Harvard se plantó frente al gobierno de Donald Trump con una fuerte demanda. En un conflicto sin precedentes, la universidad más prestigiosa de Estados Unidos acusó a la administración federal de imponer condiciones inconstitucionales, tras el congelamiento de más de 2200 millones de dólares en fondos públicos. El epicentro de la disputa gira en torno al rol de la institución educativa frente a las protestas estudiantiles, el activismo en el campus y el manejo de casos de antisemitismo.
Una respuesta judicial a una ofensiva política: Harvard contra Trump
La Universidad de Harvard presentó una demanda ante el tribunal federal de Boston con el objetivo de detener la paralización de los fondos otorgados por el gobierno, que ascendieron a más de US$2200 millones. Esta decisión se produjo después de que la administración Trump impusiera la medida como represalia por la negativa de la institución a acatar una serie de exigencias por considerarlas como ilegales.
La administración había solicitado que Harvard reformara su política de admisión, realizara auditorías sobre la diversidad ideológica en el campus, eliminara el reconocimiento de ciertos clubes estudiantiles y endureciera las sanciones contra los manifestantes. Además, exigió que se evaluara a los estudiantes internacionales para identificar a quienes mostraran “hostilidad hacia los valores estadounidenses”.
Lejos de acceder a estos requerimientos, el presidente interino de la universidad, Alan Garber, sostuvo en un comunicado que la medida “buscó imponer un control sin precedentes sobre la vida académica” y que la universidad no podía ceder sin poner en riesgo su misión institucional.
Las consecuencias para Harvard por el congelamiento de fondos de Trump
La paralización de fondos no solo impactó sobre los recursos financieros de Harvard, sino que afectó directamente el desarrollo de investigaciones médicas, tecnológicas y científicas clave para Estados Unidos. En su carta a la comunidad académica, Garber advirtió que los proyectos perjudicados incluyeron estudios para:
- Mejorar la calidad de vida de niñas y niños sobrevivientes de cáncer.
- Comprender cómo se disemina el cáncer a nivel molecular.
- Anticipar la propagación de pandemias e infecciones virales.
- Tratar el dolor crónico de soldados heridos en conflictos bélicos.
- Reducir el riesgo de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, el Parkinson y la esclerosis múltiple.
Garber enfatizó que estas áreas de investigación, financiadas históricamente con fondos federales, resultaron severamente afectadas. Además, consideró que las víctimas reales serían “los pacientes del futuro y sus familias”, al verse limitadas las posibilidades de prevenir o tratar estas enfermedades.
La demanda, según reportó la agencia Associated Press, también alegó que las acciones del gobierno violaron la Primera Enmienda de la Constitución y las disposiciones legales del Título VI de la Ley de Derechos Civiles.
La postura del gobierno de Trump ante Harvard: el eje del antisemitismo y las respuestas institucionales
El gobierno federal justificó su ofensiva al afirmar que la universidad no actuó con la suficiente firmeza frente al antisemitismo. En respuesta, Garber, quien es judío, explicó que Harvard toma con seriedad la lucha contra el odio y que ese compromiso se mantiene intacto. “Para combatir el antisemitismo con eficacia, se necesita comprensión, determinación y vigilancia”, escribió.
El presidente interino también recordó que la universidad trabajó activamente en este tema, al tiempo que anunció que se publicarán en los próximos días los informes de dos comités especiales creados en 2024: uno para abordar el antisemitismo y el sesgo contra Israel, y otro centrado en la discriminación hacia musulmanes, árabes y palestinos.
La postura de Harvard: una defensa de la autonomía académica
Para Harvard, lo que está en juego no es solo la financiación de sus proyectos, sino el principio de libertad universitaria que históricamente protegió el trabajo académico en Estados Unidos. Garber argumentó que permitir la injerencia del gobierno en las decisiones sobre qué se enseña, a quién se contrata o qué opiniones deben circular en el campus representa una amenaza para toda la educación superior del país norteamericano.
En su carta, concluyó: “El camino que tenemos por delante exigirá mucho de cada uno de nosotros, pero estoy más convencido que nunca de que podremos enfrentar estos desafíos con integridad y determinación”.
