Tras el fallido intento de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno nacional avanza en negociaciones con las universidades para impulsar una nueva norma que modifique, y no elimine, el esquema vigente. El objetivo oficial es volverlo financieramente viable y llevar alivio a las universidades públicas.
Según fuentes del Ejecutivo, la estrategia apunta a resolver en un solo movimiento la discusión presupuestaria y, al mismo tiempo, desactivar los frentes legales y judiciales abiertos, mediante la aprobación en el Congreso de una ley que reemplace a la anterior.
En ese contexto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron este miércoles 4 de febrero un encuentro con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Participaron Carlos Greco, integrante del comité ejecutivo, y Franco Bartolacci, vicepresidente del organismo que nuclea a las universidades públicas del país.
“Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando”, sostuvo Greco tras el encuentro. En la misma línea, Bartolacci señaló que, si bien “son muchos los temas que quedan por resolver”, la reunión significó “un paso en la dirección correcta”.
Desde el Gobierno describieron la reunión como una primera ronda de conversaciones destinada a sumar respaldo político e institucional a la iniciativa antes de su envío al Parlamento. Aseguran que el nuevo proyecto buscará garantizar previsibilidad fiscal y seguridad jurídica, dos de los puntos que aparecen como centrales en el conflicto con el sistema universitario.
“La reunión fue solicitada por el Gobierno. Nosotros fuimos a escuchar. La ley está vigente y, más allá de los planteos que se hicieron, lo que hay es una ratificación judicial en los últimos días de diciembre y distintas acciones judiciales que confirman que se trata de una ley que, si bien puede demorar en su implementación, está plenamente en vigencia”, explicó Oscar Alpa presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de La Pampa a LA NACION.
En el fallo de diciembre, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11, a cargo del juez Martín Cormick, sostuvo que el incumplimiento del deber normativo generaba “perjuicios graves de imposible reparación ulterior”, al advertir sobre la pérdida sostenida del poder adquisitivo del sector universitario.
Además, señalaba que la situación infringía derechos laborales protegidos por la Constitución y tratados internacionales y rechazaba el argumento de interés público del Gobierno. En efecto, el eventual ahorro fiscal tendría un impacto acotado, estimado en torno al 0,23 por ciento del PBI.
El conflicto universitario se intensificó a lo largo de 2024 y 2025 tras sucesivas movilizaciones de estudiantes, docentes y no docentes en defensa del financiamiento de las universidades públicas. En octubre de 2024, una marcha federal en defensa de la universidad pública, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias, reunió a cientos de miles de manifestantes en rechazo al veto presidencial de la ley de financiamiento, que había sido aprobada por el Congreso para actualizar el presupuesto universitario según la inflación.
Un año después, en septiembre de 2025, luego de que el Presidente vetara nuevamente la ley, sancionada por el Senado el 22 de agosto de ese año, se convocó otra marcha universitaria federal, el 17 de septiembre, acompañada de paros docentes y protestas en varias ciudades del país, bajo la consigna “Si hay veto, hay marcha”.
“Nosotros siempre estuvimos abiertos a conversar. Las marchas no fueron otra cosa que poner en agenda lo que estaba pasando. Con esta instancia se podrían resolver algunas cuestiones en el corto plazo y otras en el mediano, para darle sustento al sistema universitario y poder seguir trabajando en otros temas importantes”, sostuvo Alpa.
Por ahora, el CIN aguarda conocer los detalles de la propuesta oficial. “Lo que está sobre la mesa es la ley de financiamiento universitario. Entendemos que abarca todos los puntos previstos en esa norma y habrá que ver qué plantea el Gobierno en cada uno de ellos”, explicó Alpa a LA NACION.
Y añadió: “A partir de ahí se analizará el contenido, se hablará con los distintos responsables y se verá cómo avanzar, porque entendemos que esto debería implicar una modificación de la ley. Como se trata de una propuesta que todavía está en discusión, de nuestra parte tenemos que charlarla con los distintos sectores, analizarla y consensuarla antes de que se difunda públicamente“.
Al solicitar mayores precisiones a la Secretaría de Educación, LA NACION no obtuvo respuesta.
