Hace una semana, los Mossos d’Esquadra desalojaron el antiguo instituto B9 de Badalona, donde vivían más de doscientas personas, la mayoría migrantes. El edificio del barrio de Sant Roc funcionaba como refugio para quienes no contaban con otra opción habitacional.
Tras la intervención policial, las personas desalojadas quedaron en la calle y, desde entonces, muchas de ellas han acampado bajo el puente de la C-31, sin que se les haya ofrecido una alternativa estable de vivienda. El descenso de las temperaturas y la llegada de la lluvia forzaron a algunas a ocupar el albergue municipal de Can Bofí Vell, cerrado desde mayo.
El desalojo ha desatado una crisis política y social en Badalona. El alcalde Xavier García Albiol y el Gobierno central cruzan acusaciones sobre quién debía asumir la responsabilidad, mientras el conflicto se extendía a las calles y la división vecinal se empezó a hacer visible.
Tensión política, protestas vecinales y realojos fallidos
Tras el desalojo masivo, la falta de respuesta a la emergencia habitacional agravó la tensión entre administraciones y vecinos. Parte de los afectados ocupó el albergue cerrado de Can Bofí Vell. “Yo como alcalde no puedo entrar en ese edificio ni mandar que entre la Guardia Urbana por un tema jurídico”, explicó Xavier García Albiol, asegurando al mismo tiempo que el Ayuntamiento presiona para desalojar a los ocupantes.
Por su parte, el president de la Generalitat, Salvador Illa, pidió “serenidad y calma” a quienes rechazan el realojo en instalaciones municipales y aseguró que el Govern trabaja “con discreción y trabajo” para resolver el conflicto. En paralelo, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acusó a Albiol de “racismo, xenofobia y deshumanización”.
Las protestas vecinales han ido en aumento. El lunes por la tarde, Albiol reunió a vecinos de los barrios de Sant Crist y Montigalà para insistir en que los desalojados no se instalarían ni en la parroquia ni en el albergue. Pedía “margen para intentar resolverlo” en aquel encuentro, rodeado de los vecinos a los que invitaba, en caso de que no ser capaz, a hacer “lo que consideréis”.
Trasladaba también “una recomendación, especialmente a los más jóvenes: no digáis según qué cosas, porque aquí se está grabando absolutamente todo. Y si hoy pasara algo… imagínate que esta noche pasa algo: el que ha dicho ‘hay que quemar nosequé no se cuántos’, te la cargas”. Esa misma noche, dos grupos opuestos se concentraron en Badalona: uno apoyaba a las personas desalojadas y otro pedía su salida del municipio. Los Mossos d’Esquadra intervinieron para separar a ambos.
La Fiscalía exige explicaciones al Ayuntamiento
Varias entidades y el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat pactaron la reubicación de 52 personas, incluidas 15 consideradas “más vulnerables”, pero algunos vecinos impidieron que se alojaran en la Parroquia Mare de Déu de Montserrat. Las entidades firmantes – Càritas, Sant Joan de Déu Serveis Socials y Fundació Llegat Roca i Pi – descartaron definitivamente esa opción y defendieron la necesidad de soluciones estructurales para el sinhogarismo.
El martes, la Fiscalía de Barcelona pidió al juzgado de Badalona que verificara si el Ayuntamiento, liderado por Xavier García Albiol, está ofreciendo alternativas de realojo a las personas desalojadas del B9. Según fuentes del Ministerio Público, el consistorio tenía el deber de presentar un informe detallando las medidas adoptadas para proteger a las personas vulnerables antes del desalojo, tal y como establecía la resolución judicial.
La Fiscalía reclamó información urgente sobre posibles deficiencias en la protección de los desalojados, con el objetivo de comprobar si se han cumplido las condiciones que permitieron la intervención policial. La interlocutoria que autorizó el desalojo exigía la adopción de medidas adecuadas antes de ejecutar el operativo.
Una denuncia penal contra Albiol
El eurodiputado de Comuns, Jaume Asens, ha presentado ahora una denuncia penal ante la unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía contra el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tras el macrodesalojo. El escrito, al que ha tenido acceso EFE, sostiene que el regidor podría haber incurrido en cuatro delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.
En la denuncia, Asens expone que la resolución judicial que permitió el desalojo condicionaba la actuación a que se “garantizara una alternativa habitacional a las personas afectadas conforme al protocolo municipal de las personas sintecho”, por lo que el desalojo debía producirse solo si se cumplía esa condición. Sin embargo, recuerda que Albiol declaró públicamente en varias ocasiones que el consistorio no iba a “ofrecer alojamiento ni recursos habitacionales” y, de ese modo, “persistió en una actuación contraria al mandato judicial”.
El eurodiputado también denuncia la “tolerancia institucional” del Ayuntamiento ante los “episodios de bloqueo y presión vecinal” que impidieron que los migrantes desalojados accedieran a recursos ofrecidos por entidades sociales. Según Asens, durante reuniones con vecinos, Albiol escuchó comentarios de carácter xenófobo y estigmatizador que “no fueron objeto de una desautorización clara e inmediata” por parte del alcalde. La denuncia recoge aquella frase pronunciada por el propio Albiol: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo. Si no, haced lo que consideréis”, una expresión que, a juicio de Asens, “puede ser razonablemente interpretada como una tolerancia implícita de la intimidación colectiva o del uso de la fuerza”.
En el texto, el eurodiputado sostiene que la ayuda a los migrantes se denegó “de forma selectiva” por su origen y condición social, lo que se ajustaría a un delito de denegación de servicio público por motivos discriminatorios. Añade que la incitación al odio no requiere de expresiones explícitas para ser considerada delito y apunta a la existencia de “indicios de desobediencia reiterada” por parte del consistorio al no cumplir con la resolución judicial. Por último, Asens considera que la actuación de Albiol podría encuadrarse en un delito de prevaricación administrativa al ir “contraria al ordenamiento jurídico y potencialmente manifiestamente injusta”.
