El fallo judicial ha obligado a los progenitores de los adolescentes responsables a compensar a la familia de la menor asesinada con una indemnización de 360.000 euros, según consignó el Tribunal Superior de Justicia en un comunicado. La cantidad responde a la declaración de responsabilidad civil directa y solidaria de los padres, una decisión adoptada en el marco del proceso penal que siguió al asesinato de una joven de 15 años en Orihuela. El juzgado impuso además las máximas medidas contempladas para menores por este tipo de delito.
De acuerdo con la información publicada por el Tribunal Superior de Justicia, el Juzgado de Menores número 1 de Alicante determinó que los dos jóvenes acusados, que contaban con 16 y 17 años en el momento de los hechos, planificaron el crimen y ejecutaron la muerte de la adolescente en un acto premeditado el pasado 24 de noviembre de 2024. El fallo reconoce que ambos adolescentes mataron a la víctima, quien había sido pareja de uno de ellos, desarrollando un plan preconcebido para cometer el asesinato, según informó el Tribunal Superior de Justicia.
El asesinato se produjo tres días después de que la menor decidiera poner fin de manera definitiva a la relación sentimental. La sentencia sostiene que los acusados esperaron a la joven en un callejón ubicado en una zona costera de Orihuela, donde la sorprendieron y trataron de asfixiarla empleando una técnica conocida como ‘mataleón’. Ante su resistencia, uno de los autores utilizó un cuchillo para degollarla, relató el Tribunal Superior de Justicia.
Pese a la gravedad de las heridas, la menor logró desplazarse hasta la vivienda de uno de sus hermanos, distante aproximadamente 300 metros del lugar del ataque. Según detalló el comunicado citado por el Tribunal Superior de Justicia, la joven se desplomó en la entrada de la casa y su hermano la transportó de inmediato a un centro hospitalario. El personal médico no logró salvarle la vida: la víctima falleció minutos después de ser ingresada, mientras era llevada al quirófano.
La resolución judicial impone a los dos jóvenes una medida de ocho años de internamiento en régimen cerrado, la máxima prevista para menores en situaciones de este tipo, a la que se suman cinco años de libertad vigilada tras cumplirse la privación de libertad, de acuerdo con lo que reportó el Tribunal Superior de Justicia. Esta tipificación tiene el objetivo de garantizar la protección de la sociedad y de los derechos de las víctimas, en el marco de las leyes de responsabilidad penal para adolescentes.
En cuanto a la reparación del daño, la magistrada responsable incorporó en el dictamen la obligación para los padres de los condenados de responder económica y solidariamente por la indemnización fijada para la familia de la joven fallecida. Así lo estableció el juzgado, reconociendo la responsabilidad civil directa derivada de la comisión del delito por parte de sus hijos, según especificó el Tribunal Superior de Justicia.
El proceso judicial todavía puede continuar, ya que la sentencia permite a las partes presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante, informó el Tribunal Superior de Justicia. Este recurso podría solicitar la revisión de las medidas impuestas o del cálculo de la indemnización, añadiendo posibles desarrollos al caso, que ha centrado la atención en la jurisdicción alicantina por el impacto social del crimen.
La sentencia detalla tanto los hechos como la forma premeditada en que se produjeron, señalando la coordinación entre los dos menores para emboscar a la víctima. La joven, de 15 años, representaba el objetivo del plan ideado por los acusados, quienes actuaron en conjunto y con plena consciencia de las consecuencias de sus actos, según las conclusiones recogidas en el comunicado oficial del tribunal.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana insistió en la existencia de pruebas suficientes para acreditar que los jóvenes actuaron siguiendo un esquema planificado, lo que explica la determinación de las medidas máximas previstas en la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El juzgado tomó en consideración la secuencia de los hechos, las circunstancias que rodearon el ataque y la conducta posterior de los acusados al valorar la gravedad del delito.
El asesinato de la joven, cuya identidad se mantuvo bajo reserva, motivó también la adopción de medidas cautelares previas y la intervención de múltiples organismos de protección de la infancia y de justicia juvenil en la provincia de Alicante, según relató el Tribunal Superior de Justicia. El impacto del crimen llevó a la realización de actuaciones coordinadas entre los cuerpos de investigación policial y el sistema judicial, enfocadas tanto al esclarecimiento de los hechos como a la protección de los derechos de los implicados.
La resolución que dictó el Juzgado de Menores número 1 de Alicante refleja los estándares y las limitaciones propias del sistema penal juvenil en España, donde la privación de libertad para quienes no han alcanzado la mayoría de edad está regulada con carácter excepcional y sujetas a la supervisión de los órganos de protección especializados. El fallo subraya tanto la determinación de responsabilidades como la obligación de reparar el daño causado al entorno familiar de la víctima.
Según el comunicado del Tribunal Superior de Justicia, la familia recibió la notificación de la sentencia y de sus derechos a acudir a la vía de apelación, figura que forma parte del proceso penal para menores. El fallo, que reúne todos los elementos del proceso, quedará pendiente de firmeza hasta que se resuelvan los eventuales recursos presentados ante la Audiencia Provincial de Alicante, conforme a la normativa vigente.
El asesinato de la menor de 15 años en Orihuela, tal como informó el Tribunal Superior de Justicia, se convirtió en un caso de referencia en la jurisdicción de menores por la aplicación de las penas máximas previstas y por la declaración de responsabilidad civil de los progenitores, una medida que busca asegurar la reparación del daño a las víctimas, según quedó reflejado en la sentencia.
