Miguel Galán, presidente de la Asociación Transparencia en el Deporte, afirmó en la red social X que la apertura del expediente al actual presidente de LaLiga, Javier Tebas, podría derivar en su inhabilitación por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Este procedimiento surge, según consignó Europa Press, tras la denuncia presentada por Galán, motivada por la divulgación pública de datos financieros del FC Barcelona que, de acuerdo con su acusación, vulnerarían el deber de confidencialidad exigido a Tebas en su cargo.
De acuerdo con lo informado por Europa Press, el TAD notificó formalmente la apertura de este expediente sancionador después de recibir la denuncia no solo de Galán sino también de un socio del club catalán, admitiendo que ambas cumplían los criterios para su evaluación. El origen de este proceso se remonta a la decisión de LaLiga —organismo presidido por Tebas— de hacer públicos diversos detalles sobre la situación financiera del FC Barcelona, acción que había sido previamente criticada por la directiva del club.
La denuncia tiene como antecedente directo la anulación por parte de LaLiga, el 2 de abril, de la venta de 475 palcos VIP del Spotify Camp Nou, que representaban una inyección de 100 millones de euros para el Barcelona por concepto de lo que denominó “palanca financiera”. Según detalló Europa Press, esta invalidación surgió a raíz de una auditoría realizada al club tras el cambio de empresa auditora: Crowe Global pasó a encargarse del proceso en lugar de Grant Thornton y no reconoció esta operación como ingreso correspondiente al año 2024. Este criterio fue determinante para que LaLiga decidiera descontar ese monto del límite salarial del club, alejándolo de la regla del 1:1 vinculada al juego limpio financiero.
La publicación de estos detalles financieros se sustentó, según reportó el medio, en la aplicación de la Norma de Elaboración de Presupuestos (NEP), que rige los procedimientos internos en el fútbol profesional español. Con la información adicional recibida el 3 de enero, LaLiga procedió a exponer públicamente las cifras vinculadas al club catalán, al tiempo que solicitó la intervención del Consejo Superior de Deportes (CSD) para realizar un control específico ante el recurso de inscripción presentado para los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor.
El mismo medio detalló que el asunto se estancó parcialmente cuando el CSD comunicó, el 3 de abril, que la evaluación sobre el control económico corresponde únicamente a LaLiga y no a este organismo, puesto que carece de competencias para intervenir en ese tipo de decisiones. Por su parte, el FC Barcelona expresó su rechazo a la actuación de LaLiga, manifestando “sorpresa e indignación” por la aparición de una misiva pública emanada de la organización que desvelaba detalles de la operación de las salas VIP, en un estadio todavía no terminado. Según señaló el club, el hecho de hacer públicos los datos proporcionados en el marco de la relación institucional constituía una conducta impropia, tanto por divulgar información compartida bajo confianza entre ambas partes, como por revelar el contenido de decisiones internas de los órganos de LaLiga que afectaban al FC Barcelona.
La denuncia, presentada formalmente ante el CSD el 20 de octubre por Galán y un socio de la entidad blaugrana, puso en marcha el procedimiento que culminó con la apertura del actual expediente sancionador contra Tebas. El Consejo Superior de Deportes, según informó Europa Press, trasladó el caso al TAD al concluir que la denuncia reunía los requisitos exigidos. Ahora, el futuro de la presidencia de Javier Tebas se encuentra pendiente de la resolución que adopte el Tribunal Administrativo del Deporte.
Entre los fundamentos que sustenta Galán para solicitar una posible inhabilitación de Tebas, destacan similares antecedentes como la resolución que afectó a Ángel María Villar, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien anteriormente resultó inhabilitado tras ser considerado infractor del deber de neutralidad. Galán comparó ambos casos para justificar la medida de inhabilitación.
La situación provocó además reclamos públicos por parte de la directiva del FC Barcelona con respecto al tratamiento de sus informaciones confidenciales, especialmente en un contexto donde la relación contractual y financiera entre el club y la competencia debe regirse por la protección de datos internos y el respeto de las normativas de los organismos deportivos españoles.
El desarrollo de este expediente sancionador, documentado y confirmado mediante diversas comunicaciones formales entre los órganos implicados, se mantiene en proceso, quedando en manos del Tribunal Administrativo del Deporte la decisión final que podría influir directamente en la cúpula directiva de la Liga de Fútbol Profesional.
