Tras una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 57 dictó una medida de no innovar donde le ordenó al Banco Provincia de Buenos Aires que no realice ningún débito o descuento en la cuenta de una mujer jubilada, que fue víctima de una estafa virtual.
Así lo informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación (PGN), www.fiscales.gob.ar. La estafa comenzó cuando la víctima intentó realizar un reclamo ante la empresa VISA.
“En ese marco, buscó un número telefónico en el buscador Google, desde donde fue dirigida a conversar por WhatsApp con los falsos operadores de la tarjeta de crédito. En esa comunicación, los imputados le solicitaron datos personales, bancarios y fotografías de su DNI”, según informó el citado sitio de noticias.
La información fue utilizada por los implicados para ingresar a la cuenta bancaria de la mujer, solicitar un préstamo por 7.000.000 de pesos y luego transferirse eldinero, lo que dejó a la víctima con la cuenta vacía, pero con la obligación de pagar esa deuda que no solicitó ni consintió.
Además, los imputados crearon cuentas a su nombre en diversas billeteras virtuales y solicitaron otros préstamos en la plataforma “alprestamo.ar”.
Mientras avanza la investigación penal que lleva adelante la Fiscalía Criminal y Correccional N° 59 a cargo de Laura Belloqui, el Juzgado consideró que, frente al daño actual, progresivo y de imposible reparación ulterior, era necesario dictar una medida cautelar que proteja a la víctima y que suspenda inmediatamente los efectos del préstamo no solicitado.
En la resolución, se le ordenó al Banco Provincia la suspensión total de realizar cualquier débito, descuento o retención vinculada a la cuota del préstamo personal, así como tampoco puede realizar ningún devengamiento de intereses, punitorios y cargos financieros. Finalmente, se exigió a la entidad bancaria que se abstenga de realizar reclamos, gestiones de cobro o reportes crediticios negativos respecto a la jubilada.
