La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y la Junta Interna de ATE convocaron a una asamblea en el Hospital Garrahan para anunciar medidas de fuerzas en el marco del reavivado conflicto con el Gobierno Nacional por los sumarios y pedidos de despidos de delegados sindicales involucrados en una toma de la dirección del hospital pediátrico del sur de la Ciudad de Buenos Aires. La hoja de ruta que definirán los gremios combativos incluirá nuevas acciones dentro y fuera del establecimiento, un amparo en la Justicia para trabar los desafueros y el anuncio de marchar el miércoles al Congreso contra la reforma laboral.
“Nos quieren presentar como un grupo marginal cuando sabemos que venimos de un año de una lucha masiva, provocada por la destrucción salarial, que tuvo impacto real y obligó al Gobierno a otorgar un aumento del 61% que no quería dar. Ahora las autoridades buscan desarticular a las organizaciones que encabezamos esa lucha, en un contexto de problemas sin resolver en el hospital, con contratos precarizados y mayor presión sobre los trabajadores, por lo que vamos a impulsar una campaña en defensa del derecho a la protesta y contra despidos y suspensiones”, apuntó Alejandro Lipcovich, titular de la junta interna de ATE y uno de los que tiene pedido de despido, al igual que Norma Lezana, secretaria general de APyT.
De acuerdo a fuentes del Ministerio de Salud, el pedido de desafuero se fundamenta en “graves faltas disciplinarias”, entre ellas “la ocupación de oficinas, el bloqueo de áreas administrativas y la afectación del normal funcionamiento del hospital en momentos críticos de atención”.
La decisión se apoya puntualmente en un episodio ocurrido el 31 de octubre de 2025, pocos días antes del anunciado incremento de los sueldos por el cual el oficialismo había dado por cerrado el conflicto. Con el conflicto salarial aún abierto, los dirigentes señalados realizaron una toma de las oficinas de la Dirección Médica en reclamo por la decisión de descontarles los días de paro.
En total, son once las personas con pedido de cesantía de las 40 que habían sido sumariadas, que en otros casos deberán afrontar penalizaciones y suspensiones de sus actividades. En el caso de los diez delegados gremiales, la resolución del Consejo de Administración no es de ejecución inmediata. Si bien el oficialismo, a través de una publicación en redes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mostró una postura casi decretada respecto al desenlace del pedido del levantamiento de la tutela sindical (el paso previo al despido), el futuro de los acusados se definirá en el Juzgado Nacional del Trabajo N°32, según pudo saber LA NACION. De fallar en favor del oficialismo, las desvinculaciones tendrán efecto inmediato.
“Primero tiene que culminar el sumario. En la justicia laboral ya se están tramitando amparos y van a tramitarse más por la defensa del derecho a la organización y de rechazo a la persecución sindical. Finalmente, será la justicia laboral el ámbito donde se deberá definir una vez que comience el juicio de desafuero, que es lo que deberían hacer para poder aplicar sanciones a quienes somos delegados”, dijo Lipcovich, quien cuestionó el proceso interno de sumarios.
“Ni siquiera concluyó, sin embargo, las autoridades del Garrahan ya dieron por anunciadas las sanciones, lo cual muestra que ese proceso es una farsa, es decir, no hay derecho a la defensa”, señaló.
El nuevo foco del conflicto tiene al margen a los otros dos sindicatos del Hospital Garrahan y los cuales aglutinan casi la mitad de la planta de trabajadores del hospital: Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados de la Ciudad de Buenos Aires (Sutecba). Ambos han tomado distancia de la postura intransigente de sus pares gremiales y, a diferencia de estos últimos, durante el 2025 mantuvieron canales de diálogo abiertos con el gobierno por los incrementos salariales.
Desde la Junta Interna de ATE y APyT, en cambio, expresaron que la relación con las autoridades está rota y apuntaron otra vez contra el director Mariano Pirozzo. “Pirozzo jamás se prestó a ningún tipo de diálogo, no respondió ninguna de las notas que le enviamos, no concedió ninguna reunión y solo se limitó a actuar de facto, aplicando descuentos confiscatorios por ejercer un derecho constitucional como es la huelga. Fue partícipe de operaciones de desprestigio y calumnias contra los trabajadores, estuvo detrás de que no se nos llamara ‘ñoquis’ y de haber transformado a las redes del hospital, que antes eran un espacio institucional, en una especie de unidad básica libertaria”, dijo Lipcovich.
En este contexto, el plan de acción de los gremios confrontativos del Hospital Garrahan e identificados con la izquierda se oficializará mediante un comunicado esta tarde, una vez que culmine la asamblea congregada en el piso dos del hospital. “El miércoles vamos a marchar al Congreso contra la reforma laboral, que viene a legitimar este experimento que hoy nos están aplicando en el Garrahan. Luego haremos distintas protestas contra los despidos tanto dentro del hospital como en otros puntos de la ciudad”, adelantaron.
“Este ataque forma parte del mismo combo de lo que nos pasa en el hospital: además de un ajuste en salud y un vaciamiento del Garrahan, hoy vivimos una persecusión política con sumarios y amenazas de despidos y suspensiones, avalada y difundida por el jefe de Gabinete y por todo el gobierno de Milei”, planteó el Lipcovich tras la asamblea.
“Necesitan corrernos del medio a quienes encabezamos la pelea en 2025 y reconvertir el modelo de hospital para transformarlo en una empresa, con capataz prepotente y que maltrata al personal”, sostuvo Lezana.
En ese sentido, fuentes del Ministerio de Salud respondieron: “Se busca instalar la idea de ‘despidos’ y ‘crisis’ para generar conflicto y presión mediática, aun cuando la atención médica está garantizada y no hay faltantes de insumos que comprometan las prestaciones”.
Recordaron que solamente “se cesantearon once personas, 10 de las cuales son delegados gremiales. No existen despidos masivos. Las medidas adoptadas alcanzan a un grupo reducido de sindicalistas que fueron objeto de sumarios y cesantías tras hechos graves ocurridos dentro del hospital, con intervención administrativa y judicial”.
Y reiteraron, como días atrás, que se trata de un sector con “una identificación política clara” con la izquierda. La convocatoria al plan de lucha, sintetizaron, “coincide con el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. El hospital vuelve a ser utilizado como escenario para amplificar una agenda política nacional”.
