La administración de Donald Trump avanza en una reorganización dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), una medida que podría transformar el funcionamiento de la agencia encargada de ejecutar las deportaciones en Estados Unidos. Las tensiones entre la Casa Blanca y el organismo crecieron en las últimas semanas debido a que no se alcanzaron las metas de arrestos que el presidente impuso.
La reestructuración en el corazón del ICE que planea Trump
El gobierno de EE.UU. planea reemplazar a varios jefes de oficinas de campo del ICE por considerar que no cumplieron los objetivos de detención, y varios medios, como Los Angeles Times, señalaron que los reemplazos llegarán desde la Patrulla Fronteriza.
“Se espera que las tácticas agresivas de la Patrulla Fronteriza, probadas en California, se expandan a más ciudades del interior a medida que la administración presiona para obtener cifras de deportación más altas”, señaló ese medio de la costa oeste.
Según NBC News, los principales asesores de Trump evaluaron con satisfacción las tácticas más agresivas de la Patrulla Fronteriza para asegurar arrestos, tales como descender en rapel en edificios desde helicópteros Black Hawk y saltar de camiones de alquiler en estacionamientos de Home Depot.
“La mentalidad es que CBP hace lo que se le dice y la administración cree que el ICE no está haciendo el trabajo. Así que la Patrulla Fronteriza lo hará”, dijo uno de los funcionarios a NBC News.
La meta de arrestos pretendida por Washington ascendió a 3000 por día. Pese al aumento de las operaciones, el promedio diario de detenciones no logró alcanzar esa cifra.
El resultado fue una creciente presión interna. Fuentes cercanas a las discusiones explicaron al medio citado que la administración comenzó a elaborar una lista de al menos una docena de directores que podrían ser reasignados en los próximos meses.
En total, el ICE cuenta con 25 oficinas de campo distribuidas en todo el país norteamericano. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, evitó confirmar los cambios, pero insistió en que la prioridad del Gobierno sigue siendo “remover a los criminales ilegales violentos”.
Las medidas se enmarcan en una estrategia más amplia impulsada directamente desde la Casa Blanca para triplicar el número de arrestos migratorios, un objetivo que refleja la intención de Trump de alcanzar un millón de deportaciones por año.
Para cumplir con ese mandato, el gobierno amplió los operativos y pidió la colaboración de otras agencias federales, lo que generó tensiones internas y cuestionamientos sobre la eficiencia del uso de recursos públicos.
Un sistema bajo presión: el crecimiento de las deportaciones en Estados Unidos
Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, el ICE deportó cerca de 200 mil personas, una cifra que lo coloca en camino de alcanzar el nivel más alto en una década, según datos citados por CNN en agosto.
Sin embargo, ese aumento no fue suficiente para cumplir los estándares exigidos por el mandatario, quien pidió un ritmo tres veces superior al actual.
El problema principal radica en los límites presupuestarios y logísticos. La administración reconoció que, sin fondos adicionales, resulta imposible expandir la capacidad de detención o adquirir más aeronaves para deportaciones masivas.
En ese contexto, el gobierno impulsó un proyecto de ley de reconciliación con miles de millones de dólares destinados a fortalecer la política migratoria, aunque aún no fue aprobado por el Congreso.
Mientras tanto, se decidió redistribuir recursos existentes. Unos 500 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) fueron desplegados en distintas ciudades para apoyar al ICE, junto con 600 efectivos de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), 300 del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y 300 del Servicio de Alguaciles de EE.UU. (US Marshals).
Además, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó la asistencia de 20.000 miembros de la Guardia Nacional para tareas de apoyo en la ejecución de detenciones.
