Las empresas argentinas enfrentan un escenario marcado por una demanda que se mantiene débil, una mayor competencia derivada de la apertura de las importaciones y una recuperación económica heterogénea entre sectores. El Gobierno de Javier Milei logró ordenar algunas variables macroeconómicas clave, pero ese proceso todavía no se tradujo en una cancha más nivelada para las empresas locales. En los hechos, la economía comenzó a moverse a dos velocidades: mientras algunos sectores avanzan con fuerza, otros —más ligados al mercado interno— continúan rezagados.
En ese contexto, la estructura impositiva que enfrentan las pymes permanece prácticamente inalterada, parte del denominado “costo argentino”, aun cuando el entorno en el que operan se volvió más exigente.
Es sobre ese telón de fondo que cobra relevancia un nuevo informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El Vademécum tributario argentino de pymes 2025 corrió el foco de la discusión tradicional sobre presión fiscal y puso el acento en la cantidad y complejidad de las obligaciones que debe administrar una empresa promedio.
El relevamiento muestra que una pyme argentina enfrentó el año pasado al menos 67 impuestos y regímenes a lo largo de un año. El número surge de la combinación de 37 tributos —18 nacionales, 8 provinciales y 11 municipales— y 30 regímenes de retención, percepción e información. Desde el IARAF aclaran que el estudio no mide cuánto se paga, sino cuántas obligaciones deben gestionarse, y advierten que, pese a la eliminación del impuesto PAIS en 2025, el entramado general prácticamente no se modificó.
Para el análisis, el instituto construyó una pyme modelo, organizada como sociedad de responsabilidad limitada (SRL), con empleados en relación de dependencia, establecimiento propio, flota de vehículos, consumo de servicios públicos, uso del sistema financiero y operaciones tanto en el mercado interno como en el comercio exterior. A partir de ese perfil, el informe detalla cómo la operatoria cotidiana activa múltiples tributos y regímenes administrativos.
Así, por ejemplo, la compra de insumos, la venta de productos en el mercado local y el uso de servicios básicos como electricidad, gas, agua, internet o telefonía involucran combinaciones de IVA, Ingresos Brutos, tasas municipales, impuesto al cheque y distintos fondos fiduciarios. A su vez, la importación de insumos y la exportación de bienes finales incorporan derechos específicos y tasas estadísticas, mientras que la tenencia de inmuebles y vehículos suma gravámenes provinciales y municipales adicionales.
Uno de los puntos más sensibles del relevamiento es el peso de los regímenes de retención, percepción e información. El Iaraf identifica 30 regímenes distintos, que no solo implican pagos anticipados, sino también una carga administrativa significativa. Estos mecanismos convierten a las pymes en agentes de recaudación o las obligan a cumplir con presentaciones periódicas ante múltiples organismos, elevando los costos de gestión.
La relevancia de este entramado se amplifica por el peso del segmento pyme en la economía. Según datos de Ucema, en la Argentina existen más de 515.000 pymes, que representan el 98% de las firmas empleadoras del sector formal. Estas empresas generan el 50% del empleo asalariado registrado y explican alrededor del 35% de la masa salarial formal, lo que las convierte en el principal sostén del mercado laboral privado.
Sin embargo, el contexto en el que operan sigue siendo adverso. De acuerdo con un informe de Equilibra, entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025 la actividad económica se mantuvo prácticamente estancada en términos agregados, aunque con fuertes diferencias sectoriales. Solo 19 de los 55 sectores productivos lograron expandirse, mientras que los restantes 36 se contrajeron. La recuperación estuvo liderada por sectores capital-intensivos y con bajo peso pyme, mientras que las actividades más dependientes del mercado interno continúan rezagadas.
Al mismo tiempo, la apertura comercial profundizó la competencia externa. Equilibra señala que, en 16 de los 20 sectores productores de bienes transables que redujeron su producción, las importaciones ganaron participación en el mercado interno. La mayor competencia externa impacta con más fuerza en empresas de menor tamaño, con estructuras de costos menos flexibles y mayor dependencia del consumo local.
El impacto sobre el empleo completa el cuadro. Según un informe de Econviews, entre octubre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 182.000 puestos de trabajo privados registrados. Los sectores que lideraron el crecimiento de la actividad no fueron los principales generadores de empleo, mientras que la industria y la construcción, más intensivas en mano de obra, concentraron buena parte de la destrucción de puestos. En ese contexto, el peso de los costos fijos —entre ellos los tributarios y administrativos— adquiere mayor relevancia para las pymes, que operan con menor escala y menor capacidad de absorber shocks.
Este contraste se vuelve más visible al observar el sesgo de las políticas de incentivo vigentes. El Gobierno impulsó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ofrece beneficios fiscales, impositivos y cambiarios a proyectos de gran escala, concentrados casi exclusivamente en energía y minería. Se trata de sectores con alto potencial exportador, pero bajo peso relativo en empleo y entramado pyme. Mientras esos proyectos acceden a un esquema de estabilidad y alivio tributario, las pymes continúan operando bajo un sistema complejo y fragmentado, sin cambios estructurales en la carga administrativa que enfrentan.
En paralelo, el Gobierno decidió postergar la prometida reforma tributaria con la que planeaba reducir la carga impositiva sobre la economía. La iniciativa no fue incluida ni en las sesiones extraordinarias de diciembre ni en las de febrero. Según admitieron en el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, en conversaciones con empresarios, no se discutirá durante 2026, dado que no ven margen para eliminar más impuestos sin poner en riesgo el superávit fiscal, principal ancla del programa económico.
En contraste, el Ejecutivo sí tiene previsto avanzar con una reforma laboral, orientada a reducir el costo de contratación y el pasivo asociado a eventuales juicios. Dentro de ese paquete, el Gobierno analiza la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), aún en elaboración, que buscaría ofrecer beneficios fiscales acotados —como amortización acelerada y devolución de créditos fiscales de IVA— para inversiones productivas de empresas nacionales y extranjeras de menor escala, con montos mínimos diferenciados según el tamaño de la firma. Se trata, por ahora, de una herramienta en etapa de diseño, sin reglamentación ni impacto inmediato.
Para muchas pymes, sin embargo, incluso estos eventuales alivios resultan insuficientes frente a un sistema tributario que sigue siendo complejo y fragmentado, más aún cuando provincias y municipios reforzaron la recaudación vía Ingresos Brutos y tasas locales, profundizando la superposición de cargas.
Mientras la macro se ordena, la microeconomía aún opera con un sistema que no se simplifica. Para las pymes, que concentran la mayor parte de las empresas y del empleo del país, el desafío no es solo producir y competir en un mercado más abierto, sino también administrar un entramado de que suma 67, entre impuestos, tasas y regímenes que atraviesa todos los niveles del Estado.
