Tras la creación de una Oficina de Respuesta Oficial para desmentir “operaciones de los medios”, la senadora Patricia Bullrich explicó que se tratará de un organismo conformado por funcionarios que ya forman parte del Gobierno y no tendrá financiamiento aparte. En este sentido, también le consultaron si encuentra algún paralelismo entre la nueva entidad y Nodio -el observatorio estatal creado por el kirchnerismo- y tuvo una curiosa reacción.
“Si usted tiene una determinada información que dice que hubo un tiroteo en el que un policía le tiró por la espalda a una persona y la mató adrede, pero resulta que es mentira, esta oficina va a intervenir y así se podrá evitar que sea juzgado bajo homicidio agravado”, ejemplificó la exministra de Seguridad en LN+. Luego, el periodista Luis Majul le dijo que, en ese caso hipotético, un juez no se dejaría llevar por una fake news, a lo que respondió: “Estas cosas salen todo el tiempo. Es una respuesta objetiva, sin nombres”.
Acto seguido, Bullrich aclaró que la oficina tomará acción cuando se trate de “informaciones falsas” y no opiniones. “Si usted me dice que no le gusta cómo hago mi trabajo, me la tengo que bancar, esa es la libertad. Ahora, si alguien dice que yo pegué una cachetada en cámara y nadie lo vio, el organismo saldrá a decir que no fue así”, explicó.
La Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Porque solo “informar” no alcanza si la desinformación avanza sin…
— Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) February 5, 2026
En tanto, continuó: “También hay un tema que el periodismo hoy sufre: la velocidad con la que tiene que trabajar para sacar la noticia antes que otro y la competencia. Eso genera, muchas veces, salir rápido con algo que ni siquiera fue chequeado. Algunas veces con cosas complicadas. Además se puede corregir al mismo Gobierno”.
En otro tramo de la entrevista, se le consultó si la Oficina de Respuesta Oficial va a disponer de presupuesto o empleados y la senadora afirmó que estará integrada por funcionarios que ya están trabajando en el Poder Ejecutivo. “La creamos porque es una manera de que las respuestas no sean en tono personal y no tengan nombre, ni siquiera del Presidente, y que sean objetivas”, agregó.
A su vez, se le preguntó si la oficina tendrá alguna similitud con Nodio, el observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales fundado durante la gestión de Alberto Fernández que dependía de la Defensoría del Público y tenía como objetivo monitorear y “desarticular” presuntas noticias falsas. Al respecto, Bullrich destacó: “No me acuerdo cuál era”.
“Sí me acuerdo del Defensor del Público, que eso sí era una barbaridad porque defendía la ideología kirchnerista”, señaló después.
En su momento, Nodio generó un fuerte rechazó en la entonces oposición: el exmacrista Fernando Iglesias, que ahora fue nombrado por el Gobierno como embajador en Bélgica, y el legislador porteño Waldo Wolff (Pro) firmaron una denuncia contra la entonces titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, y sostuvieron que se trataba de una “comisaría del pensamiento”. Además, alertaron sobre «el posible avasallamiento sobre la libertad de expresión y libertad de prensa» y la vulneración de los principios y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos».
En esa ocasión, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) había cuestionado la creación del observatorio y declaró que implicaba un “riesgo claro para la libertad de expresión y la pluralidad de voces en el país”. “Pedimos una audiencia con las autoridades de la Defensoría para poder escuchar de primera mano las características de la iniciativa y expresar con franqueza nuestras opiniones al respecto”, añadió.
Ahora, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó preocupación por la creación de la Oficina de Respuesta Oficial y alertó por una potencial “dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle”. “Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública”, advirtió.
