El juez federal Luis Armella abrió un nuevo capítulo en la causa que revisa la actividad de la financiera Sur Finanzas, en el que investiga transferencias con criptomonedas por parte de la firma de Ariel Vallejo, ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Fuentes judiciales indicaron que las medidas tramitan bajo reserva, pero dijeron que incluyen informes patrimoniales y pedidos a organismos internacionales.
Por estas horas, en la causa se revisa todo el material recabado en los operativos. Esta semana, el juez ordenó analizar el contenido de 14 celulares de los celulares secuestrados, sobre los cuales ya se hizo una extracción forense, incluido el de Vallejo.
De toda la documentación que la Justicia tiene entre sus manos, llamó la atención de los investigadores información relativa a una transferencia en particular, realizada en criptomonedas, mediante la cual se ejecutó la venta de un jugador de fútbol al exterior. La paga de esa operación no entró al país. Así lo informaron a LA NACION fuentes del caso, que no revelaron de qué jugador se trata.
Ahora, los investigadores buscan establecer si existieron otros contratos celebrados bajo esta modalidad y determinar posibles irregularidades en el manejo del dinero. “Se está intentando chequear si la operatoria se replicó en otros casos”, explicó una fuente del caso.
La causa se inició por operaciones realizadas con la financiera por el club Banfield, pero se fue ensanchando hasta abarcar una veintena de instituciones deportivas ligadas a la financiera y también a la AFA.
En agosto de 2022, Banfield se convirtió en el primer club del fútbol argentino en ejecutar una operación con activos digitales como moneda de pago cuando le vendió al Sao Paulo de Brasil a Giuliano Galoppo, hoy en River. La operación se realizó a través de la plataforma mexicana Bitso y con el activo USD Coin (USDC), que corre aparejado al dólar.
Celulares
Por pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el juez dispuso analizar el contenido de 14 de los celulares secuestrados hasta el momento.
El análisis, en manos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), es “global”, dijeron las fuentes; es decir, no se llevará a cabo ningún filtrado con palabras clave.
Entre los aparatos se encuentra el del propio Vallejo, que lo entregó voluntariamente, junto con su clave.
En paralelo a este expediente, se tramita el que se abrió con la denuncia del Gobierno por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto de $19.000 millones. Esta otra causa tramita en el juzgado de Federico Villena, por decisión de la Cámara.
