El gobierno nacional derogó el primer artículo del Decreto 239, publicado el 8 de abril de 2021, en el que se instruyó a la Procuración del Tesoro para ser querellante en la causa por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del préstamo tomado en 2018, bajo la administración macrista. El documento está caratulado como “administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública” e implica acusaciones contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
A través del Decreto 87/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno ordenó a la Procuración del Tesoro cesar su intervención como querellante en la representación del Estado y declaró que la medida no significa su renuncia a “perseguir el recupero de los daños y perjuicios que eventualmente pudieran acreditarse”.
“En línea con la política que ha venido implementando esta gestión, corresponde priorizar un uso eficiente, eficaz y racional de los recursos públicos, evitando superposiciones de funciones e intervenciones que no respondan al área de especialidad técnica de los organismos o que puedan ser utilizadas para interferir en la actuación propia de otro poder del Estado con una finalidad de persecución política”, justificó y expresó que el Ministerio Público Fiscal se encuentra en “la mejor posición técnica para impulsar la investigación”.
El Poder Ejecutivo argumentó, además, que la causa fue archivada el 2 de febrero y la jueza señaló que las acusaciones “constituían discrepancias con las decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias”. En tanto, la parte denunciante apeló al fallo.
La orden de instruir a la Procuración para querellar en la causa había sido emitida por Alberto Fernández para “determinar a las presuntas y los presuntos responsables de los delitos de acción pública que en ese proceso se investigan y que podrían haber damnificado al Estado”.
En la causa quedaron implicado el expresidente Mauricio Macri; el entonces secretario de Finanzas, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne; y otros funcionarios.
El préstamo
En junio de 2018, el gobierno macrista firmó un acuerdo con el FMI que prestaba 50.000 millones de dólares a la Argentina y, a cambio, se implementaría un ajuste fiscal duro. Con el dinero, el expresidente se comprometió a fortalecer la economía reanimar la confianza de los inversores, intentando evitar, a la vez, el impacto de un ajuste fiscal más severo en las personas más vulnerables.
“Como lo hemos destacado anteriormente, se trata de un plan concebido e instrumentado por el gobierno argentino y que pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos”, indicó la directora por entonces gerente del FMI, Christine Lagarde.
Tras el acuerdo, el gobierno de Macri recibió, años después, una denuncia en la que se acusó a funcionarios de beneficiarse con la firma de esos convenios que permitieron a la Argentina tomar préstamos por 44.000 millones de dólares. El caso, a su vez, quedó en manos del Franco Picardi y de la jueza María Eugenia Capuchetti.