Ante la falta de liquidez para afrontar los sueldos de los empleados municipales, la intedencia de Sauce de Luna tuvo que pagar parte del sueldo de los empleados municipales con un vale alimenticio este mes.
En rigor, confirmó el intendente peronista Alcides Alderete a LA NACION, sin fondos en la caja municipal, reemplazó un bono no remunerativo de $30.000 que pagaba como complemento de los salarios con un ticket canasta de $50.000. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, dijo a este medio.
El intentente peronista afirmó que cuando asumió, en diciembre de 2023, la localidad entrerriana era “la Franja de Gaza”. Sin embargo, hasta la actualidad decidió aumentar un 300% los salarios municipales, ya que los sueldos venían, justificó, muy retrasados. “Esta es una ciudad muy pobre. No hay actividad privada. El que no trabaja en el colegio, la policía, el hospital, es empleado municipal. No hay salida laboral”, contó el intendente.

Entre coparticipación nacional y provincial, Sauce de Luna recibe unos $167 millones mensuales, dijo. Con esos fondos, se hace frente a los salarios de 60 empleados, 58 jornalizados, y otros trabajadores contratados, además de pagar la obra social, la caja jubilatoria y los seguros de riesgo de trabajo.
Días atrás, se juntó con el gremio y explicó que la “coparticipación venía baja”. Aclaró que el 94% de la población no pagó el impuesto municipal, pese a que no se cortó ningún servicio. “Nadie paga un impuesto; todos eligen comer”, explicó. Antes de cortar el diálogo por la falta de fondos, ofreció que el bono no remunerativo que ya estaba pagando por $30.000, además del sueldo, fuera reemplazado este mes por un vale alimentario de $50.000. “Es un paliativo; tengo la esperanza de que cambie el mes que viene”, explicó.
Dijo que hubo “muy buena recepción” por parte de las autoridades provinciales. El gobernador de Entre Ríos es Rogelio Frigerio, con el que el intendente dice tener buen diálogo. La liga de intendentes peronistas, sin embargo, le habrían presentado un documento con cinco puntos por la complicada situación financiera que viven muchos de ellos. Uno de los puntos, contaron, pedía auxilio a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Otra de las posibilidades, aún no explorada, sería un adelanto de la coparticipación.
“Hay buena voluntad”, dijo el intendente y aclaró que se presentó además una nota el 18 de marzo, que fue ratificada el martes pasado ante la gobernación. Más precisamente, ante la Secretaría de Asuntos Municipales de la provincia. Allí se pidió nuevamente un “aporte para oxigenar” el presupuesto.

“No es culpa del gobernador; el Presidente no responde a las necesidades de la gente”, cuestionó Alderete la política de asfixia presupuestaria de Javier Milei, pese a que afirmó que nunca tuvo la intención de confrontar.
LA NACION consultó al gobernador de la provincia y también su ministro de Economía, Fabián Boleas, pero todavía no tuvo respuesta.
Pese a que el refuerzo de la intendencia entrerriana no es una causimoneda sino un vale para sustituir parte del sueldo no remunerativo que se estregaba a los trabajadores, vale el paralelismo -ante la falta de fondos- que fue la experiencia de “los Chachos” en La Rioja anunciados por Ricardo Quintela. Los bonos de cancelación de deuda (Bocade) fueron emitidos en 2024 por el gobierno riojano. Funcionaron como una cuasimoneda hasta fin de ese año.
Sin embargo, el gobernador -acérrimo crítico de Milei- reflotó en septiembre pasado la cuasimoneda provincial para aplicarla a dos programas que intentaban reactivar el turismo local. Así, anunció “Impulso Turístico 50/50” y “Previaje riojano Movete por La Rioja con Chachos”. Quintela está en default.
A fines de 2025, cuando los gobernadores impulsaron una ley para forzar una redistribución de los ATN, el Gobierno decidió hacer aportes a algunas provincias. Entre Ríos entonces embolsó $7000 millones. Sólo siete distritos fueron beneficiados. Durante todo el año, Entre Ríos, según un informe de Politikón Chaco, ya había recibido unos $19.000 millones.
“El Fondo de ATN totalizó en 2025 $948.036 millones (se conforma con un porcentaje de la masa coparticipable y del impuesto a las Ganancias, más un aporte fijo)”, dijo la consultora y agregó: “Por todo concepto, se repartieron entre las 15 provincias beneficiadas $207.500 millones. De esta forma, la ejecución fue de 21,9% en el año, ubicándose por encima del 2024 (7,3%) pero por debajo de 2023 (77,6%). En consecuencia, el remanente sin ejecutar (en pesos corrientes) es $740.536 millones”, explicaron.
En marzo, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más la Ciudad $5.050.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $3.995.000 millones enviados durante igual período del año pasado. “Es decir que se observó una variación nominal del 26,4%. Esto se traduciría en una baja real del 4,3%. La coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían descendido un 7,4% real”, afirmó el Iaraf.