La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó hoy por unanimidad, con 53 votos afirmativos, una ley que establece beneficios fiscales para los vecinos afectados por el derrumbe de uno de los subsuelos del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en Parque Patricios.
La medida alcanza a las unidades ubicadas en la calle Mafalda 907, cuyos residentes debieron ser evacuados el pasado 3 de marzo tras el colapso de la losa del estacionamiento. El complejo habitacional fue desarrollado en el marco del plan ProCreAr por la empresa constructora Cosud.
Qué beneficios incluye
La norma aprobada hoy contempla una serie de alivios impositivos sobre el Impuesto Inmobiliario y la tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). En concreto, establece la condonación de las deudas correspondientes a las cuotas de marzo y abril de 2026, y una exención total del pago desde mayo hasta diciembre de este año.
Estos beneficios se aplicarán a todas las unidades funcionales y complementarias del inmueble afectado.
Además, la ley también incorpora medidas específicas para los propietarios de vehículos dañados durante el derrumbe. En estos casos, se dispone la condonación de la cuota 02/2026 del impuesto a las Patentes y la exención del pago entre marzo y junio de este año.
El texto aprobado también prevé que los pagos ya realizados —incluido el pago anual 2026— sobre períodos ahora eximidos sean reintegrados de forma directa a los contribuyentes. Para agilizar la devolución de los fondos, se los exceptuará del requisito habitual de verificación de deudas tributarias pendientes.
Desde la oposición pidieron sumar beneficios a los propuestos por el proyecto que presentó el oficialismo. “Si bien estos beneficios no alcanzan ni son suficientes para reparar el enorme daño producido por el derrumbe, son un paso significativo y una notable mejora en relación a la propuesta del Poder Ejecutivo. Vamos a seguir trabajando para que la respuesta del GCBA no sea parcial, sino integral, justa y acorde a la magnitud de lo ocurrido”, consideró Claudia Neira, Presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires.
Desde el derrumbe, los vecinos atravesaron semanas marcadas por la incertidumbre. Tras el colapso, el edificio fue evacuado y permaneció bajo custodia, con accesos restringidos. Con el paso de los días, se habilitaron ingresos sectorizados para que los residentes pudieran retirar pertenencias, mientras se multiplicaban los reclamos por falta de información y garantías sobre la seguridad estructural.
En paralelo, los vecinos comenzaron a organizarse, realizaron concentraciones y avanzaron en la búsqueda de asesoramiento legal, con la participación del estudio del abogado Fernando Burlando.
La Guardia de Auxilio dispuso el levantamiento parcial de la clausura preventiva en sectores considerados habitables. Luego, la Fiscalía PCyF N°31 autorizó un reingreso progresivo y condicionado, limitado únicamente a esas áreas.
Según aclararon las autoridades, esta medida no implica una habilitación total del complejo, y la zona directamente afectada por el derrumbe continúa vedada.
El Gobierno porteño, por su parte, puso en marcha un operativo de retorno con presencia de equipos técnicos y asistencia psicológica, y estableció que los vecinos debían consultar previamente los planos que delimitan las áreas habilitadas antes de ingresar.
