A menos de 72 horas de que se encontrara el cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar, la investigación judicial por el faltante de propofol en el Hospital Italiano derivó en un expediente que expuso prácticas bajo la lupa. La causa avanzó sobre el presunto acceso irregular y consumo de medicamentos fuera de todo control médico.
En ese contexto, dos profesionales del servicio de Anestesia quedaron imputados y fueron llamados a indagatoria. En las mismas presentaciones se aclara que, al menos por el momento, la investigación no los considera narcotraficantes ni “dealers” en el sentido penal clásico, sino que indaga su presunta participación en la sustracción y utilización de esas sustancias fuera del ámbito asistencial.
Qué declararon los médicos imputados
Según informaron fuentes judiciales, los imputados son Hernán Boveri, anestesiólogo de planta, y Delfina Lanusse, residente de tercer año, quienes fueron indagados el 18 y el 25 de marzo, respectivamente.
En el marco de la investigación, se dispuso la prohibición de contacto entre ambos y la prohibición de salida del país, además de una serie de medidas de prueba que continúan en curso.
Durante su indagatoria, Boveri optó por no declarar, mientras que Lanusse realizó un descargo verbal y anticipó que también lo presentaría por escrito.
Según precisaron las fuentes, la residente hizo referencia a cuestiones personales y buscó presentarse como víctima, aunque ese planteo no aportó elementos sustanciales vinculados al eje central del expediente.
Qué pasó con los audios que circularon
En paralelo a la investigación, se difundieron audios que generaron repercusión pública. Sin embargo, las fuentes judiciales aclararon que esas grabaciones no forman parte de ninguno de los expedientes.
Además, indicaron que en esos registros se mencionan hechos que no fueron denunciados formalmente, por lo que no integran la prueba judicial en curso.
Cómo avanza la investigación
El expediente se inició el 23 de febrero y quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, con intervención de la Fiscalía N°49. La pesquisa apunta a determinar cómo medicamentos anestésicos de uso exclusivo hospitalario fueron sustraídos y utilizados fuera del ámbito asistencial.
En ese marco, se ordenaron allanamientos, se incorporó documentación y se dispusieron restricciones para evitar la reiteración de las conductas investigadas y reconstruir el circuito de los fármacos.
La causa aún no fue formalmente caratulada, aunque —según la evaluación preliminar— podría encuadrarse en la figura de hurto, con una pena máxima de dos años, o, de manera más probable, en la de administración fraudulenta, que prevé penas de hasta seis años de prisión.
El contexto detrás de la causa
De acuerdo a lo que consta en las denuncias, el caso no se limita al faltante de propofol, sino que abarca un posible esquema de consumo de anestésicos fuera del acto médico, sin indicación clínica ni monitoreo.
También se mencionan episodios que involucrarían a médicos en formación, con énfasis en la asimetría jerárquica dentro del sistema de salud como un elemento a considerar al momento de analizar responsabilidades.
En cuanto a las versiones que circularon públicamente, las fuentes fueron categóricas: no está acreditada la realización de fiestas sexuales, sino reuniones en domicilios privados en las que, siempre según la investigación, habría existido intercambio o autosuministro de ese tipo de medicamentos.
En paralelo, la muerte de Zalazar continúa bajo investigación como averiguación de muerte dudosa, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°6. Ese hecho fue el disparador que permitió detectar prácticas que, según los denunciantes, se desarrollaban sin controles adecuados.
