En febrero de 2025, expertos y líderes internacionales se reunieron por primera vez para discutir los fundamentos científicos, soluciones y normativas que permitan un desarrollo sostenible de la inteligencia artificial (IA).
Este encuentro global subrayó la necesidad de abordar los dilemas éticos y legales que plantea esta tecnología, un tema que también está generando debate en México, donde aún no existe una estrategia nacional definida.
Según el académico Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es crucial establecer normas que limiten los riesgos de la IA y potencien sus oportunidades.
Argumentos detrás del discurso del académico
De acuerdo con Salazar, la IA no es un concepto nuevo, ya que desde mediados del siglo XX se buscaba que las máquinas emularan el razonamiento humano. Sin embargo, en 2022 se produjo un avance significativo con la aparición de modelos generativos capaces de crear texto, imágenes y sonido a gran velocidad.
Este desarrollo ha llevado a reflexionar sobre sus implicaciones éticas y legales. Según explicó el académico, Estados Unidos lidera el desarrollo de esta tecnología, aunque mantiene una política de “cero regulación”.
En contraste, Europa ha adoptado un enfoque basado en el riesgo, priorizando derechos como la privacidad y la protección de datos personales. Por su parte, China regula sus avances tecnológicos con una visión geopolítica, buscando posicionarse como líder global en IA para 2030.
En el caso de México, Salazar señala que el país se encuentra en una etapa inicial de discusión. Aunque desde 2020 se han presentado diversas iniciativas legislativas, ninguna ha prosperado.
El especialista advierte que si no se actúa pronto, México podría enfrentar problemas graves en el futuro. Además, destacó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incluye un capítulo sobre tecnología, lo que podría generar tensiones si México intenta adoptar un modelo regulatorio similar al europeo, ya que esto podría entrar en conflicto con la postura estadounidense.
El debate sobre cómo regular la IA en México no es nuevo. Entre 2016 y 2017, el país fue pionero en abrir la discusión sobre la importancia de esta tecnología. Sin embargo, Salazar subraya que cualquier intento de regulación debe partir de preguntas fundamentales: ¿por qué regular la IA y qué aspectos de ella deben normarse?
Mientras algunos argumentan que una regulación excesiva podría frenar el desarrollo tecnológico, otros advierten que la ausencia de normas claras podría derivar en abusos y desigualdades. Según el académico, es necesario establecer reglas que protejan a los ciudadanos sin desalentar la inversión tecnológica.
Salazar propone que cualquier marco regulatorio en México debería basarse en tres pilares fundamentales. El primero es la ética y la transparencia, asegurando que los algoritmos sean explicables y libres de sesgos discriminatorios.
El segundo es la protección de datos, garantizando la seguridad de la información personal utilizada por la IA. El tercero es la supervisión y la responsabilidad, con mecanismos que prevengan abusos y aseguren la rendición de cuentas.
Además, el especialista considera indispensable definir qué se entiende por inteligencia artificial, ya que algunos desarrollos se comercializan bajo esta denominación sin cumplir con los criterios técnicos.
La IA ha transformado sectores como la salud, la educación, la industria y la seguridad en México. Su implementación ha crecido rápidamente, con aplicaciones que van desde diagnósticos médicos hasta la optimización del tránsito urbano. Sin embargo, Salazar advierte que su uso también implica riesgos significativos, como la violación de la privacidad, la discriminación algorítmica y el desplazamiento de empleos. “La IA puede mejorar la calidad de vida, pero también generar desigualdades si no se regula adecuadamente”, afirmó.
Uno de los principales peligros es la falta de transparencia en los algoritmos, lo que podría llevar a decisiones sesgadas sin posibilidad de apelación. Además, tecnologías como el reconocimiento facial podrían vulnerar derechos fundamentales, especialmente en un contexto donde la protección de datos sigue siendo un desafío. Salazar también destacó que la falta de acceso a esta tecnología por razones económicas o de infraestructura podría aumentar la brecha de desigualdad en el país.
El especialista enfatizó que, en lugar de prohibir la IA, lo mejor es controlarla y orientarla hacia un uso positivo. “La tecnología debe verse como una aliada, no como una enemiga”, señaló. Asimismo, expresó su esperanza de que México pueda desarrollar sus propias tecnologías en el futuro, formando una generación capaz de aprovechar estas innovaciones para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y económico con inclusión social.
El debate sobre la regulación de la IA en México sigue abierto. Las decisiones que tome el Congreso de la Unión en los próximos años serán cruciales para definir el rumbo del desarrollo tecnológico en el país y su capacidad para enfrentar los desafíos éticos, legales y sociales que plantea esta poderosa herramienta.
