Al ciudadano promedio se le escapan cuestiones procesales y jurídicas que hacen al funcionamiento del sistema judicial. No son asuntos sencillos de comprender, más bien todo lo contrario cuando se invocan códigos, leyes, artículos y demás disposiciones jurisprudenciales de distinto origen para explicar o justificar tal o cual decisión en tal o cual instancia.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa denominada “la ruta del dinero K” dejó firme la condena a 10 años de prisión para Lázaro Báez y de 6 años y medio para su hijo Martín, así como las de otros seis acusados. Fabián Rossi, César Fernández, Carlos Molinari, Eduardo Castro y Juan Alberto de Rasis se presentaron en los tribunales de Comodoro Py y quedaron detenidos mientras que Julio Mendoza justificó su ausencia debido a una internación por motivos de salud. En todos los casos, los condenados presentaron justificativos para solicitar la prisión domiciliaria, ya sea por tener más de 70 años o por alguna dolencia física.
En la causa se investigaron los movimientos bancarios y financieros concretados para lavar 55 millones de dólares provenientes de facturación ilegal y evasión fiscal entre 2010 y 2013. Doce largos años debieron transcurrir para que la valiosa investigación del ya fallecido Jorge Lanata llevara a la cárcel a los culpables, o apenas los retuviera en sus domicilios.
Lázaro Báez, el principal acusado, un empleado bancario devenido millonario testaferro, declaraba un total de 1412 bienes (terrenos, estancias, locales, hoteles, vehículos, aviones y edificios, entre otros), con una fortuna a 2016 equivalente a más de 205 millones de dólares. Estuvo preso en la causa entre abril de 2016 y diciembre de 2019 cuando quedó libre, aunque la detención domiciliaria continuó por otro expediente ligado a la compra del campo El Entrevero en Uruguay, cuya condena aún no está firme. Su defensa argumenta que corresponde contabilizar los 3 años en la cárcel de Ezeiza y los 5 años y medio de prisión domiciliaria, con lo cual ya habría cumplido prácticamente su condena a 10 años. La matemática judicial siempre sorprende, ni que hablar de cuánto sumar cursos contribuye a restar sanciones.
La exdiputada nacional Mariana Zuvic (CC) había solicitado al Tribunal Oral Federal 4 que revisara el beneficio de la prisión domiciliaria para Lázaro Báez “en condiciones notoriamente privilegiadas, ya que resulta incompatible con la finalidad retributiva, ejemplificadora y resocializadora de la pena”. La llamada “casa del ascensor” que alberga a Báez en El Calafate tiene 5 dormitorios y una magnífica vista al Lago Argentino, muy recomendada para largas y placenteras estancias. Su permanencia en Santa Cruz, agregó Zuvic, “le permitiría tomar en sus manos la recuperación de activos mal habidos que aún están dentro de su patrimonio”. El fiscal federal Abel Córdoba pidió ahora que Báez regrese a la cárcel para cumplir la condena y será el juez Norberto Costabel quien decida. En 2024, la exlegisladora ya había presentado una nota al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “expresando preocupación por la decisión de permitir que Báez cumpliera condena en una propiedad cuya magnitud y características no condicen con una situación patrimonial lícita ni con el principio de igualdad ante la ley”.
La deuda de Báez con la sociedad no se extingue en esta causa porque arrastra otros juicios sin concluir aún como el de Vialidad y el que le corresponde por haberse apropiado ilegalmente de aportes jubilatorios de su firma Austral Construcciones.
Hay demasiadas imágenes cuyo impacto las torna imborrables. La causa contra Julio “Chocolate” Rigau por la apropiación de sueldos de empleados “ñoquis” de la Legislatura bonaerense se inició con el video que lo mostraba en un cajero platense retirando dinero por orden de Claudio y Facundo Albini, funcionarios de ese cuerpo parlamentario que en breve podrían celebrar dejar la cárcel para pasar a ser controlados por tobillera electrónica. Los bolsos de José López en el convento de General Rodríguez parecieron poco frente a los millones que uno de los hijos de Báez y sus cómplices contaban en una financiera de Puerto Madero, apodada La Rosadita.
La mirada ciudadana no puede dejar de posarse en la lentitud con la que se adoptan algunas decisiones judiciales, en la enorme cantidad de recursos destinados a entorpecer y alargar los procesos y en cierta condescendencia respecto de personajes vinculados al poder político y que ya fueron condenados.
No ver caer a los peces gordos, cuya comisión de delitos está ampliamente probada, debilita aún más la flaca confianza que una sociedad harta del saqueo tiene en el Poder Judicial. La laxitud en la ejecución de las condenas atenta contra el principio de justicia, viola el de igualdad ante la ley y es leída como un peligroso mensaje de impunidad. Los jueces deben bregar porque el daño sea resarcido ordenando devolver lo robado. La Justicia tiene la última palabra.