El juicio por la muerte de la educadora social Belén Cortés presuntamente a manos de tres menores a los que asistía en un piso tutelado de Badajoz ha quedado este viernes visto para sentencia tras las tres sesiones a puerta cerrada celebradas los días 29, 30 y 31 en el Juzgado de Menores de la capital pacense en Ronda Norte.
La acusación particular, el abogado Raúl Montaño, que representa a la familia de la educadora, ha realizado modificaciones en sus conclusiones respecto a las pretensiones penales iniciales, de manera tal que, en relación a la participación en los hechos, va «de la mano» del Ministerio Público al considerar que dos de los menores actuaron como autores y un tercero como cómplice de asesinato, para lo que pide en los tres casos – al depender de la edad en el momento de los hechos – 6 años de internamiento en régimen cerrado.
En declaraciones a los medios tras la última de las sesiones, Montaño ha explicado que «al final» y vista la valoración de la prueba y todas las sesiones la acusación particular ha hecho modificaciones en cuanto a la autoría o participación de uno de los menores, con lo que han ido «de la misma mano» del Ministerio Público, por lo que la petición de pena para uno de los menores, en concreto la adolescente que entonces tenía 17 años, «se ha rebajado a seis años, por ese motivo». En el caso de la Fiscalía se piden 5 años.
«El delito que esta parte pretende es el de asesinato. Otra cosa es la participación de cada uno. Entonces, la participación entendemos que hay dos menores que corresponden a autoría, son autores, y la otra menor sería cómplice. Pero en cuanto al delito, la pretensión que tiene la acusación particular es la del homicidio agravado, en este caso asesinato», ha especificado, junto con que en el caso de los dos menores que considera autores pide 6 años.
Sobre dicho periodo de tiempo, ha matizado que las penas coinciden con la adolescente a la que considera cómplice porque en la Ley sobre la responsabilidad penal del menor, dependiendo de la edad a la fecha de comisión de los hechos, impone unas medidas u otras.
Al mismo tiempo y sobre la responsabilidad civil, ha indicado que «todas las partes han ido a que la única responsable civil en este procedimiento es la Junta de Extremadura» y «de la mano» en este sentido. «Entendemos que la responsable directa es la Junta», ha apuntado, junto con que la cantidad ronda los 600.000 euros.
Según Montaño, desde la Junta «evidentemente entiende que no es responsable civil y, en todo caso, habría que minorar a la baja la reparación del daño que pide esta parte en cuanto a la indemnización».
En relación a la Junta, según Montaño, «entiende que no es responsable directa» y que «por lo tanto, al no ser responsable directa y ser subsidiaria» la cantidad debe ser disminuida, a tenor de lo cual la parte que él mismo representa considera que «es directa».
DEFENSA DE UNO DE LOS MENORES
Por su parte, el abogado defensor por el turno de oficio de uno de los menores, José Duarte, ha señalado sobre sus conclusiones que, como ha ido anticipando, ha pedido una sentencia absolutoria respecto al homicidio para el menor que defiende, al entender que de lo practicado en el acto del juicio oral no se «ha acreditado, lógicamente, su autoría».
Tras estos tres días, su valoración es que estos hechos «se podían y se debían haber evitado», ante lo que ha considerado que «la Administración tiene que velar por los intereses de los menores» y, cuando se están poniendo por escrito «denuncias» o peticiones «de auxilio, de ayuda» y «poniendo en conocimiento tanta información durante tanto tiempo y no se hace nada» cree que «lógicamente, los que no lo pueden hacer son los padres, porque esos menores están bajo la guarda de la Junta de Extremadura, y el que no está bajo la guarda está recluido obligatoriamente».
«La responsable, pues, lógicamente yo entiendo que es la Junta de Extremadura. Es más, yo creo que los padres de estos menores, en su momento, podrían, lógicamente, exigir responsabilidades distintas a otras personas y/o personas jurídicas, porque, evidentemente, nunca deberían haber coincidido este perfil de menores en este recurso de la Junta», ha aseverado, para remarcar que «además eran unas medidas cautelares, ni siquiera eran unas medidas que hubieran puesto después de una sentencia». Así, ve que «hay otras medidas mucho más oportunas» que «no se adoptaron».
ABOGADO DEL PADRE DE UNO DE LOS MENORES
También ha hablado con los medios de comunicación Fernando Cumbres, letrado del padre del menor de 14 años a efectos de la responsabilidad civil, quien ha subrayado sobre esto último que han solicitado que se exima a los padres del pago de la responsabilidad civil. «Más que nada» y «sobre todo» porque «su cliente actuó diligentemente» e informó a la Junta y a Cerujovi, encargada de la gestión de los pisos tutelados, «de lo que había acontecido, de la fuga, del riesgo que había sobre su hijo y sobre los defectos de seguridad».
«Además, mi cliente no tiene ningún tipo de control de ningún tipo de clase respecto a su hijo. Por tanto, no podía vigilarlo, ni podía controlarlo», de manera tal que ven que «el deber in vigilando correspondía a la Junta de Extremadura, realmente a la empresa concesionaria delegada por la Junta» y que «son los responsables civiles directos y quien debe de pagar la indemnización a la familia de Belén en la totalidad que pide la acusación particular», al creer que «es justa y necesaria» para que sea «un acicate suficiente» para que en las administraciones no vuelvan a ocurrir hechos como este.
Para Cumbres, «la Administración debe cambiar los protocolos que son inexistentes o insuficientes y, de verdad, los medios de seguridad y de protección que tienen estos trabajadores». Al mismo tiempo, ha incidido en que, desde la Junta, se han remitido a un informe que han aportado de manera «sorpresiva» al inicio de las sesiones y según el cual han mandado correos electrónicos, han hecho llamadas y han mantenido reuniones.
«Me parece muy bien, pero desde luego es ineficiente, poco práctico. No se indica realmente qué es lo que se ha hecho y qué medidas o qué medios hay para poder evitar agresiones, para poder evitar situaciones de indefensión, para poder evitar fugas de menores o para poder evitar que un menor, como fue el caso del hijo de mi cliente, se marchara del centro y estuviera en una situación digamos de desamparo, no quiero entrar en ella, durante una semana», ha apuntado, para concluir que «eso es lo que no termina de explicar la Junta» y cree que debería haberse explicado y expuesto.
