El centro de detención para inmigrantes “Alligator Alcatraz”, inaugurado el 1° de julio de 2025 por Donald Trump en Florida, está rodeado de controversias: desde su polémica ubicación en medio de los Everglades hasta las denuncias por condiciones precarias. En este contexto, la instalación, que se encuentra en los terrenos del antiguo Aeropuerto de Entrenamiento Dade-Collier, a unas 50 millas (80 kilómetros) al oeste de Miami, enfrenta dudas sobre su futuro.
La polémica tras la construcción del centro de detención “Alligator Alcatraz”
Con capacidad para más de 3000 personas, Alligator Alcatraz fue construido en pocas semanas como parte de una política federal de control migratorio impulsada por la administración Trump. Sin embargo, la rápida habilitación de las instalaciones generó preocupación entre ambientalistas, comunidades indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
La jueza federal Kathleen Mary Williams encabezó una audiencia para determinar si la construcción se realizó sin los estudios de impacto ambiental exigidos por la ley. Este asunto, iniciado el miércoles 6 de agosto, podría prolongarse varios días e involucra testimonios tanto de grupos demandantes como de funcionarios estatales y federales.
Apuntan a Alligator Alcatraz por una posible omisión de estudios ambientales obligatorios
De acuerdo con ABC News, el punto principal en disputa es si los responsables de la instalación omitieron deliberadamente procedimientos legales de evaluación ambiental. Grupos como Friends of the Everglades y la tribu Miccosukee, que habita en terrenos cercanos, afirmaron que el centro representa un riesgo significativo para la Reserva Nacional Big Cypress, una zona de alta sensibilidad ecológica.
Entre las especies en riesgo se encuentran la pantera de Florida, el murciélago bonetero, la cigüeña americana y el gavilán caracolero de los Everglades. Los demandantes sostuvieron que la construcción y operación del centro alteran directamente los hábitats de estos animales al incrementar el tráfico, la iluminación nocturna y el ruido en una zona protegida.
“La apresurada transformación del sitio en un centro de detención masiva plantea claros impactos ambientales”, se lee en un pasaje de la demanda, según lo retomado por Los Angeles Times.
Expertos en fauna, como Randy Kautz, argumentaron en su testimonio que el aumento de la actividad humana podría reducir hasta en un 19% el espacio disponible para las panteras, lo que afectaría sus patrones reproductivos.
“Ha habido una población reproductiva estable en esta zona, en este rango, al menos durante los últimos 30 años. Las panteras han prosperado y han residido aquí. Existe la posibilidad de que esto ponga en riesgo a esta especie”, enfatizó.
Por qué Alligator Alcatraz genera preocupación ambiental
La demanda señaló que la transformación del aeropuerto en centro de detención incluyó la instalación de unidades habitacionales temporales, sistemas de saneamiento, alumbrado industrial de alta potencia, generadores de energía diésel y asfalto nuevo. Todo esto fue ejecutado sin un periodo de consulta pública, lo que según las organizaciones representa una violación de la legislación ambiental federal.
Vecinos como Jessica Namath declararon que observaron un flujo constante de maquinaria pesada y vehículos que ingresan al lugar, lo que indica una operación activa e intensa. Por su parte, la representante estatal Anna Eskamani afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) solicitó directamente la construcción del centro y que su implementación se hizo bajo la coordinación del estado de Florida.
“Nos insistieron una y otra vez que cumplían con todas las directrices federales y estatales, y que el ICE inspecciona nuestras instalaciones”, aseguró Eskamani.
El estado de Florida, a través de funcionarios como Kevin Guthrie, acusado en el caso, sostuvo que la instalación no está sujeta a las regulaciones requeridas, dado que fue financiada y ejecutada por la administración estatal. Además, alegó que el impacto ecológico es limitado, ya que el sitio ya funcionaba como un aeródromo.
Frente a este panorama, la jueza Kathleen Mary Williams expresó frustración por la falta de claridad en las exposiciones sobre la administración actual del centro e indicó que aún no se estableció con precisión quién lo opera.
Jurisdicción incierta y cuestionamientos institucionales a Alligator Alcatraz
Una de las controversias clave es la falta de claridad sobre quién tiene autoridad sobre el centro. Aunque el estado de Florida gestionó la construcción y operación inicial, se señaló que la financiación provino del gobierno federal, lo que generó un vacío legal o “zona gris” en términos de rendición de cuentas.
La tribu indígena Miccosukee, que tiene tierras arrendadas en las inmediaciones, alegó que la instalación representa una amenaza directa para sus aldeas, escuelas y sitios sagrados.
Por su parte, el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, defendió el centro y criticó a la jueza por considerar su cierre. Según sus palabras, “no hay ningún problema” en la operación de ese establecimiento. “Es una jueza radical que intenta acabar con todo”, arremetió.
El futuro de Alligator Alcatraz sigue sin resolverse
La audiencia continuará el martes 12 de agosto con más declaraciones de expertos y funcionarios. Se espera que el fallo de la jueza determine si la instalación puede seguir con sus funciones o si deberá cesar actividades.
Tanto ambientalistas como defensores de los derechos humanos mantienen firme su reclamo de que el centro fue construido de manera apresurada, sin cumplir con los requerimientos legales ni garantizar condiciones dignas para los detenidos.
