El Gobierno estableció un plazo de 60 días hábiles para que la ciudad de Buenos Aires y las provincias se inscriban para participar del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, que el Poder Ejecutivo creó meses atrás para facilitar el “saneamiento” de deudas provinciales. La medida fue plasmada a través del Decreto 171/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
El régimen fue creado en noviembre de 2024 y permite que los diferentes distritos tengan la posibilidad de incluir compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación para conseguir la cancelación de deudas, a través de créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.
Además, los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos pueden ser cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo entre Nación y cada uno de los distritos participantes, y permite como opción la posibilidad de que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional o las provincias, podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación, así como la entrega de bienes nacionales a las provincias, como tierras, empresas o rutas.
En su momento, Lisandro Catalán, entonces vicejefe de Gabinete, lo anunció como una medida para “hacer borrón y cuenta nueva” en las compensaciones entre las provincias y la Nación. “Desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas“, marcó.
En el nuevo decreto, el Gobierno indicó que se celebraron convenios con diferentes jurisdicciones y se logró sanear parte de las cuentas públicas, “sin perjuicio de que se continúa trabajando en la compensación de deudas recíprocas a los fines de cumplir con el objeto previsto en el citado decreto”. Asimismo, planteó que se considera conveniente establecer un nuevo plazo.
Para participar, el Ejecutivo determinó que las jurisdicciones deberán presentar documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que se proponen incluir en el régimen, mientras que los informes técnicos pertinentes de las jurisdicciones adherentes podrá ser presentada ante la autoridad de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2027.
“Los organismos y dependencias con competencia en la materia del Estado nacional deberán producir los informes técnicos pertinentes sobre la verosimilitud de las obligaciones que se pretenden incluir en el régimen, su cuantificación, la conveniencia de incluirlas, así como toda otra consideración que estime pertinente a efectos de ser evaluada por la autoridad de aplicación”, sostuvo.
Al momento de anunciarlo, meses atrás, desde el Gobierno afirmaron que se buscaba “caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”. “Uno de los pilares de nuestro gobierno es el ordenamiento de la macroeconomía y el equilibrio fiscal. La Nación no debe ser un corsé que impida el crecimiento de las provincias”, recalcó.
