CÓRDOBA.- Este año Víctor Saldaño cumplirá 30 años en el corredor de la muerte. Aguarda una decisión sobre su destino en la cárcel Allan B. Polunsky, una prisión de máxima seguridad del sistema penitenciario de Texas. Si finalmente es ejecutado, será trasladado a unos cien kilómetros de allí, a la unidad de Huntsville. Por ahora parece una espera eterna.

Sin embargo, el abogado que lo representa legalmente en los Estados Unidos cree que aún es posible evitar que reciba la inyección letal. Aspira a lograr, el mes próximo, una respuesta para una revisión a fondo del caso por las “bajas capacidades mentales” del cordobés, detenido por un homicidio cometido en noviembre de 1995, cuando tenía 23 años recién cumplidos.

“Tiene problemas mentales, no debe estar donde está. Hoy es un enfermo mental, no es consciente de lo que le pasa. El estado de Texas debe hacerse cargo del daño que le produjo en estas décadas en el pasillo de la muerte. Ejecutarlo sería ir contra la Constitución de los Estados Unidos. Somos optimistas de que podremos convencer a la Corte Suprema para que sea enviado a la Argentina”, precisó a LA NACION el abogado Benjamin Wolff, designado por los tribunales estatales texanos como parte de la defensa penal poscondena.

En 2019, el máximo tribunal denegó la última instancia de apelación y no aceptó revisar el caso. La del deterioro determinante de la salud mental de Saldaño –que cumpliría criterios procesales de discapacidad intelectual, razón por la cual no puede ser ejecutado– puede ser la última carta.

Saldaño, el único argentino condenado a ejecución en la historia de esta pena en los Estados Unidos, está entre los presos que más tiempo llevan en el corredor de la muerte. En 2019 fue la última vez que su madre, Lidia Guerrero, y una de sus hermanas pudieron verlo. Desde entonces recibieron algunas cartas suyas; en una, incluso, les dijo que tenía cáncer de próstata, un dato que luego fue descartado por los abogados. Sus visitas habituales son pastores evangélicos y, ocasionalmente, personal del consulado argentino.

“La última vez que lo toqué, que lo abracé, fue durante los diez minutos que me permitieron quedarme a solas con él después de la primera condena a muerte, en julio de 1996. Estábamos en una habitación vidriada”, cuenta Guerrero a LA NACION. Poco antes de eso había saludado y pedido perdón en nombre de él a la esposa y al hijo de Paul Ray King, el vendedor de computadoras al que Saldaño, junto con el mexicano Jorge Chávez, había asesinado el 25 de noviembre del año anterior.

Guerrero afirma en que en la primera condena a muerte “hubo muchas injusticias”, pero de inmediato agrega: “Más injusto es lo que le pasó a King. A mi hijo lo crie de la mejor manera que pude; era un chico bueno, tímido, muy influenciable. Siempre con la idea fija de viajar por el mundo. Tenía una obsesión con eso”.

Cuando, en noviembre de 1995, Guerrero recibió una llamada de un abogado oficial para informarle que su hijo estaba detenido, llevaba siete años sin verlo. Le comunicaron que afrontaría un juicio por jurados y que podía ser condenado a muerte, y le sugirieron que buscara asistencia en la cancillería argentina.

En una carta, Saldaño les contó su versión de lo sucedido. Relató una “película de narcos”, dice su mamá. “No era la verdad. Describía a la policía rodeando una casa, buscándolos, y ellos defendiéndose a los tiros”, recuerda Guerrero. Recién dos años después de la primera condena ella le preguntó qué había pasado el día del crimen, por qué habían matado. “Nosotros no queríamos matar, queríamos el auto. Él nos quiso quitar el arma y nos asustamos”, le explicó.

El expediente judicial da cuenta de que el 25 de noviembre de 1995 Saldaño y Chávez abordaron a King, de 46 años, en el estacionamiento de un supermercado en Plano, Texas, cuando el hombre se subía a su auto para irse. Con un arma lo forzaron a subir al vehículo; lo llevaron a la zona del lago Lavon, en las afueras de la ciudad. Le robaron 50 dólares y un reloj (que fue encontrado en poder del cordobés cuando lo detuvieron) y lo mataron de cinco tiros.

Los fiscales calificaron el delito como capital murder (homicidio capital)”, que en Texas implica secuestrar a la víctima con un arma y asesinarla, delito castigado con la pena de muerte. El primer juicio fue en 1996; Chávez confesó su participación en el asesinato y el robo y fue condenado a prisión perpetua, mientras que a Saldaño le dictaron la pena de muerte por homicidio agravado. En ese proceso, Carlos Hairabedian fue el abogado argentino que acompañó a la madre de Saldaño.

Anulación y nueva condena

Esa primera sentencia fue anulada en 2000 por la Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando Texas –a través de su procurador general– “confesó un error” al reconocer que la sentencia estaba viciada por un testimonio basado en “estereotipos raciales”. La referencia la hizo el psicólogo Walter Quijano, quien dijo ante los jurados que la etnicidad de Saldaño (ser hispano) podía ser relevante para estimar su “peligrosidad futura”, basándose en estadísticas sobre la representación de ciertos grupos raciales en el sistema penal.

Guerrero no olvida que, durante el juicio, el psicólogo planteó que su hijo provenía “de una familia pobre de un país pobre” y que eso podía ser determinante para que fuera “peligroso a futuro”. Puntualiza que a partir del caso Saldaño “se revisaron otros en los que había intervenido Quijano” y que incluso recibió “cartas de familiares de otros condenados”.

El abogado Juan Carlos Vega, peticionario y representante de Saldaño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), subraya que ese testimonio “contaminó todo el proceso y violó derechos constitucionales fundamentales”, ya que un acusado no puede ser sentenciado a muerte sobre la base de su origen racial.

El letrado recuerda que la anulación por motivos racistas de ese juicio es “única” y que tiene un significado especial porque muestra que el sistema judicial norteamericano puede estar “influido por sesgos”, incluso en casos de condenas a muerte.

La anulación del juicio por parte de la Corte Suprema no implicó que Saldaño –que ya estaba en el corredor de la muerte, pero en la unidad de Huntsville– quedara en libertad, sino que se ordenó la realización de un nuevo juicio. Ese proceso comenzó el 16 de septiembre de 2004 y ratificó la pena de ejecución.

Problemas mentales

Durante las audiencias, el cordobés –que no aceptó ir vestido de civil y compareció con indumentaria de preso, pelo largo y barba– se masturbó frente al jurado. Vega asegura que “estaba desquiciado, con poco contacto con la realidad” y que “no estaba en condiciones de colaborar con la defensa”. Para el abogado argentino hubo incompetencia procesal, argumento que fue rechazado por la Corte distrital.

De la cárcel de Huntsville, Saldaño fue trasladado a la de Polunsky, donde desde 1999 Texas concentra a los condenados a muerte. El régimen de la prisión es de aislamiento extremo: los presos están en celdas individuales de dos metros por tres, con una cama de hormigón, un inodoro y una pileta. Algunos días salen durante una hora a patios también individuales. No tienen contacto con otros detenidos.

Incluso, en las décadas que Saldaño lleva allí, desaparecieron algunas posibilidades, como la de poder tomarle fotos. Los presos tampoco pueden hablar por teléfono; sí está permitido que reciban cartas, que son controladas antes de entregárselas. “Nunca recibió las fotos que le mandamos. Escribe cada tanto, a veces mejor, a veces peor. Cuando lo iba a ver era igual; al final se dormitaba, se desconectaba”, recuerda Guerrero.

En sus peores momentos de salud mental, Saldaño fue trasladado por un tiempo a la unidad psiquiátrica Jester IV, que integra el sistema penitenciario texano. “Está en Polunsky. A veces ha sido enviado a otra prisión donde hay más atención psiquiátrica y un hospital. Ahora está otra vez en Polunsky; está estable”, comenta Wolff.

Su oficina representa a Saldaño en recursos federales complejos, especialmente cuando se busca que la Corte Suprema de Estados Unidos intervenga. En 2019 el máximo tribunal denegó la última instancia de apelación y no aceptó revisar el caso.

Pesquisa socioambiental

El abogado norteamericano estuvo hace un tiempo en Córdoba con parte de su equipo de la Oficina de Recursos Penales y Forenses de Texas. Realizaron reuniones con la familia, conocieron los lugares donde había vivido Saldaño, las escuelas a las que había asistido y preguntaron en detalle por su conducta antes de que, siendo muy joven, se fuera del país.

A los 17 Víctor Saldaño dejó sus estudios en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y empezó a viajar “a dedo”. Se fue a Brasil para buscar a su padre (lo encontró y estuvo un tiempo con él) y siguió adelante. Con trabajos temporarios, recorrió América del Sur y Central, México y llegó a Nueva York, paso previo a Texas.

“Fuimos a la Argentina e hicimos una investigación que nunca se había hecho y que es clave para interponer una presentación de que no debe ser ejecutado por sus bajas capacidades intelectuales”, relata Wolff.

El año pasado, Wolff presentó varias solicitudes ante la Corte Suprema, entre ellas, una para extender el plazo para pedir la revisión del caso. Su reclamo fue aceptado. El letrado busca que el máximo tribunal de Justicia de los Estados Unidos examine una decisión de la Corte de Apelaciones Criminales de Texas que negó a Saldaño la revisión de reclamos constitucionales, como el de considerar que el cordobés cumple criterios de discapacidad intelectual, razón por la cual no puede ser ejecutado.

Sobre cómo está hoy, sostiene que “no habla mucho. Lee algunos libros que le llevan; tiene una radio y una tablet con accesos limitados, sin conexión a internet. Cuando sale al patio puede hacer ejercicios”.

Respecto de las visitas, indica que –“si no está castigado”– puede reunirse con su equipo legal sin restricciones, ver a su familia y a los pastores. Cada preso tiene una lista de personas autorizadas. Quienes lo visitan pueden depositar dinero en su cuenta para que compre golosinas, helados, pasta o sopa. A Saldaño, por ejemplo, le gustan las bebidas energizantes de color azul.

“Víctor ha sufrido enfermedades profundas de salud mental aun antes de ser detenido. Padecía esquizofrenia antes del crimen. A eso se sumó la tortura del corredor de la muerte, pero esa no es la causa de su enfermedad mental”, precisó Wolff.

De hecho, la CIDH, en su informe de fondo de marzo de 2017, concluyó que debían garantizarse condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y atención adecuada a su salud mental. Y pidió a los Estados Unidos que adoptara medidas para proteger su vida e integridad personal y que le brindara atención médica adecuada. Sus recomendaciones nunca fueron atendidas.