En su discurso en Davos, Milei insistió con la idea de que ya había implementado 13.500 reformas estructurales. Desde comienzos de la década de 1980 se publicó una enorme cantidad de estudios (incluido The Political Economy of Reform, editado en 1998 por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger junto a Mariano Tomassi) que contemplan más de una docena de áreas medulares que fueron objeto de revisión en el marco de esfuerzos sistemáticos de modernización y mejora de competitividad, entre ellas la laboral, que en febrero se debatirá en las sesiones extraordinarias. Se invierte así la máxima de Néstor Kirchner: “Olvídense de lo que digo, lo importante es lo que hago”. Para Milei, lo esencial parecen ser las palabras: cuanto más pragmático y flexible está obligado a ser, como ocurrió con el presupuesto en diciembre pasado y con la reforma laboral ahora, más ideológico y transformacional se vuelve su relato.
Sin embargo, este verano tiene el terreno despejado para por fin avanzar en su ambiciosa agenda. Aun en temas hasta hace poco prácticamente tabú y que en el pasado fueron motivo, como mínimo, de serias polémicas y, como máximo, de crisis de gobernabilidad, como los cambios en la institucionalidad laboral o la ratificación del acuerdo Mercosur-UE (que acaba de sufrir otro contratiempo con la decisión del Parlamento Europeo de consultar a la Justicia). Con una CGT dividida, carente de líderes reconocidos por la sociedad y sin una estrategia clara, sumado a que siempre hay un conjunto de gobernadores dispuestos a negociar con el Gobierno, Milei está en condiciones de llegar al discurso del 1º de marzo habiendo logrado objetivos muy relevantes.
La fragmentación, el letargo, la confusión y la crisis de representación que caracterizan al amplísimo y diverso campo opositor colaboran con este contexto. Esto abarca al peronismo y sus históricos aliados, a Pro (y otros grupos moderados críticos de las formas y de parte del contenido del programa de gobierno libertario), a los gobernadores que impulsaron el espacio Provincias Unidas, al radicalismo, a la izquierda dura y a otros pequeños segmentos progresistas democráticos intelectualmente valiosos y con capacidad para alimentar el debate de ideas, pero huérfanos de representación política.
Se trata de un contexto muy singular: de acuerdo con la mayoría de los sondeos de opinión pública, el Presidente y su gestión cuentan con un piso de aprobación para nada menor, bastante similar al resultado obtenido por LLA en el nivel nacional en las elecciones de mitad de mandato, pero aun así existe un segmento mayoritario de la ciudadanía con una mirada muy crítica respecto del actual estado de cosas.
De acuerdo con el monitor de humor social de D’Alessio-IROL/Berensztein, un 53% de los argentinos tienen una mala evaluación del Gobierno, la imagen positiva de Milei está en torno al 42% y, lo más preocupante, solo el 34% considera que su situación económica está mejor que hace un año (sin embargo, el 41% opina que el país está mejor, aunque ellos no puedan disfrutarlo). Si bien la inseguridad es la cuestión que más preocupa, los temas económicos tienen una importancia relativa fundamental. La incertidumbre respecto de la situación económica, la falta de propuestas para el crecimiento económico y los ajustes que está haciendo el Gobierno desvelan al 60, 54 y 52% de la gente, respectivamente. Tal vez más alarmante sea el hecho de que la inflación, que había caído notablemente hasta octubre pasado (solo el 37% la consideraba un problema significativo), hoy inquieta al 48% de la población. Todo esto pone de manifiesto que, si bien no aparecen líderes opositores con el prestigio, la legitimidad y la capacidad de comunicación para canalizar estas demandas, y que el oficialismo cuenta con la fortaleza del liderazgo presidencial más el aporte de otros dirigentes con muy buena imagen (como Patricia Bullrich, que supera incluso a Milei, o el propio Diego Santilli), existe un amplio espacio para capitalizar el rechazo o al menos el malestar que la situación económica produce en más de la mitad de la sociedad. Hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel se recuperó en los últimos meses luego de su profundo desgaste tras la confrontación con su compañero de fórmula: entre septiembre y diciembre su imagen positiva saltó de 29% a 38%. La prudencia y el silencio le resultan más convenientes que ser objeto de insospechadas especulaciones y rumores, cuando los desvaríos “destituyentes” distrajeron a un acotado segmento de la vieja política al ritmo de la corrida cambiaria.
En contraste, conviene destacar no tanto el apacible clima político de este enero (sin sesiones extraordinarias y con la ciudadanía tratando de metabolizar la sobredosis de naderías proselitistas que debió soportar durante el eterno año electoral), como que el diciembre pasado fue uno de los más tranquilos en muchísimo tiempo. Un 51% de la población coincide con ese diagnóstico, incluidos casi todos los votantes de LLA y, notablemente, la mitad de aquellos que sufragaron por candidatos de Fuerza Patria. ¿Los motivos? Para el 57%, los piquetes eran “políticos”, armados, no respondían a causas genuinas; solo un 20% cree que este sorprendente entorno se explica en el hecho de que el país está mejor. Como quedó de manifiesto con las fugaces y minoritarias manifestaciones de protesta luego de la detención del matrimonio Maduro por parte de las Fuerzas Armadas de EE.UU., parece haberse agotado una forma de hacer y concebir la política en el país.
Lo intrigante es que no surgen formas alternativas, superadoras, de canalizar las múltiples demandas que acumula la sociedad argentina y que, de continuar la inercia actual, pueden derivar en una fragmentación del heterogéneo espacio opositor de cara al proceso electoral de 2027, lo que facilitaría de forma decisiva la reelección de Javier Milei. La última edición de los indicadores de preferencias políticas de D’Alessio-IROL/Berensztein ayuda a comprender esta cuestión. Solo el 18% de los argentinos se identifican con LLA, apenas 2% más de quienes rechazan todo tipo de cercanía con el sistema partidario. Pro sigue siendo mucho más importante de lo que supone su alicaída presencia en el debate político: un 21% se siente “amarillo”. El radicalismo experimenta una situación similar, aunque más acotada: el 8% se identifica con el centenario partido. Por su parte, el peronismo y sus aliados siguen constituyendo la primera minoría, con el 26% de las preferencias, pero es evidente que están obligados a desplegar un gran esfuerzo en términos de alianzas si pretenden ser competitivos en la próxima elección presidencial. Si fuera este domingo, Fuerza Patria sacaría el 32% de los votos, muy parecido al resultado obtenido en octubre pasado. LLA obtendría el segundo lugar, con el 27% de los sufragios, mientras que el 17% votaría por un candidato de Pro. En segunda vuelta, como ocurrió en 2023, este predominio del electorado de centroderecha podría darle un nuevo triunfo a Milei, en especial si el votante radical y el de Provincias Unidas no encuentran una fórmula de consenso que los represente. De hecho, si el amplio espectro que rechaza a Milei fuera capaz de replicar lo ocurrido en Brasil en torno a Bolsonaro (cuando una amplísima coalición de sectores moderados y de izquierda democrática respaldó la candidatura de Lula), las próximas elecciones podrían ser mucho más competitivas de lo que sugiere la foto de la política en esta serena etapa estival.
No es la calma que precede a la tormenta, sino el resultado de una sociedad descreída y expectante que espera que la política le proponga una fórmula a medida de su diversidad.
