Son excepcionales, aunque fueron en aumento desde la pandemia del coronavirus. Entre 2023 y lo que va de 2026 se registraron cuatro episodios de violencia ligada a las comunidades educativas. El más reciente ocurrió ayer en una escuela del departamento de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un adolescente ingresó armado con una escopeta de su abuelo materno, disparó a mansalva y mató a un compañero e hirió a otros dos. Pero al analizar los casos ocurridos desde el regreso de la democracia, el total de casos en aulas o derivados de conflictos escolares que incluyeron armas de fuego no llega a diez.
El primer antecedente documentado ocurrió en mayo de 1997, cuando un estudiante de 14 años robó el arma de su padre, integrante de la Gendarmería Nacional, y mató a un compañero en una escuela de la provincia de Buenos Aires. Aquella muerte inauguró un tipo de episodio hasta entonces inédito en América Latina y encendió la discusión pública sobre el acceso a armas en hogares con menores.
El siguiente caso ocurrió el 4 de agosto de 2000 en Rafael Calzada, donde un alumno de 19 años se presentó con un revólver calibre 22 en la puerta de la Escuela de Educación Media Nº 9 y disparó e hirió a dos compañeros; uno de ellos murió dos días después. La Justicia lo declaró inimputable tras peritajes psiquiátricos que describieron que había tenido un episodio psicótico. Ese expediente colocó por primera vez al bullying en el centro del debate público, a partir de testimonios y análisis producidos en la causa. A Javier Romero lo hostigaban por su carácter apocado y melancólico y le decían, cruelmente, “Pantriste”, como al dibujo animado creado por Manuel García Ferré.
El expediente judicial permitió establecer la secuencia central y cuál había sido el arma utilizada, y dio pie a recomendaciones de intervención temprana frente a situaciones de hostigamiento sostenido. El caso impulsó la creación de guías y protocolos en varios distritos, con atención específica a la convivencia escolar y a la derivación por riesgo.
El 28 de septiembre de 2004, en Carmen de Patagones, se dio uno de los casos más emblemáticos: un alumno de 15 años ingresó con una pistola Browning 9 mm perteneciente a su padre, que era suboficial de la Prefectura Naval, y abrió fuego dentro de un aula del Instituto Nº 202 Islas Malvinas, de esa ciudad del extremo sur bonaerense. Murieron tres estudiantes y otros cinco resultaron heridos. El autor de la masacre, Rafael “Juniors” Solich, fue declarado inimputable por su edad y luego diagnosticado con esquizofrenia; el caso motivó un duelo nacional y una jornada de reflexión en todas las escuelas.
La investigación y las medidas posteriores mostraron aspectos claves, con propuestas relativas al almacenamiento seguro de armas reglamentarias, la activación de dispositivos de salud mental y la necesidad de simulacros y protocolos de emergencia en colegios.
Hubo un hiato de casi dos décadas sin ataques letales en ámbitos escolares. En 2023 se registró un episodio de alto riesgo en Florencio Varela. Una alumna de 16 años llevó una pistola Bersa .380 y 150 municiones a la Escuela Secundaria Nº 26 de ese distrito del sur del conurbano bonaerense. La intervención de las autoridades permitió secuestrar el arma y derivar a la estudiante; su familia informó que estaba bajo tratamiento psiquiátrico.
El episodio volvió a situar el foco en el acceso doméstico a armas y en las señales de alarma que deben atenderse desde la escuela y en los equipos de salud. En ese distrito y en otros del Gran Buenos Aires se reforzaron comunicaciones con familias y equipos de orientación escolar y se solicitaron peritajes relativos a la aptitud de los adultos responsables de las armas.
En abril del año pasado, en Escobar, un grupo de estudiantes de 13 años organizó en WhatsApp un plan de tiroteo con referencias a armas disponibles en el entorno familiar. La denuncia de padres permitió la intervención de la Justicia, que dispuso medidas de restricción y allanamientos contra lo que se conoció como “la Pandilla del WhatsApp”.
La fiscalía del fuero penal juvenil del Departamento Judicial Zárate-Campana ordenó que los estudiantes involucrados en el macabro plan no regresaran a clases presenciales por un período y continuaran estudiando de manera virtual mientras se evaluaban indicadores de riesgo en relación con la posibilidad de que, efectivamente, pudieran pasar a la acción. El caso reactivó charlas preventivas en escuelas de la zona y puso en agenda la incidencia de redes sociales y mensajería en la escalada de amenazas entre pares.
El penúltimo caso se dio en la localidad de La Paz, Mendoza, en septiembre último. Una alumna de 14 años ingresó a la Escuela Marcelino H. Blanco con una pistola 9 mm que pertenecía a su padre, integrante de la policía de San Luis.
La menor realizó tres disparos al aire y se atrincheró en el patio hasta que equipos especializados y mediadores lograron la evacuación y el resguardo del resto de los estudiantes. No se registraron heridos.
La fiscalía penal juvenil de La Paz supervisó el procedimiento, mientras el Ministerio de Seguridad provincial activó equipos de intervención y revisó el circuito de custodia de armas de personal policial fuera de servicio.
Varios meses después, un celador del establecimiento educativo fue detenido, acusado de acosar a estudiantes. En la entrevista en Cámara Gesell posterior al episodio que la tuvo como protagonista, la chica manifestó que había sido víctima de abuso sexual y había mencionado al auxiliar de la escuela.
