era un funcionario clave de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y, según los audios de Diego Spagnuolo, el encargado de organizar la ruta de las supuestas coimas, como delegado de Eduardo “Lule” Menem.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), del Ministerio Público Fiscal, es el organismo que tiene a su cargo la tarea de abrir los teléfonos. En el caso de Garbellini, él aportó su clave. Eso hace más sencilla la tarea de apertura del celular, pero también reduce las expectativas de los investigadores de encontrar alguna prueba para la causa.
Mientras tanto, fuentes de la investigación confirmaron a LA NACION que el teléfono de Spagnuolo ya fue revisado por la fiscalía y no tiene elementos de interés para la causa. Se demostró que tiene mensajes borrados que hasta ahora no fueron recuperados y no está determinado si se podrán recuperar o no, según informaron fuentes del caso.
Mientras tanto, la Datip sigue sin poder abrir hasta el momento los celulares de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, que se negaron a aportar sus claves. Se trata de teléfonos de última generación con altos sistemas de seguridad.
También están bajo análisis las computadoras laborales de los hermanos Kovalivker y de gerentes de la droguería Suizo Argentina, empresa que ellos dirigen. Las secuestró el juez federal Sebastián Casanello el viernes pasado, durante un allanamiento muy tenso.
Aquel operativo tenía como objetivo hacerse de los archivos informáticos que pudieran ser útiles para la investigación −sobre todo, de mails laborales−. Pero por indicación de un abogado de la droguería que se presentó mientras se estaba haciendo el operativo, el responsable de sistemas de la empresa se negó a colaborar y dar acceso a los correos, relataron fuentes del caso.
Por eso, aunque no era el plan original, la Justicia terminó secuestrando las computadoras.
En paralelo, el juez les corrió vista a las partes de la causa (los diferentes abogados defensores y la fiscalía) de los pedidos del abogado de los Kovalivker, Martín Magram, de que se declare la nulidad de la causa por el supuesto origen ilegítimo de los audios de Spagnuolo, que motivaron la apertura de la investigación.
Magram también solicitó que se dispusiera el cierre de la causa por “cosa juzgada”, con el argumento de que otra investigación, en año pasado, fue archivada y versaba sobre los mismos hechos. Es un argumento que difícilmente prospere porque un archivo no es un sobreseimiento, no tiene carácter de definitivo.
Además, la fiscalía de Franco Picardi está trabajando con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Sergio Rodríguez, en el análisis de los expedientes de las compras de la Andis a la droguería Suizo Argentina. El primer paso es precisar la normativa que rige para este tipo de contratos. Los investigadores tienen decenas de cajas de documentos secuestrados y una gran cantidad de archivos informáticos.
