No hubo sorpresa. Lo que las encuestas de opinión pública revelaban como una de las mayores preocupaciones de la sociedad argentina en la actualidad se vieron reflejadas en uno de los más respetados indicadores internacionales.
El ranking de percepción de la corrupción, que anualmente elabora Transparencia Internacional (TI), desde hace 30 años, no trajo buenas noticias. La Argentina retrocedió otra vez en la última medición, que corresponde a 2025. Obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100.
Lo que es considerado un mal endémico de nuestro país, que corroe instituciones, personas y bienes públicos y privados, como parte esencial del largo proceso de decadencia nacional, no ha mejorado durante la primera mitad del mandato presidencial de Javier Milei. A pesar de su promesa de cambiar de raíz muchas de las deficientes y degradadas estructuras, prácticas y funcionamientos políticos, económicos y sociales. Y aunque en muchos aspectos lo venga haciendo.
Lo que refleja el índice de Transparencia Internacional y que se corresponde con hechos concretos, escándalos de público conocimiento y decisiones de gobierno adoptadas en este período es que la transparencia de la gestión pública, que tuvo su período más oscuro durante los cuatro gobiernos kirchneristas, sigue arrojando un resultado altamente deficitario. Lo más preocupante, sin embargo, tal vez no sea eso sino que hay, en opinión de los expertos, preocupantes indicios de retroceso estructural, que podrían agravar la situación antes que revertirla.
La corrupción en la Argentina es, como ya se ha dicho reiteradas veces, un problema endémico, que se expande y no encuentra frenos, a pesar de algunas mejoras circunstanciales y de la adopción de medidas y la creación de organismos que en algunos períodos dieran marco institucional en busca de mayor transparencia.
Las líneas de tiempo son elocuentes. En los últimos seis años el país volvió a deslizarse sostenidamente por el tobogán, luego del ascenso registrado en el trienio 2016-2019 y después de los pronunciados aplazos de los períodos krichneristas.
Por eso, además de los recientes y preocupantes escándalos que rozaron y rozan al actual gobierno, como el caso $Libra, lo ocurrido en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), o el pago de sobreprecios por parte de la empresa que controla las centrales nucleares y que terminó con la renuncia del economista y amigo de Milei, Demian Reidel, lo más inquietante resulta lo ocurrido en el plano normativo y funcional.
Las limitaciones impuestas por un decreto presidencial a la ley de acceso a la información, en septiembre de 2024 marcaron el comienzo de un camino que hasta aquí concluye, pero no termina, en el retroceso registrado en el ranking de Transparencia Internacional.
Esa limitación, a juicio de expertos como Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, que es la representación argentina de TI, tiene una significación superlativa, ya que se considera que su creación en 2016 fue oportunamente el gran motor de la mejora registrada en el ranking, durante la gestión de Mauricio Macri.
Otro tanto ocurre actualmente con la declinante actuación, parálisis, vaciamiento o descabezamiento de organismos de control y persecución de hechos irregulares, como la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación o la Unidad de Información Financiera.
A eso debe sumarse, y en lo más alto de la pirámide, la situación del Poder Judicial, cuyas falencias y debilidades lejos han estado de ser subsanadas, sino que en buena medidas se han ahondado.
Solo basta con tomar en cuenta la falta de acción efectiva para cubrir las vacantes en la jurisdicción, que van de más 150 hasta tres centenares, según qué cargos se contemplen. Para no hablar de la frustrada intención de llevar a la Corte Suprema de Justicia a uno de los jueces federales más cuestionados como Ariel Lijo, en cuyas manos acaban de recaer algunos de los casos más resonantes de corrupción ocurridos durante la actual gestión.
Al mismo tiempo, resulta seriamente preocupante y motivo de reproche también en este plano el hostigamiento y el ataque sistemático contra el periodismo ejercido desde lo más alto del poder político. El trabajo periodístico ha sido en los últimos 30 años, y sigue siéndolo en la actualidad, el punto de partida de la mayoría de las investigaciones judiciales y condenas en casos relevantes de corrupción.
Así, los intentos de control, silenciamiento y censura que derivan de esa sostenida embestida, propiciada y amparada desde la cima del Poder Ejecutivo, no pueden entenderse sino como otro retroceso en materia de transparencia, además de una vulneración de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esa situación ha hecho que hoy nuestro país se encuentre bajo observación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y generado diversos pronunciamientos en el plano internacional.
El deterioro de ese andamiaje solo puede augurar, entonces, tiempos no menos difíciles en materia de transparencia y progreso, ya que solo el buen funcionamiento de las instituciones permite abrigar la esperanza de una reversión de este mal endémico que solo ha provocado el empobrecimiento material y moral del país de manera constante y sostenida hasta niveles inaceptables. Los recurrentes aplazos nos alejan de la recuperación deseada por todos.
La preocupación ciudadana o la buena voluntad de algún gobernante presuntamente iluminado y honesto nunca son suficientes ni soluciones duraderas. Como muestran las encuestas, la inquietud social tiene sesgos y es un alimento de la polarización. El corrupto siempre es el otro. Y, como la historia indica, el poder corrompe y el poder sin límites corrompe ilimitadamente.