Se anunció un viernes, luego del cierre del mercado, hace un año. Ese 11 de abril de 2025 el sigilo fue tal que ninguno de los ministros convocados sabía que se terminaría informando que los argentinos podrían volver a comprar dólares libremente. Así comenzó el fin del cepo para las personas durante la gestión de Javier Milei.
En lo que anticipaba un lunes de nerviosismo, además, se iría a un nuevo esquema cambiario acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Luis Caputo, recibió desde EE.UU. el aval del organismo al nuevo programa con un emoji de Kristalina Georgieva. Le devolvió la gentileza con un abrazo virtual. Luego, hizo el gran anuncio a los argentinos.
Fue un hito político para el Gobierno. Sin embargo, la eliminación parcial de las restricciones cambiarias fue una singularidad para una gestión amante del shock. La cebolla, como describieron al cepo en el Banco Central (BCRA), se empezó a desarmar desde el arranque. Además, aún quedan limitaciones que pesan especialmente sobre las empresas, lo que todavía mantiene el debate acerca de si el dólar realmente flota o si el país exprime su potencial para atraer inversiones sin libertad total para los flujos de capitales.
LA NACION reconstruyó el largo camino para salir del cepo, que se fue limando desde fines de 2023 hasta el jueves pasado, cuando el BCRA quitó más regulaciones. Fueron, hasta entonces, 55 medidas relevantes (tres normas en 2023; 34 en 2024; 17 en 2025 y una este año) para la flexibilización y reordenamiento cambiario, lo que demuestra que se trató de un trabajo gradual, administrado y segmentado de la entidad que dirige Santiago Bausili. La mayoría fue eliminando restricciones, pero también hubo algunos retrocesos en el camino, sobre todo en momentos de altísima volatilidad política durante el año de elecciones de medio término.
Hubo, además, una secuencia que ahora luce clara. Primero, se buscó normalizar el comercio exterior (importaciones); luego, las deudas comerciales y financieras; más tarde, el reparto de las utilidades y dividendos de las empresas privadas, la exportación de servicios, el acceso de no residentes y, recién a mitad de camino, se llegó a las personas humanas.
Fuentes que participan de las decisiones acerca de la política cambiaria contaron a LA NACION que el camino a la eliminación del cepo seguirá su curso, pero que los grandes pasos —el fin de las restricciones a compañías— se darán cuando las “condiciones estén dadas”. ¿Cuáles son las principales? La evolución de la economía, la acumulación de reservas en el BCRA y el acceso al mercado internacional de crédito, entre otras.
“Vamos a seguir trabajando en reducir las cargas administrativas y burocráticas, y flexibilizando aquellos elementos que representen alguna fricción para el funcionamiento adecuado de la economía. Hoy, las personas humanas no tienen casi restricciones”, indicaron.
En el Gobierno destacaron a este medio que aspiran a llegar a esas metas en un contexto de aumento marcado del dinamismo del comercio, con exportaciones en niveles récord e importaciones en picos comparables a los que se vivieron en los últimos 20 años.
Sin embargo, como se ratificó el jueves, se mantendrán las normativas que prohíban los arbitrajes en el mercado y que terminen debilitando la acumulación de reservas. Es una lección aprendida a los ponchazos: en momentos de inestabilidad política, como cuando se requirió un salvataje de Donald Trump, resurge la brecha cambiaria y el mercado se lanza a la carrera de sacarle dólares al BCRA.
“Hoy, lo que no podés hacer es comprar dólares al oficial para comprar títulos en dólares. Eso es arbitrar. No nos convence liberar eso todavía”, afirmó un integrante del equipo económico. Es una pista inequívoca sobre el futuro de las restricciones.
Esta decisión, de hecho, se profundizó el último jueves. El BCRA anunció ese día que ampliaría los plazos para la liquidación de divisas y facilitaría a las empresas los pagos financieros y la toma de coberturas para exposiciones en moneda extranjera distintas del dólar.
Además, eliminó el límite de US$50 (países limítrofes) y US$200 (no limítrofes) que regía para extracciones en el exterior con tarjeta de crédito, que ahora quedarán sujetas únicamente al tope definido por cada banco. Todo quedó registrado en la Comunicación “A” 8417, publicada casi para el aniversario de la quita del cepo a la compra de dólares para personas humanas.
Un día antes, frente a ejecutivos de finanzas en el NOA, el viceministro de Economía, José Luis Daza, había respondido la pregunta sobre cuándo se eliminarían los restos del cepo cambiario que aún afectan a empresas. “Todavía quedan restricciones que están, básicamente, centradas en dos componentes. Una tiene que ver con personas y las limitaciones que tiene la remisión de dólares al extranjero, por cosas personales, y la otra tiene que ver con los dividendos acumulados por empresas que tuvieron utilidades y que no las pudieron sacar hasta ahora”, dijo. Remarcó que eso se terminó en 2025 y que este año ya se distribuyeron dividendos por US$1000 millones.
“El timing va a estar determinado por la evolución de la economía, de la acumulación de reservas, por el acceso al mercado y por un conjunto de otras medidas”, dijo el viceministro. Luego, agregó: “Estamos absolutamente convencidos de que es muy importante avanzar en esa dirección. Lo vamos a hacer, lo queremos hacer (…) Soy un convencido de que tenemos que ir hacia la libertad cambiaria total”.
El Banco Galicia publicó en los últimos días una comparación entre lo que dejó el levantamiento del cepo de Milei y el de Macri, antes de las corridas. El paralelismo evidenció que aún quedan más limitaciones al flujo de capitales que entonces. Entre ellas, la prohibición a las empresas de la compra de dólares para atesorar y restricciones para el pago del capital de las deudas intercompany. También que la compra de dólar ahorro es libre, pero se pide una declaración jurada para no operar títulos por 90 días (caso contrario quedan inhabilitados el MEP y el CCL o viceversa); queda aún un parking de un día para las empresas; o que los giros de dividendos antes de 2025 siguen bloqueados. Hay otras, como la restricción cruzada (Comunicación “A” 7030), aquella al MEP/CCL al tener caución tomadora o un plazo distinto para el acceso al mercado de cambios para el pago de compras al exterior.
El camino libertario
Más allá de lo que falta, lo que se hizo fue un enorme trabajo de desmalezamiento. Las primeras decisiones apuntaron a normalizar el comercio exterior, cerrado con el cuarto kirchnerismo. Se eliminaron trabas operativas como el esquema SIRA/Sirase, se ordenaron los pagos de importaciones en cuotas y apareció el instrumento para estructurar buena parte de la transición: el Bopreal, un bono en dólares pensado para canalizar la deuda comercial acumulada sin generar una presión sobre las reservas.
El Gobierno no abrió el mercado cambiario al comienzo porque, primero, necesitaba descomprimir el stock heredado y evitar un salto desordenado en la demanda de dólares. Más adelante, se flexibilizaron pagos de importaciones, se habilitaron excepciones para sectores críticos como energía, medicamentos y bienes de capital, mejoraron plazos y empezaron a ordenar la deuda comercial y financiera de las empresas.
La arquitectura regulatoria mantuvo siempre válvulas de control. Siguen los plazos mínimos para ciertas operaciones, condiciones específicas para el acceso de empresas, regulaciones sobre el mercado financiero y nuevas exigencias informativas para operaciones con títulos en moneda extranjera.
En algunos casos, incluso se agregaron controles en lugar de eliminarlos, lo que reforzó la idea de un esquema híbrido. El acceso irrestricto para las empresas privadas quedó todavía condicionado en varios casos: el flujo de utilidades y dividendos tiene todavía reglas específicas (lo mismo que el stock) y la dinámica del sistema sigue atada a la acumulación de reservas del BCRA, que recién se fortaleció durante este año, con sobresaltos.
Antes del viernes pasado, la última medida de la serie, ya en 2026, era ilustrativa de esa etapa: no era un cambio de régimen, sino un ajuste técnico que flexibilizaba condiciones para la cancelación de deudas en moneda extranjera. El proceso sigue abierto, pero en una fase distinta, enfocada en los detalles y no en los giros trascendentales.
La eliminación del cepo es un trabajo en proceso. Tiene final abierto, condicionantes que nacieron de una peligrosa herencia y un debate en la superficie de la discusión económica sobre la secuencia elegida por el Gobierno. Además, abre un interrogante sobre el real impacto que tiene la sobrevida de parte de las restricciones de capital sobre las expectativas de inversión y estabilización. El aletargado y gradual ritmo con el que el Gobierno viene desarmando el cepo es, también, un signo de lo que representa un dólar sin control para la política argentina: es una alarma de incendio.